«Creemos que va a haber abusos. La situación preocupa a las organizaciones que ya fueron víctimas en ocasiones anteriores. Con esto se buscaría legalizar los abusos», manifestó Juan Martens, de la Codehupy, quien ofició de vocero tras el encuentro con el presidente paraguayo.
La organización acercó este domingo sus preocupaciones a las autoridades del Gobierno, en la residencia del gobernante.
Filizzola, declaró que «queremos dejar en claro que esta medida legal no altera la normalidad democrática en nuestro país».
Agregó durante una conferencia de prensa que «todas las instituciones siguen vigentes y seguirán trabajando de una manera invariable, vamos a seguir llevando adelante los trabajos que venimos haciendo en el marco de investigaciones sobre hechos delictivos».
Dijo además que continuarán las labores con la participación permanente, estrecha y coordinda «del Ministerio Público y bajo la dirección de órdenes judiciales como establece nuestra Constitución Nacional».
Desde Asunción, el representante del Frente Guazú, Najeeb Amado, sostuvo que el microclima generado en el Gobierno de Fernando Lugo, sólo busca aislar al jefe de Estado y golpear a los líderes de los movimientos de base.
«Se quiere aislar a Fernando Lugo de su base social y descabezar el objetivo social y romper con los hilos militares (…) ante esta frustración de alcance y éxito en las incursiones se establecería el juicio político del presidente.
Aseguró que se creó «toda una situación de conflicto y tensión (…) que aliena las cabezas de un montón de funcionarios del entorno del presidente Fernando Lugo y le dicen que tome la iniciativa de llamar a Estado de excepción antes de que lo haga el Congreso».
Amado insiste en considerarlo «un error» que no facilita la cohesión social. «Con el Estado de excepción se recurre a la fuerza sin orden judicial y el ingreso de la fuerza militar entorpecería el desempeño del proceso de cambio en el país», precisó el representante guazú.
El dirigente dijo en exclusiva para teleSUR que desde el espacio unitario se abrirá otro escenario con Frente Guazú y explicó que «ya hemos extendido la idea de confirmar equipos especiales sobre denuncias de abuso en esos departamentos conformado por las dirigencias de la zona».
La noche del sábado, el presidente Fernando Lugo promulgó la ley que ya está en vigencia en 5 departamentos: Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes, con un plazo de 30 días para que el Ejecutivo haga un combate efectivo al Ejército del Pueblo Paraguayo.
El presidente Lugo explicó que la medida se debe a que en la zona «existe un alto índice de violencia» y que se necesita activar el ordenamiento jurídico del Estado» para actuar con mayor contundencia. «Debemos devolverle la paz a los paraguayos» y lograr la captura de los miembros del EPP.
En una sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores de Paraguay aprobó este sábado la ley de estado de excepción en cinco departamentos al norte del país, tras los ataques armados perpetrados presuntamente por el Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP) que dejó cuatro muertos (un policía y tres civiles).