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El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) de Argentina inició este lunes el análisis del ADN de los hijos adoptivos de Hernestina Herrera de Noble, dueña del grupo de medios Clarín, para determinar si los jóvenes son hijos de desaparecidos de la última dictadura militar (1976-1983).

El encargado de dar la noticia fue el abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo, Mariano Gaitán, quien aclaró que en los próximos días se conocerían los resultados del análisis de ADN recolectado de prendas pertenecientes a los dos muchachos.

«Hoy comenzó el peritaje sobre el material extraído el 28 de mayo pasado a las prendas que corresponden a Marcela y Felipe Noble», indicó Gaitán.

En esta institución de almacenaje de datos genéticos es donde se encuentran resguardadas las muestras de sangre de familiares de desaparecidos durante la dictadura militar que buscan a sus familiares nacidos en cautiverio.

El procedimiento de comparación del material genético comenzó en horas de la mañana tal y como lo dicta la Ley, sostuvo el abogado.

En el acto de apertura de los sobres con las muestras incautadas estuvieron presentes, además de Gaitán, la jueza Sandra Arroyo, encargada del caso, los peritos y abogados de las partes querellantes, así como también el periodista y abogado Pablo Llonto.

El experto designado por parte de las Abuelas de la Plaza de Mayo fue el bioquímico Carlos Vullo y por el lado de la familia Noble, se encontraba la especialista Ana María Di Lonardo, ex directora del BNDG, así como también los genetistas Alejo Ruiz Trevillón y Primarrosa Chieri.

El pasado jueves, la magistrada Arroyo había rechazado la solicitud de los abogados de los jóvenes adoptados que pedían su alejamiento de la causa.

La razón por la que no fue aceptada la solicitud es que tenía «carácter dilatorio», así como también se denegó la supuesta parcialidad de Arroyo en el proceso judicial.

Adicionalmente, la jueza remitió el requerimiento de desestimación a la Cámara Federal de San Martín, en las afueras de Buenos Aires, para que decidiera su continuidad o no en el caso.

Las muestras de ADN de las prendas de los jóvenes fueron obtenidas tras un allanamiento que ordenó Arroyo hace más de una semana a la residencia de los muchachos.

Después de efectuado el operativo, Marcela y Felipe Noble sostuvieron que estaban siendo víctimas de una persecución y que fueron sometidos de manera indigna a un acto humillante en el cual tuvieron que desvestirse delante de siete personas.

Ante estas imputaciones, la magistrada aclaró que el procedimiento no se trataba de una persecución y que era necesario que los jóvenes se despojaran de sus ropas ante un testigo y un especialista médico, como lo establece la Ley.

«La requisa personal tenía como objetivo el secuestro de las prendas que llevaban en ese momento. En el procedimiento del doctor (Conrado) Bergesio (el anterior juez de la causa), se secuestraron pruebas de dudosa pertenencia: se tardó una hora y media en entrar a los domicilios», indicó la jueza.

El allanamiento se produjo algunas horas después que los jóvenes Noble se presentarán ante la jueza Arroyo Salgado y se negaran a facilitarle unas muestras de sangre para que fueran cotejadas con otras del BNDG.

En esta oportunidad, Marcela y Felipe aprovecharon para manifestar su desconfianza por los resultados de los análisis que se realizarían.

En relación al estudio de las muestras de ADN, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, señaló que se estaban tomando todas las previsiones para evitar errores o la manipulación de los datos que se obtengan de la investigación.

Ernestina Herrera de Noble, viuda desde hace 30 años del fundador del periódico Clarín, Roberto Noble, adoptó a Marcela y Felipe en 1976 y era una férrea defensora de la dictadura militar de Jorge Videla (1976-1983).

Las autoridades presumían que Noble había adoptado a esos niños de manera ilegal y, de hecho, la sospechosa fue detenida en 2002 por «supresión de estado civil, retención y ocultamiento de menores y falsificación de documento público», y permaneció en prisión por seis días.

El hurto de bebés nacidos en cautiverio fue una práctica muy común durante el régimen militar y es considerado un delito de lesa humanidad, por lo tanto es imprescriptible.