Agencias / Aporrea.org

El Ministerio de Defensa se declaró sorprendido y apesadumbrado por la presentación de solicitudes de conciliación en las que la ex candidata presidencial pide 6.5 mdd por los seis años que estuvo con las FARC

9 julio 2010 – El gobierno de Colombia manifestó este viernes su sorpresa y malestar por la solicitud que la familia de la ex rehén Ingrid Betancourt presentó para exigir una indemnización por la supuesta responsabilidad del Estado en su secuestro en 2002.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa indicó que el Ejecutivo se declara «sorprendido y apesadumbrado» por la presentación de «solicitudes de conciliación extrajudicial» por parte de familiares de la ex candidata presidencial.

Detalló que el 30 de junio pasado recibió dos solicitudes de conciliación extrajudicial, en las que se exige una indemnización de unos 6.5 millones de dólares por los seis años que Betancourt estuvo en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La petición fue firmada por la madre de la política, Yolanda Pulecio, además de su hermana Astrid Yolanda y sus hijos Melanie Claire y Lorenzo Delloye Betancourt, a través de su apoderado, Ernesto Juan Gabriel Devis-Morales.

La ex candidata presidencial fue secuestrada en febrero de 2002 en el sur de Colombia y rescatada en julio de 2008 durante la denominada Operación Jaque, considerada como el golpe más contundente a las FARC en sus 45 años de existencia.

Además de rechazar la solicitud de indemnización, la cartera de Defensa recordó «el esfuerzo y empeño de la fuerza pública en la planeación y ejecución de la Operación Jaque».

La dependencia advirtió que en esa operación militar, «mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas arriesgaron su vida en pos de la libertad de los secuestrados» y fue calificada por la misma Betancourt como «perfecta».

Responsabilizó además a la propia Betancourt del secuestro que sufrió a manos de las FARC, ya que «desatendió las insistentes recomendaciones de la fuerza pública y otras autoridades de no proseguir en su intención de viajar a San Vicente del Caguán».

«El Ministerio de Defensa Nacional tiene la convicción de que no existe ningún elemento objetivo que permita deducir la responsabilidad del Estado en estos hechos», concluyó el comunicado oficial.