| El Superior Tribunal de Justicia negó al ex mandatario un hábeas corpus preventivo que evite su prisión. Ayer Lula reiteró que llevará su candidatura “hasta las últimas consecuencias”, presentando nuevos recursos |
La decisión del Superior Tribunal de Justicia, penúltima parada a la que pueden recurrir los condenados en instancias inferiores, negándole a Lula da Silva un habeas corpus preventivo que evite su prisión no sorprendió a nadie. Tanto seguidores como adversarios del ex presidente más popular de la historia brasileña lo esperaban. Los más optimistas pronosticaban un marcador final de 4-1 contra las tesis de defensa. El resultado final ha sido un arrollador 5-0.
Con eso, quedó en manos del implacable Sergio Moro determinar la prisión de Lula da Silva tan pronto su recurso sea examinado por la segunda instancia, o sea, el mismo Tribunal Regional Federal que no solo confirmó sino amplió la condena original, de nueve años y seis meses para doce años y un mes. Tal decisión del TRF deberá ocurrir a fines de este mes.
Es este el plazo de que dispone Lula para recurrir a la última instancia, el Supremo Tribunal Federal, buscando el mismo hábeas corpus preventivo que le fue recusado ayer. El pronóstico es muy obscuro, pero no son pocos los juristas que indican la existencia de posibilidades positivas. Tenues, pero posibilidades. La situación de Lula, en todo caso, sigue delicada.
Pese a todos los argumentos de los abogados del ex presidente y de la ausencia absoluta de pruebas o indicios concretos de que un departamento playero haya sido regalado a Lula en un acto de corrupción, y a la extensísima lista de irregularidades y limitaciones a la defensa denunciadas a lo largo del juicio por centenares de juristas altamente prestigiados, tanto brasileños como extranjeros, no existe la menor expectativa de que los jóvenes integrantes de la corte regional dejen de reiterar su pedido de prisión inmediata para el condenado en uno de los juicios más controvertidos y criticados en décadas.
Tendrá inicio, entonces, una nueva etapa de la ya larga batalla trabada por Lula da Silva y las instancias de la justicia. Deberá otra vez recurrir tanto a la corte que rehusó su pedido ayer, como a la Corte Suprema, para que le sea concedido un hábeas corpus. No se puede descartar, en todo caso, que mientras se decida por ese pedido Lula sea conducido a una cárcel. Ayer, antes y después de conocer el veredicto, Lula reiteró que llevará su candidatura a las presidenciales de octubre ‘hasta las últimas consecuencias’. Tanto el ex presidente como su partido, el PT, deberán mantenerse en esa posición hasta que se confirme la imposibilidad de que él se presente a las elecciones. Se abrirá, entonces, una nueva etapa, en que se decidirá cuál rumbo seguir.
La legislación brasileña reza que un condenado en segunda instancia no puede postularse y, en caso de ser elegido, asumir. Pero hay un océano de recursos que pueden ser presentados tanto en la justicia electoral como en las cortes superiores, y son innúmeros los casos de intendentes, gobernadores y parlamentarios que llegan al final de su mandato sin haber recibido una decisión final. A Lula, pues, le quedan muchas posibilidades de llegar a disputar las elecciones.
Ayer se conocieron los resultados del más reciente sondeo sobre intención de votos. Lula da Silva, pese a toda la presión ejercida por los tribunales y el conglomerado de los medios hegemónicos de comunicación, sigue a la cabeza, con el doble de respaldo que el segundo, Jair Bolsonaro, de extrema derecha. Y también ayer otro sondeo, el primero realizado luego de la intervención militar en Río de Janeiro decretada por el presidente Michel Temer, muestra que la iniciativa no tuvo efecto alguno en términos de la imagen de su gobierno: si en el sondeo anterior era aprobado por 3,1% de los entrevistados, ahora lo es por 4,3%. O sea, nada cambió: la diferencia cabe en el llamado “margen de error” en los sondeos.
Lula tiene todavía una pequeña brecha para mantenerse en libertad y poder disputar una presidencia que, hoy por hoy, le parece asegurada: la Constitución brasileña asegura a todo ciudadano mantenerse en libertad hasta que sus apelaciones sean juzgadas por la última instancia, precisamente la corte suprema. Sin embargo, y por un estrechísimo resultado –6-5– los integrantes del Supremo Tribunal Federal decidieron en 2016 que los tribunales que reafirmen condenas en primera instancia podrán –o no– autorizar la detención de alguien. Pese a ir rigurosamente en contra de lo que manda la Constitución, la medida viene siendo aplicada.
El próximo campo de batalla será el Supremo Tribunal Federal. La primera expectativa es que sus integrantes vuelvan a discutir la cuestión de permitir que alguien sea detenido a partir de una sentencia confirmada en segunda instancia. La presidenta de la Corte Suprema, Carmen Lucia, una incógnita ambulante, se resiste a las presiones tanto de los abogados de Lula como de muchos de sus pares para llevar el tema a discusión a corto plazo.
Si Carmen Lucia se mantiene irreductible, la alternativa será presentar el mencionado pedido de hábeas corpus preventivo. La mejor solución sería alternativa anterior, o sea, que la misma Corte Suprema revisara su decisión sobre prisiones a partir de una sentencia de segunda instancia.
A Lula se le estrecharon los caminos, pero lo de ayer era ampliamente esperado. Y le quedan más recursos, pero siempre que no sea detenido.
Si lo llevan a prisión las perspectivas de que los diferentes tribunales le permitan ser candidato se esfuman.
Y entonces comenzará un nuevo capítulo de este tan nebuloso y confuso escenario electoral en un año tormentoso.