El expresidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva
Efe
La demanda exige una reparación por valor de un millón de reales (unos 300 mil dólares) ante los perjuicios ocasionados al exdignatario por los ataques de Dallagnol durante una conferencia de prensa el 14 de septiembre último y transmitida en cadena nacional.
Con el pretexto de informar sobre la presentación de una denuncia criminal contra Lula, (el procurador del Ministerio Público Federal) ‘promovió injustificables ataques a la honra, imagen y reputación de nuestro cliente, con abuso de autoridad’, dijeron los abogados defensores Cristiano Zanin Martins y Valeska Teixeira Martins.
Independientemente del resultado de la acción penal generada por esa denuncia -que solo podrá ser el reconocimiento de la inocencia de Lula, como emerge con nitidez de 23 testimonios ya realizados por testigos seleccionados por el propio Ministerio Público (MPF)- la reclamación de indemnización resulta aplicable, señalaron.
El proceso penal, subrayaron los letrados en una declaración difundida esta noche, no faculta a las autoridades para que expongan ‘la imagen, la honra y la reputación de las personas acusadas, mucho menos en cadena nacional y con términos y adjetivaciones manifiestamente ofensivas’.
En la conferencia de prensa de septiembre pasado Dallagnol, valiéndose de un power point y sin mostrar pruebas, sino ‘convicciones’, acusó a Lula de presunta corrupción pasiva y lavado de dinero, además de señalarlo como ‘comandante máximo’ del esquema de corrupción de la estatal petrolera Petrobras.
La presentación del fiscal de Lava Jato fue catalogada por el Partido de los Trabajadores (PT) como un grotesco y vergonzoso espectáculo mediático, en el cual fue dado a conocer un libelo acusatorio desprovisto de pruebas y políticamente orientado.
Después de dos años de investigaciones que involucraron a 300 agentes del MPF, la Policía y la Receta Federal, ‘nada fue encontrado para relacionar a Lula con los desvíos en Petrobras. Ninguna cuenta secreta, en Brasil o en el exterior; ninguna empresa de fachada; ningún pago ilegal, directo o indirecto’, indicó por su parte el Instituto Lula.
La institución destacó asimismo que pese a tratarse de una denuncia inverosímil e insustentable en el Derecho Penal y basada solo en hipótesis y convicciones, fue acogida ‘por un juzgador notoriamente faccioso en relación a Lula’, el juez federal de Curitiba Sergio Moro.
Al aceptar la acusación, el propio Moro admitió que ciertamente los elementos probatorios contenidos en la misma eran cuestionables; pero en esta fase preliminar (del proceso) no se exige conclusión respecto a la responsabilidad criminal, sino apenas justa causa, alegó.