| Quedó en evidencia que el impeachment puso en el poder a un delincuente y no frenó la corrupción del sistema político. Los responsables buscan un acuerdo nacional para salvar sus partidos. |
Con Temer al borde del precipicio las máscaras cayeron. Si el motor de las protestas y ataques contra la ex presidente Rousseff y el Partido de los Trabajadores (PT) fue la corrupción expuesta en la causa Lava Jato, así como una supuesta incapacidad para resolver la crisis económica del país, con Temer ambos fenómenos se potenciaron. Varios de los ministros, gobernadores, diputados y senadores de su partido (el PMDB) y él mismo están involucrados en la red de corrupción y lavado de dinero que envuelve al sistema político nacional. Peor aún, las últimas revelaciones demuestran que este año, con la investigación judicial en el centro de la escena involucrando a cientos de personas, el mecanismo delictivo no se detuvo.
Es paradójico que cientos de dirigentes políticos que impulsaron y votaron a favor del impeachment un año atrás hoy son expuestos como corruptos por la justicia, mientras que a Rousseff no se la ha podido acusar de ningún acto de ese tipo. La única causa que la tiene en la mira es la que lleva adelante el Tribunal Superior Electoral (TSE), que investiga el financiamiento de la campaña presidencial que llevó al poder en 2014 a la candidatura Rousseff-Temer. Para el 6 de junio está previsto que el TSE analice la posible anulación de la fórmula electa por incurrir en financiamiento ilegal, hecho que determinaría la destitución de Temer de la Presidencia. Este escenario es calificado por muchos dirigentes cercanos al Gobierno –según la prensa brasileña– como una “salida honrosa” para el ex vicepresidente.
Según la ley brasileña, si el Presidente renuncia o es destituido habiendo pasado ya la mitad de su mandato –y como ahora no hay vicepresidente que pueda asumir– el presidente de la Cámara de Diputados debe ocupar temporalmente el cargo y en menos de 30 días convocar a elecciones indirectas. Este mecanismo dispone que el Congreso es el encargado de elegir a la persona que completará el mandato presidencial.
Aunque no puede descartarse ese escenario, en este momento el Congreso está plagado de personas acusadas por corrupción, lavado de dinero y otros delitos y sufre un enorme desprestigio social, mientras la gran mayoría de la población exige elecciones directas e inmediatas. Para que la votación pueda ocurrir, debe aprobarse una enmienda constitucional que requiere la aprobación de tres quintas partes de los diputados y senadores.
Estocada final
El mazazo que terminó de quitarle a Temer el apoyo de los medios de comunicación, partidos aliados y algunos sectores empresariales se produjo el 17 de mayo. Ese día se conoció que el dueño de JBS, el mayor frigorífico de Brasil y América Latina, grabó una conversación privada con Temer en la que el mandatario avala y pide mantener sobornos al ex presidente de la Cámara de Diputados y principal articulador del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, Eduardo Cunha, a cambio de su silencio en la justicia. Para nadie en Brasil es un secreto que el ex diputado conoce una gran cantidad de maniobras ilegales que podrían llevar a la prisión a empresarios y políticos del país, incluido el propio Michel Temer.
La primicia la dio O Globo, principal oligopolio mediático nacional, que desde ese día se puso a la cabeza de la ofensiva final contra el presidente no electo. La información aseguraba que los hermanos Joesley y Wesley Batista –dueños de JBS– le confirmaron al juez Edson Fachin, quien tiene a cargo la gigantesca causa de corrupción y lavado de dinero conocida como Lava Jato, que grabaron a Temer en una reunión privada en Brasilia el 7 de marzo. Ambos se convirtieron en delatores al ingresar al sistema de delación premiada que ofrece la justicia brasileña y una de sus tareas fue llegar hasta Temer.
Al día siguiente los audios circulaban por todos los medios del país, incluso con fuerte repercusión internacional. En la conversación difundida se oye que Joesley Batista le dice a Temer que estaba sobornando a Cunha y a su operador, Lúcio Funaro, para que no contaran nada de lo que saben a la justicia. La respuesta textual del presidente fue: “Tiene que mantener eso, ¿sabe?”. Estallado el escándalo, en un intento por ganar tiempo, Temer denunció que el audio fue manipulado y ordenó pericias judiciales. “¡No renunciaré!”, gritó en un mensaje de menos de cinco minutos frente a los periodistas que esperaban su pronunciamiento en la sede de gobierno.
