Agencias
La relación entre las empresas de Donald Trump y el pago de 130.000 dólares para silenciar a una exactriz porno está un paso más cerca de demostrarse gracias a nuevos documentos revelados por la prensa. Una abogada de la organización Trump intervino personalmente en el intento por lograr una orden judicial que impida a la actriz Stormy Daniels contar públicamente su aventura sexual con el hoy presidente de Estados Unidos hace 12 años. El documento arroja dudas sobre la versión del abogado de Trump, que ha desvinculado por completo al presidente, a su campaña o a sus empresas de este asunto.
Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, asegura que mantuvo un encuentro sexual con Donald Trump en 2006 y la relación se prolongó durante meses. Trump niega los hechos, que Clifford contó en una entrevista en 2011. Dos semanas antes de las elecciones de 2016, el abogado y fontanero de Trump, Michael Cohen, hizo firmar a Clifford un acuerdo de confidencialidad en el que se comprometía a no hablar jamás de este asunto, a no volver a dirigirse nunca a Trump ni a su familia y a deshacerse de todas las copias de posibles pruebas materiales de la relación a cambio de 130.000 dólares.
No solo Trump niega los hechos. Hasta ahora, la estrategia de Cohen, ha sido desvincular al presidente de cualquier trato con Clifford. Cohen ha asegurado que el pago de 130.000 dólares salió de su bolsillo y que ni la campaña de Trump estaba al corriente ni le reembolsaron de ninguna forma.
El pasado 27 de febrero, un servicio de arbitraje en Los Ángeles emitió un laudo arbitral, solicitado y obtenido unilateralmente por los abogados de Trump sin informar a Clifford, en el que reforzaba el acuerdo de confidencialidad y obligaba a Clifford a guardar silencio, debido a que la actriz había mostrado su deseo de hablar sobre este asunto.
El documento, revelado primero por CNN y The Wall Street Journal el miércoles por la noche, es la solicitud de ese arbitraje. Lleva fecha del 22 de febrero y está firmado por una prominente abogada de las empresas de Trump, Jill Martin.
Se trata de la primera conexión directa entre todo el asunto y las empresas de Trump. Cohen dejó la organización tras las elecciones y el pago en cuestión se hizo a través de una empresa montada ex profeso en Delaware.
Martin figura como consultora de esa firma de Delaware. Pero en la ficha del colegio de abogados de California la abogada Martin establece que su dirección de trabajo es Trump National Golf, el club de golf que el presidente posee en Rancho Palos Verdes, un suburbio de alto nivel en la costa sur de Los Ángeles. En la solicitud del arbitraje pone también esa dirección. En su perfil de Linkedin dice que es abogada del holding de empresas de Trump. El perfil había sido borrado este jueves por la mañana. Martin ha salido en televisión en varias ocasiones hablando en nombre de las empresas de Trump y como portavoz de la empresa para responder a noticias en los medios.
Trump Organization dijo el miércoles por la noche a Associated Press que la empresa «no tienen ninguna relación con el asunto» y que Martin hizo la gestión «a título privado».
Los abogados de Trump y la actriz están metidos en una intensa batalla legal por controlar la historia de la supuesta aventura sexual. Tras enterarse del laudo arbitral obtenido en secreto en el que se le obligaba a permanecer callada, el abogado Michael Avenatti, en nombre de Clifford, presentó una demanda en Los Ángeles en la que expone todo el caso y hace público el acuerdo de confidencialidad firmado en su día. Clifford pide en la demanda que el acuerdo sea declarado nulo, porque hay un espacio para que firmara Donald Trump y no está firmado. Además, considera, que al haber reconocido Cohen la existencia del contrato, lo cual está prohibido en el mismo, ella está liberada para hablar del asunto.
La Corte Superior del Condado de Los Ángeles ha fijado una vista para el próximo 12 de julio. Si el juez decidiera que hay base para entender del litigio, los problemas para Trump y Cohen se multiplicarían, no solo por la publicidad, sino porque tendrían que demostrar sus afirmaciones o admitir que mintieron.