Una resolución oficial favorece a laboratorios extranjeros. Los locales van a ir a la Justicia para frenar su aplicación.
Por Javier Lewkowicz-Página12
Los laboratorios locales irán a la Justicia para frenar la aplicación de una resolución dictada por el Gobierno ya que consideran que esa norma flexibiliza el otorgamiento de patentes para la venta de medicamentos en el mercado local y traslada esa responsabilidad a organismos de terceros países. Además de la supuesta contradicción con la legislación local que volvería a la norma inconstitucional, la industria farmacéutica advierte que la política oficial “favorece el avance en nuestro país de los monopolios extranjeros, se traducirá en un aumento de los precios de los medicamentos y tendrá un impacto negativo sobre inversiones y el empleo de la industria nacional”.
Según el Ministerio de Producción, la norma no vulnera facultades del Estado nacional, que conservaría la última palabra en materia de emisión de patentes, rubro tradicionalmente sujeto a fuerte lobby empresarial.
El 12 de septiembre, el Gobierno publicó la resolución 56 del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) que establece que se podrán considerar cumplidos los requisitos de patentabilidad y otorgar una patente si una oficina extranjera concedió una patente equivalente, sin necesidad de que la oficina argentina haga su propio análisis de patentabilidad. “La nueva resolución permite la extranjerización de las decisiones sobre concesión de patentes”, resumieron las empresas.
“La política de Estado argentina en materia de patentes durante los últimos 20 años se expresa en 6 leyes que establecen procedimientos para que se respete el equilibrio sobre todo en áreas sensibles como salud, alimentación y medio ambiente. Sin embargo, la resolución 56 permite al INPI evitar el examen de patentabilidad vigente en nuestro país, apoyándose únicamente en las decisiones tomadas por oficinas de patentamiento extranjeras”, aseguran desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa). “Se facilita desmedidamente el patentamiento, eliminando exigencias de prueba relevante y salteando etapas del proceso de evaluación”, agregan. La lectura de los empresarios locales es que la norma da ventajas a las multinacionales para que renueven sus patentes y así conserven nichos de rentabilidad en perjuicio de los laboratorios nacionales.
El INPI está presidido por Dámaso Pardo, funcionario designado por el macrismo a mediados de año. Pardo es un abogado de larga trayectoria en el campo de la propiedad intelectual litigando para las empresas y fue, hasta su asunción, socio del estudio Pérez Alati, Grondona, Benítez Artnsen y Martínez de Hoz, éste último hijo del ministro de Economía de la última dictadura militar. El INPI es un nicho tradicional de lobby empresario. En la última gestión la pelota estuvo del lado de los laboratorios nacionales, que se vieron favorecidos por la restrictiva política de patentamientos. Ahora la situación sería inversa.
Los laboratorios van a ir a la Justicia contra la resolución 56. Los abogados de las empresas advierten que la norma “es inconstitucional porque es incompatible con la ley de patentes que obliga al INPI a examinar detalladamente cada solicitud de patente. Dicha exigencia es directamente incumplida ya que el INPI puede apoyarse en la decisión de oficinas extranjeras para conceder las patentes sin examen de fondo local. Además, viola el principio de independencia de las patentes de cada país establecido los convenios internacionales”.
El Gobierno asegura que la norma no vulnera facultades del INPI, que mantendría la última palabra a la hora de otorgar una nueva patente. “El INPI luego del exhaustivo proceso de análisis, podrá otorgar o denegar la patente de acuerdo a los criterios de novedad, altura inventiva y aplicación industrial tal como lo establece la normativa”, es el argumento oficial. Del otro lado, el poderoso sector local de laboratorios plantea que “el Gobierno busca transformar al INPI en un sello, en una mesa de entradas receptora de solicitudes de patentes extranjeras, que deberá concederlas con la mayor celeridad posible, vulnerando las funciones de resguardo del dominio público nacional que debe cumplir”.