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La supuesta cesión de un apartamento de lujo al ex mandatario brasilero, Luiz Inácio Lula Da Silva, dio pie a una investigación que terminó con la condena a 9 años y medio por corrupción. Sin embargo, las pruebas que sustentan el caso dan mucho que pensar.
Un contrato sin rúbrica se cuenta entre los «pilares» que sustentan la sentencia a nueve años y medio de presión contra el ex presidente brasilero, Luiz Inácio Lula Da Silva.
Un análisis publicado en el portal de la revista Forum detalla que la sentencia condenatoria del juez Sergio Moro, que aún debe ser ratificada en segunda instancia, tiene como punto el apartamento supuestamente concedido a Lula por el grupo empresarial OAS, pero en ningún documento consta que sea propiedad del ex mandatario o sus allegados.
Si «el apartamento fue de hecho concedido al ex presidente por el Grupo OAS, sin el pago del precio correspondiente, ni siquiera de las reformas, habrá prueba de la concesión por el Grupo OAS a él de un beneficio patrimonial considerable (…) Al contrario, si se determina que esto no ocurrió, es decir, que el apartamento jamás fue concedido al ex Presidente, la acusación deberá ser juzgada improcedente», reza el texto.
El inmueble de lujo, un triplex ubicado frente al mar en Guarujá, supuestamente fue cedido por OAS a Lula para obtener prebendas del entonces mandatario. No obstante, en el registro, la propiedad aparece a nombre del grupo empresarial.
Pero para Moro, «eso no es sufiente para la solución del caso», porque alega que para la consumación de crímenes de legitimación de capitales se requieren «estratagemas de ocultación y disimulación». El elemento que usa el juez para insistir en la culpabilidad de Lula, pese a que su nombre no aparece en ningún documento, son informes de prensa.
Por eso no son gratuitas las palabras de la ex presidenta Dilma Rousseff, quien este miércoles calificó el fallo contra Lula como «una flagrante injusticia y un absurdo» que sigue «el guión pautado por la gran prensa».
Según Forum, el dato curioso es que un reporte de O Globo, en el que ya señalaban a Lula y a su esposa de ser los propietarios del inmueble, se escribió en marzo de 2010 con una actualización en noviembre de 2011, mucho antes de que iniciaran las investigaciones.
La sentencia precisa que entre los documentos tomados en cuenta por el juez está un contrato sobre la residencia «y que, aunque no formado, se refiere expresamente a la unidad 174, la correspondiente al triplex». La ausencia de la firma de Lula es, hasta ahora, la causante de su responsabilidad penal.