La Corte Suprema admitió la apelación y en el gobierno crece el optimismo. La medida, estiman los actores que mayor ahínco pusieron en la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tiene grandes chances de revertir la suspensión que dispuso la Cámara Federal de Mendoza. Señalan que un rechazo del recurso extraordinario hubiera significado convalidar la no aplicación de la norma por un largo período.
En los hechos, la opinión coincide con la expresada por los especialistas. En forma unánime, subrayan que los integrantes del máximo tribunal, al abrir la instancia, reconocieron la “gravedad institucional de la situación existente”. Se trata de la misma argumentación que esgrimió el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, funcionario sobre quien recayó la responsabilidad de llevar adelante el reclamo oficial.
En Tribunales enfatizan que la decisión adoptada por todos los ministros de la Corte no debe provocar asombro. Aunque reconocen que “la máxima instancia judicial no suele abocarse al estudio de medidas cautelares”, al mismo tiempo subrayan que en esta ocasión lo hicieron porque “resulta evidente que la suspensión dejó al sistema de medios sin el marco jurídico aprobado por el Congreso”.
Quienes conocen la jurisprudencia afirman que hay muy pocos antecedentes de casos en los que la Corte se haya pronunciado sobre el proceso de formulación de una ley. Aunque ajena en principio al procedimiento y la sanción de las normas –por considerar que se trata de una cuestión política no justiciable–, la Corte ha mantenido la posibilidad de hacer excepciones. Pero sólo cuando se ha demostrado fehacientemente la falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables.
Desde el Gobierno aseguran que no es el caso. Creen firmemente que la ley fue correctamente gestionada y sancionada. En síntesis: no ven anormalidad alguna en su tratamiento legislativo. Tampoco en su promulgación. Recuerdan, además, que la iniciativa tuvo quórum, se debatió y se aprobó con amplia mayoría. Un contexto muy lejano de la violación de derechos constitucionales que denunció el diputado del peronismo disidente Enrique Thomas para pedir su nulidad.
Pasos previos. Antes de analizar el fondo de la cuestión, los integrantes de la Corte deberán decidir si Thomas está habilitado para impugnar un trámite legislativo en el que participó activamente. Otro punto central se refiere a los afectos de la medida cautelar. En otras palabras: si la suspensión debe mantenerse hasta que exista una resolución sobre el fondo de la discusión, que no es otro que las supuestas irregularidades aducidas por Thomas. En ambos casos, lo harán luego del dictamen del procurador Esteban Righi.
La estrategia de Clarín. Incluso entre las filas de la oposición reconocen que no existen antecedentes de que la Justicia haya rechazado en su totalidad el trámite de una ley. Aunque nadie arriesga resultados, una posibilidad que tiene consenso señala que la Corte aceptaría expedirse sólo sobre algunos de los artículos. Un camino por el que avanza el Grupo Clarín, que consiguió que la Sala I de la Cámara Civil y Comercial suspendiera la aplicación del artículo 161, donde se establece el plazo de un año para que las empresas se adecuen a la nueva normativa.
Conocedores de la fragilidad de los argumentos de Thomas, pero también de lo poco sólida de la sentencia de la Cámara Federal mendocina que suspendió la ley, los abogados del grupo apuestan a las impugnaciones parciales. Una estrategia que busca dilatar su aplicación. En el Gobierno, atentos a la jugada, advierten que algunos jueces, sensibles a las necesidades del holding, podrían disparar una catarata de medidas cautelares. Al mismo tiempo analizan que la Corte no se someterá a presiones. Una lectura que mantienen, incluso, tras la visita que los directivos de Asociación Empresaria Argentina –encabezados por Héctor Magnetto– hicieron a sus integrantes.