El Mundo.es
El ministro de Cultura, Màxim Huerta, dimitió tras conocerse que defraudó a Hacienda 218.322 euros, aunque él ha asegurado que es «absolutamente inocente» y que se marcha para evitar «desestabilizar el proyecto regenerador de Pedro Sánchez»: «Pagué al fisco convencido de mi inocencia».En una comparecencia en el Ministerio de Cultura, Huerta ha asegurado que renuncia a su cargo porque ama «la cultura y la transparencia, pero la inocencia no vale de nada contra esta jauría».»A veces hay que retirarse y eso hago. Yo amo la cultura y por eso me retiro. Me voy con la misma humildad que hace siete días», ha declarado en una comparecencia sin preguntas.
El escándalo del fraude fiscal por el que fue condenado ha acabado con él. Huerta comparece 11 horas después de conocerse que defraudó a Hacienda 218.322 euros empleando una sociedad para cobrar lo que recibía por participar en El programa de Ana Rosa de Telecinco y tras saberse además que intentó colar a Hacienda más de 300.000 euros de gastos injustificados. El fraude detectado por la Agencia Tributaria y ratificado en mayo del año pasado por la Justicia corresponde a los ejercicios fiscales de 2006, 2007 y 2008.
En total, Hacienda reclamó a Huerta 366.000 euros por el fraude.El ministro empleó un sistema que llegó a estar muy extendido en varios sectores profesionales, entre ellos el de la comunicación: crear una sociedad cuyo único fin era recibir los fondos pagados al periodista, permitiendo así tributar por el impuesto de sociedades y no por el IRPF, siempre más gravoso. En este caso, la sociedad creada a tal efecto por Huerta en 2006 fue Almaximo Profesionales de la Imagen SL.
Esta sociedad pagaba sólo una parte «mínima» de lo recibido al entonces periodista y únicamente por esa cantidad éste pagaba IRPF. Además, cargaba unos gastos injustificados a la sociedad, al no estar relacionados realmente con su actividad. Hace unos años Hacienda comenzó a perseguir ese tipo de sistema, exigiendo que todo lo recibido por la sociedad estuviera sometido a IRPF.Los informes de Hacienda indican además que en los tres ejercicios fiscales examinados (2006 a 2008) Máxim Huerta presentó como gastos de esa sociedad casi 460.000 euros.
La Agencia Tributaria los examinó y concluyó que sólo un tercio estaban realmente relacionados con la actividad laboral del periodista y que por tanto podían deducirse. Otros 310.150,15 euros eran gastos que nada tenían que ver. A juicio de Hacienda, Huerta actuó «engrosando indebidamente el capítulo de gastos», según recuerdan las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que avalan las sanciones tributarias impuestas a Huerta, informa Manuel Marraco.
Las sentencias no detallan esos gastos no justificados, pero permiten inferir que una parte está relacionada con un inmueble en Alicante a nombre de la sociedad. En las redes sociales Huerta ha difundido que tiene una casa -en realidad, la tiene a nombre de la sociedad- en la zona de la playa de El Albir, en Alicante.Las sentencias resaltan que la realidad es que ese inmueble era «totalmente ajeno» a la actividad de Huerta o su sociedad, que se desarrollaba en Madrid, lo que impedía desgravar los gastos del inmueble. Tres infracciones tributariasHacienda inspeccionó a Huerta y consideró que había cometido tres infracciones tributarias leves.
Le presentó dos liquidaciones provisionales, una por el ejercicio de 2006 (de 54.363,10 euros) y otra correspondiente a los otros dos ejercicios (163.959,65 euros), por un total de 218.322,75 euros. Sumando los intereses de demora, la cifra reclamada por Hacienda a Huerta fue de 256.788,47 euros.La Agencia Tributaria también le impuso dos multas por un montante total de 109.161,38 euros (27.181,55 euros por el primer ejercicio inspeccionado y de 81.979,83 por la segunda inspección).
Así pues, la suma completa de lo reclamado por Hacienda al ministro en concepto de cuota defraudada, intereses y multas se elevó a 365.939,85 euros.El periodista no aceptó la tesis de Hacienda y recurrió la decisión. Su recurso fue rechazado por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid y en última instancia por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El TSJ dictó en mayo del año pasado dos sentencias -de las que ha informado inicialmente El Confidencial- que daban la razón a la Abogacía del Estado en nombre de Hacienda.
Tras conocerse el escándalo, Podemos y el PP han pedido su dimisión «inmediata». Inicialmente, Huerta había descartado dimitir aduciendo que está «al corriente con Hacienda desde hace 10 años» y que el fraude fue consecuencia de «un cambio de criterio fiscal».