El objetivo, hacerles saber que los creadores y artistas no pagarán el pato de una industria que no quiere reconvertirse, o lo que es lo mismo, hacer patente la patología que sufren los responsables políticos y empresariales al intentar controlar y reglamentar un espacio de libertad como ha sido internet hasta ahora.
Después de Copiad Malditos, el documental que RTVE emitió el mes pasado, La Lista de Sinde será la próxima película del cine español que se estrenará en las salas. La apuesta en series para la nueva temporada de TVE es Abre la mente a tu ministra de Cultura, y este año en Eurovisión nos representará el grupo de rock Copyleft. Por supuesto, la canción del verano será Cultura libre y quizás en breve alguien haga una performance que se llame Comunes.
Vulneración de derechos
La disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible del gobierno de Zapatero, más conocida como “la Ley Sinde” en honor a la actual ministra de cultura, crea una Comisión de Propiedad Intelectual con potestad para cerrar y bloquear webs sin las garantías de un juicio previo en caso de que éstas vulneren derechos de propiedad intelectual.
Hoy asistimos a un nuevo ataque por parte de la industria del entretenimiento que, frustrada ante las sentencias desfavorables en los casos contra páginas de enlaces a redes P2P (peer to peer, intercambio de iguales) pretende trasladar el poder de decisión de los jueces al Ministerio de Cultura.
La vulneración de los derechos constitucionales de presunción de inocencia, libertad de expresión o privacidad que supondrá esta medida ha provocado una reacción sin parangón de denuncia y movilización, no sólo en la red, también entre los y las trabajadoras de la cultura. Las acciones que se sucedieron en (D)Evolution Summit, planteaban una cumbre ciudadana para abrir las mentes de los ministros y ministras de Cultura de la UE, la voz de la sociedad civil organizada reclama “un modelo de cultura que beneficie a todos, ciudadanos y creadores; un modelo que incentive la creatividad y no sólo la recaudación; y, sobre todo, que no ataque a internet ni a las nuevas posibilidades que ofrece la Red para los creadores y la sociedad en general”.
¿Quién se lleva el dinero?
Se habla de “prioridades culturales” cuando en realidad son prioridades de la industria. La ministra Sinde recordó en Barcelona que se trata de “pequeñas y medianas industrias que en el caso de España aportan entre un dos y un tres por ciento del PIB, mientras que la mediana europea llega hasta el 3,5%”.
Los fondos estructurales de la Unión Europea aportarán durante el período 2007-2013 unos 6.000 millones de euros para Cultura, y se destinarán más de 400 millones de otras partidas presupuestarias durante el mismo período.
Según el director general de Industrias Culturales, Guillermo Javier Corral, el Plan de Fomento de Industrias Culturales contempla en España una inversión de 34 millones anuales: “Intentamos detectar los huecos donde no hay una cobertura adecuada”. Además, desde el Ministerio de Cultura español aseguran invertir casi 300 millones de euros para políticas que contribuyan al desarrollo de las industrias culturales. Pero, ¿quiénes van a recibir estos fondos y cómo se van a distribuir? ¿Qué licencias tendrán las obras culturales que se creen con este dinero público? ¿Su propiedad intelectual estará sujeta a los intereses de la industria? ¿En qué marco global legisla y distribuye fondos la UE?
ACTA: una novela negra
Después de tres años de negociaciones secretas, la ciudadanía ha tenido acceso al Acuerdo Comercial Antifalsificación (Anticounterfeiting Trade Agreement, ACTA) que está promoviendo EE UU sólo con gobiernos afines y organizaciones que representan al cine, a la industria musical y también a las multinacionales farmacéuticas. El ACTA es un acuerdo multilateral cuyo objetivo es crear un nuevo estándar internacional de medidas civiles y penales contra las infracciones de derechos de propiedad intelectual.
Entre las medidas del acuerdo se contempla la ilegalización de la publicación y uso de software para evitar sistemas anticopia, así como la criminalización del P2P, la introducción de responsabilidad penal para operadoras y empresas de internet que usen material sujeto a derechos de propiedad intelectual, y el fomento de sistemas de monitorización y espionaje de internet.
Es decir, el uso de la Propiedad Intelectual como un sistema de censura previa, como la Ley de Derechos de Autor de EE UU (Digital Millennium Copyright Act, DMCA). Según el testimonio de uno de los negociadores de ACTA recogido en un artículo de Le Monde Diplomatique, “la propiedad intelectual es un elemento de la competitividad europea y debe ser protegida en los terceros países”. Así de claro lo tienen. Y los artistas y creadores, ¿qué dicen al respecto? ¿se avergüenzan de que su profesión sea “creador” y “artista”? ¿Tienen problemas con su gremio porque no está en primera línea de combate cuando deberían ser los primeros? Para Simona Levi, del colectivo Exgae y de la compañía teatral Conservas, hay una esquizofrenia interna al crecer pensándose genios cuando son un gremio lleno de agujeros. En todos los campos artísticos abunda el pasotismo y la desinformación. Los escritores, los músicos, los actores, pintores con una actividad artística reconocida y a la vez precarizada tienen miedo a posicionarse por temor a perder unos derechos que hoy dependen de la industria del entretenimiento, y de un mercado que está en manos de las entidades de gestión.
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