Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía están obligadas a adoptar el euro en el futuro. Pero después de la debacle griega, los responsables de políticas monetarias mostrarán mano dura con los recién llegados. El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, dijo el miércoles que la aceptación de Estonia no era «algo hecho».
Y esto a pesar de que en cuestión de cuentas públicas, Estonia sería una referencia para la eurozona, ya que su déficit en 2009 fue del 1,7% del PIB y la deuda alcanzó tan sólo el 7,2% del PIB –muy por debajo de los niveles del 3% y el 60% que exigen los criterios de Maastricht–. También cumple los requisitos de inflación y tasas de interés. Y su compromiso fiscal es indudable: Estonia sufrió un descenso del 14,1% del PIB en 2009 pero no se apartó de sus objetivos para el euro. En vista de los logros de Estonia durante la crisis, rechazarla lanzaría un mensaje político muy negativo.
Si hay que poner una pega a Estonia, sería la duda de la sostenibilidad de sus logros, señala Danske Bank. La inflación estonia ha sido muy volátil. Esto podría dar margen de maniobra a la Comisión Europea; Lituania no logró en 2006 entrar al club del euro por los pelos debido a su nivel de inflación.
Pero las ramificaciones de un no podrían ser desagradables. Estonia tiene mucho que ganar con su adhesión al euro: la mayor debilidad de su economía es su elevada posición de deuda externa en divisas, con gran cantidad de crédito privado en euros. Un rechazo podría generar más turbulencias en los estados bálticos y amenazaría potencialmente al sistema bancario escandinavo.
Y más en general, se corre el riesgo de que los propios países candidatos pierdan el entusiasmo por el euro, sobre todo si las cuentas de los rescates crecen. La comisión descubrió en un sondeo de finales de 2009 que dos terceras partes de los encuestados creían que sus países no deberían tener prisa por adherirse al euro. Si la adopción del euro pierde su estatus de prioridad en política monetaria, a largo plazo podría resultar en una falta de compromiso para controlar las cuentas públicas y realizar reformas fiscales y estructurales. Los inversionistas que han apostado mucho por la convergencia en los últimos años podrían llevarse una decepción.
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