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La cuestión sobre la llamada «instalación 1391», situada en «un lugar indeterminado de Israel e inaccesible para el Comité Internacional de la Cruz Roja», fue una de las acusaciones presentadas por los expertos del comité, reunido en Ginebra, y que este martes estudió el informe presentado por Israel.

«El Comité ha recibido quejas sobre torturas, malos tratos y condiciones de detención deficientes en esas instalaciones», señaló la ONU.

En una respuesta escrita por parte de Israel, se afirma que el país no usa ese centro «desde hace años» y que allí no se desarrolla ningún interrogatorio.

En la sesión del comité, su presidente y relator sobre el informe de Israel, Fernando Mariño Menéndez, preguntó si existía en el país el «reconocimiento tácito» de que sus servicios de seguridad podían emplear métodos de tortura debido a los requerimientos de seguridad por el conflicto con los palestinos.

Y dijo que de unas 600 denuncias por torturas registradas entre 2001 y 2006 ninguna se había investigado.

Otros expertos preguntaron por la práctica de los «asesinatos selectivos» de supuestos líderes de organizaciones palestinas.

También se abordaron los casos de violencia cometidos por colonos judíos en los territorios ocupados, y las informaciones de que las fuerzas de seguridad nunca han actuado para evitarlos.

Otra denuncia se refirió a la disparidad de la edad legal según la legislación israelí, que es de 18 años para los israelíes y de 16 para los palestinos.

El Comité también se mostró sorprendido de que la llamada «prisión administrativa» (sin juicio) fuera calificada por Israel de «excepcional», cuando «900 palestinos están bajo esa detención administrativa desde 2007».

Mariño Menéndez señaló que los periodos de detención administrativa son «excesivamente largos» y pueden durar desde semanas hasta meses sin que se presenten cargos contra el detenido.