La familia Macri prepara el gran juicio que le permitirá hacerse con $2.300.000.000 del Estado Argentino y ya eligió al Secretario del Colegio de Abogados de CABA para que represente sus intereses. Si bien se hace difícil saber exactamente cual de los Macri está detrás de esta maniobra, ya que los pasamanos nominales de acciones reteniendo el usufructo son regla dentro de la familia, sea quien sea una cosa es segura: Macri siempre cae parado.

La historia del Correo Argentino

El 24 de marzo de 1997 el entonces presidente Carlos Saúl Menem liquidó ENCOTESA y, decreto N° 265/1997 mediante, le otorgó a SOCMA, empresa de la familia Macri, la concesión del correo por un lapso de 30 años. En esta transacción se acordó que SOCMA debía pagarle al Estado un canon semestral de $51,6 millones de pesos. Luego de realizar dos pagos de canon los Macri dejaron de cumplir con el acuerdo. En septiembre del año 2001, la deuda con el Estado ascendía a $257 millones y el Correo entró en concurso preventivo. El 7 de octubre de 2003 el Juez Dubois rechazó la solicitud del Correo para extender el plazo de negociación de la deuda que tenía con el Estado. Para entonces entre el canon, un crédito otorgado por el Nación y las deudas con AFIP, la empresa de los Macri debía al fisco la friolera de mil millones de pesos.

Ante semejante desbarajuste, el 19 de noviembre de 2003 Néstor Kirchner firmó el Decreto N° 1075/2003 que rescindió la concesión del Correo a SOCMA, siendo esta la primera empresa re-estatizada durante el kirchnerismo. Desde entonces y hasta la asunción de Macri el Estado intentó sin éxito cobrar la deuda acumulada.

El 13 de junio de 2016 el Dr. Jaime Cibils Robirosa, uno de los abogados de la familia del Presidente Macri, presentó una demanda contra el Estado reclamando el pago de $2300 millones más intereses en concepto de daños y perjuicios por la falta de pago de supuestas inversiones realizadas por el Correo que cayó en manos del Juez Pablo Cayssials.

De manera inusual, el Estado fue quien solicitó una audiencia en el marco del juicio concursal. La misma tuvo lugar apenas dos semanas después de presentada la demanda del Correo, el 28 de junio de 2016. A fin de negociar el pago de la deuda que el Correo mantiene con la Administración, los representantes del Correo se reunieron con Juan Mocoroa, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones enviado por Aguad y los síndicos. El resultado fue un acuerdo donde el Estado aceptó una quita de intereses a favor de la familia Macri, que según las pericias oficiales ronda los 70 mil millones de pesos.

El 12 de agosto de 2016, a mes y medio de cerrar el acuerdo con el gobierno, el Correo amplió su presentación ante el Juez Cayssals reclamando al Estado la suma de $1.794.929.993 correspondiente a las inversiones realizadas en las instalaciones de la empresa y otros $ 570 millones en concepto de “daños contractuales”, “canon pagado en exceso”, “bienes no inventariados”, y “servicios impagos”, entre otros. A estos montos siderales, la empresa solicita adicionarle los intereses ya que alega que el Estado se enriqueció a su costa y que dicha acción provocó “el empobrecimiento” de Correo Argentino SA.

En el mes de octubre de 2016 la fiscal Boquin tomó conocimiento del acuerdo firmado entre el Correo y el Estado Nacional. En diciembre de 2016, la fiscal publica su primer dictamen calificando el acuerdo como “abusivo” y advierte que el arreglo va en detrimento del Estado y a favor de la empresa de los Macri. Tras el escándalo desatado, el presidente brinda una conferencia de prensa en la que anuncia que solicitará “Volver a Foja Cero”, hecho que favorece la demanda presentada por la familia Macri contra el Estado Nacional.

Irregularidades y el fantasma de la quiebra

El proceso de negociación entre el gobierno de Macri y la empresa de su familia fue oscuro. Para empezar resulta llamativo que haya sido el estado quien solicitara la audiencia para ofrecer un descuento que más parece una amnistía tributaria.

En la notificación del 19 de mayo de 2016 la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a la audiencia a los representantes del Estado, la empresa concursada y las sindicaturas, pero olvidó citar al Ministerio Público, de modo de evitar cualquier intromisión del organismo autónomo encabezado por la Procuradora General de la Nación, la temida Alejandra Gils Carbó.

Dos semanas antes de cerrar el escandaloso acuerdo y en el marco de la demanda presentada contra el Estado Nacional el 13 de junio, el Correo “olvidó” notificar a la Procuración General del Tesoro, el organismo que se encarga de velar por los intereses estatales. Desde el Gobierno tampoco notificaron al área respecto a la existencia del conflicto de intereses.

Las audiencias y toda la negociación que tuvo lugar apenas 15 días después, quedó en la intimidad de las partes, siendo un secreto solo conocido por los abogados de la empresa de la familia Macri y los funcionarios del gabinete de Mauricio, que es Macri.

