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Si bien los ex secretarios de Ambiente y Minería fueron procesados por no ejercer sus obligaciones de control sobre la empresa, la organización que empezó el proceso judicial considera que la situación ambiental puede empeorar.
Los ex secretarios de Ambiente y de Minería de Argentina, Sergio Lorusso y Jorge Mayoral, fueron procesados en la causa que indaga en la falta de controles en la mina Veladero, de la multinacional minera Barrick Gold, luego de que un derrame de cianuro contaminara en 2015 el río Potrerillos y el cauce de otros seis. Al margen de este fallo favorable, el daño ecológico en la provincia aún puede ser mucho mayor.
Según informó Página/12, en su fallo, el juez Casanello decidió embargar bienes de ambos funcionarios por un valor de aproximadamente 100.000 dólares a cada uno. También fue procesada la ex subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, Beatriz Domingorena.
De acuerdo a lo manifestado por el juez, «sin perjuicio de conocer que en Veladero se estaba llevando a cabo una actividad altamente riesgosa, que se manipulaba cianuro en el proceso de extracción del oro, que la forma de trabajo no era segura para el ambiente, habida cuenta de los derrames de solución cianurada que precedieron el de septiembre de 2015 la máxima autoridad ambiental nacional no intervino e incumplió el mandato legal».
Conforme al criterio de Casanello, los funcionarios no ejercieron sus obligaciones de control y el «retraimiento» en sus funciones permitió que la multinacional actuara con discrecionalidad.
La lucha no ha terminado
A pesar de la resolución en contra de los ex funcionarios, Domingo Jofre, perteneciente a la ONG «Asamblea Jáchal No Se Toca», querellante en la causa contra, sostiene que el fallo del juez Casanello no puede considerarse un éxito rotundo.
«Es un aliciente, es….esperanzador. Simplemente eso», expresó el activista respecto al fallo en entrevista con éste medio.
Según manifestó, para que realmente haya cambios profundos en la problemática que afecta específicamente a Jáchal, su pueblo, y a la provincia de San Juan «se tendrían que empezar a aplicar las leyes vigentes, cosa que no hizo ni el gobierno anterior ni el actual».
En ese sentido, dijo Jofre, ambos gobiernos no se diferencian en cuanto a esta problemática y son exactamente igual de proclives al extractivismo. «Para que empiecen a cambiar las cosas tiene que empezar a cambiar un paradigma importante, agregó.
Los daños ocasionados por los sucesivos derrames de la multinacional minera canadiense afectaron seriamente las condiciones de vida de los habitantes de Jáchal y alrededores.
Si bien los habitantes de la zona siempre tuvieron que recurrir a métodos de potabilización del agua, hoy, con los elevados niveles de metales pesados y demás elementos tóxicos posteriores a los derrames tóxicos, ese proceso ya no es suficiente.
«Nos han tenido que conectar a un acuífero que está a 30 kilómetros del casco centrico de nuestro departamento. También han reconocido que van a tener que conectar a toda la zona rural porque las napas subterráneas también están comprometidas con distintos minerales», expresó el miembro de la Asamblea.
El último acuífero de la provincia
Según manifestó la Asamblea Jáchal no se Toca en un comunicado, el gobierno de la provincia de San Juan habilitó a la empresa Golden Arrow a explorar y explotar la zona de Huerta de Huachi, en el departamento de Jáchal, donde se encuentra el último acuífero de agua dulce, y por lo tanto potable, de toda la región.
«El proyecto Huachi está planificado sobre nuestro acuífero y lo compromete seriamente. Si llegan a perforar o contaminar nuestro acuífero, adiós a la única reserva de agua que tiene no solo el departamento de Jáchal, si no la provincia de San Juan», advirtió Jofre.
De acuerdo a lo que especula él y otros pobladores de la zona, lo que pretenden las mineras es que todos los habitantes de la zona terminen yéndose para apropiarse de ese territorio tan rico en minerales estratégicos como oro, plata, uranio, y según sospechan quizás hasta coltan.
«Como lo nuestro como no se trata de plata, no lo van a poder parar. Hasta nuestro último aliento vamos a estar gritando nuestra verdad y exigiendo nuestro derecho. Somos los dueños de esta tierra. Los que se tienen que ir son ellos», sentenció el activista.
Ignacio Fernández Albano