Estos números se conocen mientras Macri presiona a la CGT, gobernadores y legisladores opositores para aprobar las reformas que promovió desde el Ejecutivo, particularmente la laboral, y a pesar de haber argumentado durante los dos años que lleva de administración nacional que tomó las medidas necesarias para bajar el costo argentino y generar trabajo de calidad, desalentar la informalidad y promover el crecimiento de la actividad agregada, tanto hacia adentro, como hacia afuera.
Según las estadísticas de los Indicadores Socieconómicos que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares del organismo que encabeza Jorge Todesca, la participación de los asalariados en todas las actividades, registradas e informales, en relación de dependencia o como independiente, y en el sector público, se achicó del 75,4% al cierre del tercer trimestre de 2016 al 74,5% un año después. Se trata de la menor proporción en 12 años, para el período de julio a septiembre.
En términos de cantidad de personas que participan en el mercado de trabajo con una ocupación rentada, la relación entre los Indicadores Socioeconómicos y la Encuesta Permanente de Hogares sobre empleo y desempleo, determinó que al cierre del tercer trimestre de 2017 estaban ocupadas 19,4 millones de personas, de las cuales 14,4 millones lo hacían en condición de asalariado y poco más de 4,9 millones como independiente.
En cuanto a números totales, significó un crecimiento de casi 305 mil puestos; pero allí hay apenas una suba de 55.100 personas en calidad de asalariados -blanco o negro- y casi 250 mil como independiente, principalmente monotributista social -que el Gobierno de Macri comenzó a contabilizar como no desempleados-, y en menor medida monotributista puro, en tanto cayó la proporción de autónomos.
El mazazo para Macri llega al avanzar en la desagregación de la variación de la ocupación entre los trabajadores en relación de dependencia: los que están en blanco disminuyeron en casi 36.000 personas, principalmente por la enorme cantidad de despidos registrados en la actividad petrolera, la industria electrónica de Tierra del Fuego, y también en otros sectores, como la actividad textil y del calzado, entre otras.
Pero los magros resultados no acaban allí: en negro se crearon unos 91.000 puestos netos. La representatividad de los ocupados informales (sin descuento jubilatorio) en el mercado total de asalariados se elevó de 33,8% a 34,4%, la mayor relevancia en cuatro años.
Mientras que los «no asalariados», que comprende a los autónomos, monotributistas y monotributista social, se expandió de 24,6% a 25,5%.
Según el Gobierno -particularmente en palabras del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ante la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado-, este fenómeno del resurgimiento del empleo en negro y de la precariedad laboral se explica por el «alto costo del trabajo, con cargas patronales que se asegura duplican el promedio de la región y de los países con los que la Argentina aspira a competir».
Sin embargo, en el sector privado quitan crédito a esta explicaición al sostener que las causales de ese escenario son la suba del costo del dinero y el rezago del tipo de cambio, porque afectan a la competitividad de las empresas instaladas y explican la debilidad del crecimiento de la inversión productiva.