En sus declaraciones judiciales, el empresario Joesley Batista aseguró que Temer no fue quien ordenó pagar los sobornos, pero confirmó que tenía pleno conocimiento de la operación. Las coimas fueron acordadas porque tanto Cunha como Funaro habían prestado varios servicios para el grupo J&F, dueño de JBS, y propiedad de la familia Batista. Gracias a la delación, la Policía Federal filmó por lo menos el pago de una coima de 400 mil reales a la hermana de Funaro.
En otra conversación grabada, Joesley Batista ofreció sobornos al dirigente político del Pmdb y hombre de confianza de Temer, Rodrigo Rocha, con quien se reunió por intermediación del propio Presidente. Con Rocha, Batista acordó el pago de 500 mil reales semanales de coimas por 20 años, en el marco de un contrato de esa duración firmado con la usina termoeléctrica EPE, del grupo J&F. En la grabación, Rocha contesta que llevará la propuesta “arriba suyo”, es decir, al presidente Temer. El pago de la primera cuota fue filmado por la Policía Federal.
También fue grabado el senador y ex candidato presidencial Aécio Neves (Psdb) pidiendo 2 millones de reales a Joesley Batista, dinero que fue entregado a un primo del senador, en una cena filmada por la Policía Federal. Los reales fueron depositados en una empresa de la senadora Zeze Perrella. Ante el escándalo, el Psdb expulsó a Neves de la presidencia del partido y la justicia le quitó sus funciones como senador. En la grabación Neves pide que la persona designada para retirar el dinero sea alguien que puedan “matar antes de que delate”. El hecho ocurrió en abril, más de dos años después del estallido de la causa Lava Jato, lo que demuestra que la corrupción institucional continuó sin cambios.
Gracias a estas delaciones, a los hermanos Batista la Procuración General les ofreció el fin de sus condenas, inmunidad en otras investigaciones judiciales –que debe ser confirmada por el juez– y una multa millonaria que equivale apenas al 7% de su patrimonio. Entre otras aberraciones, la empresa JBS sobornó a funcionarios públicos para poder distribuir carne procesada sin control sanitario.
Salvataje
Con el hundimiento de la legitimidad de los principales partidos políticos, atravesados por la corrupción y la incesante revelación de nuevos delitos, sectores que hace un año arremetían con dureza contra el PT intentan ahora un nuevo acuerdo nacional que incluya a todas las fuerzas. El ex presidente Fernando Henrique Cardoso (Psdb) inició contactos con el ex presidente Lula, que lidera todas las encuestas ante una eventual elección presidencial anticipada. “Tenemos que ser capaces de llegar a un entendimiento para no salir del mapa del mundo”, declaró para justificar la necesidad de establecer algunos pactos con el PT. Sobre Lula pesan cinco investigaciones judiciales con cargos de corrupción, que en caso de avanzar podrían inhabilitarlo para ser candidato presidencial.
Las conversaciones informales que articula Cardoso incluyen a dirigentes sindicales, de movimientos sociales como el MST, la Iglesia y otros sectores, así como a los tres partidos principales –aunque en decadencia– del país: Pmdb, PT y Psdb. Su objetivo es alcanzar un “pacto de gobernabilidad”.
Por otro lado, el empresariado brasileño que promovió el impeachment a Rousseff y sostuvo a Temer para que impulsara una serie de reformas profundas en el Congreso, hace el mayor esfuerzo posible por sostener esa agenda pese al generalizado rechazo popular.
Desde la llegada del Vicepresidente al máximo cargo, los legisladores aprobaron la enmienda constitucional que congela el gasto público por 20 años (prohíbe su expansión por encima del índice de inflación) y una ley de tercerización laboral que permite esta práctica en todas las empresas. Pero están pendientes la reforma del sistema de pensiones y jubilaciones –que busca elevar la edad de jubilación de las mujeres y establecer restricciones para acceder a este beneficio social básico– y una reforma laboral que ataca derechos fundamentales de trabajadores. Ambas tienen rango de enmiendas constitucionales y son combatidas con fuerza por sindicatos y centrales obreras, a la vez que rechazadas por el conjunto de la población.
Con el argumento de “dar confianza a los mercados” –eufemismo para impulsar medidas que amplíen las ganancias– los empresarios exigen la aprobación de las reformas laboral y previsional antes de un eventual llamado a elecciones anticipadas. Dependerá de la movilización popular detener esa agenda, forzar elecciones directas e impulsar medidas que den otro rumbo al país.