10 Octubre 2016.- La Propuesta de Enmienda Constitucional 241, presentada a mediados de junio pasado por el equipo económico del Gobierno del presidente de facto de Brasil, Michel Temer, pone en riesgo los derechos sociales en ese país ya que supone la reducción de inversiones en áreas sociales prioritarias.
El instrumento fue aprobado el jueves pasado por la Cámara de Representantes y ahora será votado este lunes en la Cámara de Diputados. La enmienda en lo esencial plantea limitar por una lapso de 20 años toda inversión en áreas como educación o salud admitió recientemente el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles.
Meirelles, un exbanquero de Wall Street, fue quien estuvo a cargo de la elaboración de la propuesta que considera como una medida de «duro» nivel según reseñó la revista económica brasileña Carta Capital, en una nota titulada Entender lo que está en juego con la PEC 241.
Las inversiones sociales hasta el momento en Brasil se realizan de acuerdo a la evolución de los ingresos federales. De aprobarse la enmienda, esas inversiones tendrían un límite por los próximos 20 años, no importa si la tendencia de los ingresos federales de la nación sea positiva y de aumento.
Para ser aprobada, la Propuesta de Enmienda Constitucional 241 deberá someterse a una evaluación tanto en la Cámara como en el Senado, y como se trata de una enmienda constitucional, la aprobación depende del apoyo de tres quintas partes de los votos en la Cámara y el Senado, o 308 diputados y 49 senadores, refiere la nota de Carta Capital.
Para el profesor Francisco Luiz Lopreato, de la Universidad Estatal de Campinas de Sao Paulo, la enmienda de Temer es un riesgo porque «si se tratara de un control por dos años, esto no destruiría en Estado, pero es que son 20 años cuando un cambio sería posible en 10».
En entrevista para Telesur, Lopreato señaló que no es más que «una negación de la política actual» y un retroceso a la inversión social que favoreció al pueblo durante la gestiones de los gobiernos progresistas de Luiz Ignacio «Lula» Da Silva y Dilma Rousseff, quienes promovieron un Estado social de desarrollo con énfasis en la inclusión.
Uno de los mayores logros del Gobierno de Dilma Rousseff —quien fue depuesta tras un golpe de Estado parlamentario, apoyado por Temer— es la política de valoración del salario mínimo, la cual permite el reajuste del salario siempre teniendo en cuenta la inflación durante el año.
Rousseff manifestó en reiteradas ocasiones su preocupación porque el Gobierno ilegítimo de Temer pueda poner fin a esta política pública que hasta ahora tiene asegurada su implementación hasta el 2019, eso si Temer no logra que sea aprobada la enmienda.
El sector privado compró espacios en los principales diarios para lanzar una campaña publicitaria en defensa de los recortes sociales de Temer.
Entidades comerciales, industriales y de servicios de Brasil compraron este domingo cuatro páginas de los principales diarios para defender la congelación del gasto público durante 20 años que impulsa el presidente interino Michel Temer.
Temer alega que es la única alternativa para evitar «la quiebra» del país.