El pasado 20 de febrero Oscar Aguad y Carlos Balbín, el procurador del Tesoro de la Nación, solicitaron la “caducidad de instancia” del juicio por daños y perjuicios iniciado por la familia Macri contra el Estado reclamando los $2300 millones y cuya ampliación eleva la cifra hasta 7 mil millones de pesos. Con tanta negociación simultánea, el Correo olvidó notificar a la Procuración del Tesoro el inicio de la demanda presentada y se venció el plazo legal de seis meses, siendo para el Estado el último movimiento en la causa el del 21 de junio de 2016. Balbín también recusó al juez Pablo Cayssials por demostrar “un evidente desinterés en el progreso” de la causa. De caer este juicio, la familia Macri quedaría al borde de la quiebra ya que alega carecer de activas y su único eventual capital sería esta compensación que le reclama al Estado Argentino.

Macri instruyó resolver con el Correo para evitar su propia quiebra

El tema se complicó cuando el diputado Amadeo declaró a la prensa que Macri instruyó resolver la deuda de Correo Argentino con el Estado para evitar su propia quiebra. Amadeo arremetió contra los dichos de Michetti, Peña, Quintana y Aguad respecto a que el presidente desconocía el acuerdo que benefició a su familia con una quita de 70 mil millones de deuda y afirmó que fue el mismísimo Mauricio Macri quien le ordenó a Aguad resolver la deuda del Correo Argentino ya que “si la justicia revé el acuerdo Franco Macri se va a la quiebra” desconociendo tal vez que SOCMA no es de Franco Macri sino del propio presidente, sus tres hijos mayores y sus dos hermanos.

Las reuniones previas

Desde El Disenso publicamos la investigación “Correo Argentino: Las reuniones previas al acuerdo con Macri, Aguad, Pinedo y Alonso” donde demostramos que Mauricio Macri, Oscar Aguad, Juan Manuel Mocoroa, Federico Pinedo y Laura Alonso se reunieron con Jorge Irigoin “antes” de concretarse la audiencia pública que culminó con el escandaloso acuerdo entre el Correo y el Gobierno, por lo que es difícil que ninguno de ellos estuviera perfectamente al tanto del negocio de se venía, como ha declarado adustamente el senador Pinedo.

Si la justicia llegara a determinar que el acuerdo negociado con el Correo Argentino constituyó un delito, estas reuniones para “analizar temas de gestión y recibir propuestas de trabajo” podrían ser consideradas como posibles actos preparatorios, y sus asistentes investigados como perpetradores y encubridores, en lo que podría ser la mayor asociación ilícita que se haya conocido hasta hoy en Argentina.

Conflicto de intereses

Luego de que estallase el escándalo del Correo seguido a los pocos días del escándalo Avianca, Macri se cubrió legalmente y le encargó a la Oficina Anticorrupción un marco regulatorio y un procedimiento a seguir en casos donde surja algún conflicto de interés. Naturalmente la normativa, realizada a medida de las necesidades de Mauricio, iba a tener un difícil trámite legislativo, por lo que el presidente decidió reglamentar su propia ética por decreto.

En el Decreto 201 se determina que el Procurador del Tesoro llevará los juicios que involucren al presidente y demás funcionarios alcanzados por la norma cuando exista:

a) Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad,
b) Sociedad o comunidad,
c) Pleito pendiente,
d) Ser deudor o acreedor,
e) Haber recibido beneficios de importancia.
f) Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato,
g) En el caso de las personas jurídicas

En el Decreto 202 se aclara que todas las personas o empresas que quieran ser contratistas del Estado deberán presentar una Declaración Jurada de Intereses donde, valga la redundancia, declaren que no son parientes, ni tienen pleitos o amistad o enemistad manifiesta ni son acreedores ni deudores de ninguno de los funcionarios alcanzados por la normativa.

Con eficiencia japonesa, los decretos fueron publicados “just in time” para que Marcos Peña pudiera embanderarse con ellos durante su exposición en Diputados, cosa fundamental tras haberse conocido que el Dr. Ezequiel Cassagne, Secretario del Colegio de Abogados de CABA, fue recientemente nombrado como representante del Correo de Macri en su batalla judicial contra el Gobierno de Macri.

Cassagne, un verdadero experto

Cassagne heredó el estudio de su padre, quien fuera un hombre fuerte de Martinez de Hoz que continuó en funciones en la presidencia ilegal del 30 mil veces asesino Jorge Rafaél Videla. Ezequiel es experto en Derecho Público y Regulación Económica y ha hecho carrera destruyendo el erario público.

“En los últimos 12 años defendimos a las empresas de los ataques del kirchnerismo” declaró el letrado acostumbrado a litigar en contra del Estado.

El estudio Cassagne es el garante de que el diario La Nación, socolor de ejercer la libertad de expresión, jamás pague sus titánicas deudas impositivas; también representa a la Sociedad Rural, y cuenta entre sus cucardas haber conseguido una cautelar para evitar que los aviones de MacAir fueran desalojados de aeroparque en el año 2013. Ezequiel es un digno hijo de Juan Carlos, que siendo Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Industria durante el gobierno de Isabel Martínez y luego durante la dictadura cívico militar fue mentor del régimen de subsidios del Estado a favor de los grupos económicos de la Patria Contratista.

La gesta para rapiñar 4 mil millones de pesos se manejará de acuerdo al cronograma político, de modo tal de minimizar escándalos y buscar cortinas de humo para tapar cada paso. De todos modos, tampoco puede decirse que vaya a ser una gran batalla porque es muy poco lo que un juez puede hacer cuando frente a él comparecen el Secretario del Colegio de Abogados en representación de la empresa de Macri y en oposición con el gobierno de Macri ambas partes con un acuerdo ya convenido y garantizado por un decreto descaradamente auto-indulgente.