“El golpe en curso en Brasil es una sofisticada operación político-financiera-jurídico-mediática , como si fuera una guerra híbrida. Es muy difícil explicarlo», afirma el periodista Pepe Escobar.
Y más difícil resulta en la medida en que surgen contradicciones entre sus propios artífices.
La avalancha de conversaciones que Sergio Machado, ex presidente de la filial de Petrobras Transpetro y uno de los operadores del llamado «Petrolao», tuvo y grabó con cardenales del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), induce a la ilusoria percepción de que el impeachment de la presidente Dilma Rousseff fue apenas un golpe armado por la elite política nativa, carcomida para detener la Operación Lava Jato y obtener impunidad.
El procedimiento “legal” que garantizó el cambio de Dilma por Temer, para que él haga lo que está haciendo, fue parte de una operación mayor y más poderosa desencadenada en el 2013 para atender intereses internos e internacionales. Y en ella quedaron huellas de movimientos estadounidenses.
Intereses internos: remover a Dilma, penalizar al PT, inviabilizar a Lula como candidato en el 2018 e implantar una política económica ultraliberal, cerrando el ciclo inclusivo y distributivista. Intereses externos: cambiar las reglas de explotación del petróleo en el presal e invertir la política externa multilateralista que resultó en la creación de los BRICS, en la integración sudamericana y en otros alineamientos Sur-Sur.
Las grabaciones de Machado desmoralizan el proceso y a sus agentes y complican la evolución del gobierno de Temer, pero ni por eso el entero tenor de la trama puede ser reducido a la confesión del senador Romero Jucá, de que una reunión de líderes del PMDB, el PSDB, el DEM y partidos conservadores menores, en encuentros nocturnos, decidieron que era momento de sacar del poder a Dilma para salvarse. De ahí vinieron la votación del 17 de abril en la Cámara de Diputados, la farsa de la comisión especial y la votación del día 11 de mayo en el Senado.
Un largo camino, entre tanto, fue recorrido hasta que estos actos «legales» fueran consumados. Contribuyeron el Lava Jato y sus estrellas, la entidad empresarial Fiesp con su soporte a grupos pro-impeachment y el reclutamiento de diputados, el mercado con sus juegos especulativos en la bolsa y en el mercado cambiario para agudizar la crisis, Eduardo Cunha y sus maniobras con las «agendas bomba» en la Cámara baja.
Y también las oscuras pero perceptibles acciones de la NSA, la Agencia Nacional de Segurdidad de Estados Unidos, y de la CIA, en la pavimentación del camino y en la fermentación del clima propicio para el desenlace.
Las escuchas a Dilma, a otras autoridades y a Petrobras, las protestas contra el gobierno, la crisis económica y la disolución de la base de apoyo en el Congreso, todo se entrecruzó entre 2013 y 2016.
Si los que aparecen ahora en las conversaciones grabadas buscaron poder, impunidad y un retroceso al país de pocos y para pocos, los agentes externos miraron el proyecto de soberanía nacional y el control de recursos estratégicos, en particular el petróleo del presal.
No por casualidad, la aprobación del proyecto de ley del senador José Serra, que suprime la participación mínima obligatoria de Petrobras, en un 30 por ciento en la explotación de todos los campos licitados, entró en la agenda de prioridades legislativas del nuevo gobierno.
Mucho se habló de la coincidente llegada a Brasil, en el 2013, de Liliana Ayalde como embajadora de Estados Unidos tras haber servido en Paraguay entre 2008 y 2011, saliendo poco despupes del golpe parlamentario contra Fernando Lugo.
En un telegrama al Departamento de Estado, en 2009, filtrado por Wikileaks, Ayalde dijo: “Hemos sido cuidadosos en expresar nuestro apoyo público a las instituciones democráticas de Paraguay – no a Lugo persoalmente”. En otro, más tarde: “nuestra influencia aquí es mucho mayor que nuestras huellas».
Lo que nunca se dijo fue que la propia presidente Dilma, tomando conocimiento de los encuentros que Ayalde venía teniendo con exponentes de la oposición en el Congreso, mandó un emisario a avisarle que veía con preocupación tales movimientos. Ellos cesaron, al menos ostensivamente.
Ayalde había llegado poco antes de que el Lava Jato tomara fuerza y en el curso de la crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos, detonada por la denuncia de Wikleaks de que la NSA había espiado a Dilma, Petrobras y otros. Segundo Edward Snowden, el ex-agente de la NSA que denunció el espionaje, «en el 2013 Brasil fue el país más espiado del mundo». En Brasilia funcionó una de las 16 bases americanas de recolección de información, una de las mayores.
La regla de explotación del presal y la participación de Brasil en los BRICS (grupo formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), especialmente tras la creación de su banco de desarrollo con capital inicial de 100.000 millones de dólares, encabezaron las contrariedades americanas con el gobierno de Dilma.
Retrocedamos un poco.
En diciembre del 2012, las periodistas as Cátia Seabra y Juliana Rocha publicaron en Folha de S.Paulo un telegrama diplomático filtrado por Wikileaks, relatando la promesa del candidato José Serra a una ejecutiva de Chevron, de que una vez electo cambiaría el modelo de reparto de la explotación del presal fijado por el gobierno Lula: Petrobras como explotadora única, la participación obligatoria de 30% en cada campo de extracción y el contenido nacional de los requipos. Las petroleras estadounidenses nunca aceptaron estas reglas. Ellas querían un campo libre como el Irak post Saddam. Folha tuvo acceso a seis telegramas relatando el inconformismo de las empresas con el modelo y hasta quejándose de «la falta de sentido de urgencia del PSDB”. Serra perdió con Dilma en el 2010 pero como senador electo en 2014, presentó el proyecto ahora respaldado por el gobierno de Temer.
En el primer mandato, Dilma tenía altos índices de popularidad hasta que, de repente, con el pretexto de un aumento de 0,20 reales en las tarifas de transporte público de Sao Paulo, explotaron las manifestaciones del 2013.
Iniciadas por un grupo con actuación legítima, el Movimento Pase Libre, tuvieron adhesión espontánea de la clase media (que el gobierno no entendió bien) y pasaron a ser dominadas por grupos de derecha que, por primera vez, mostraban la cara en la calle.
Algunos, usando máscaras. Otros, practicando el vandalismo. Muchos inocentes útiles entraron en el juego. Más tarde se supo que al menos uno de los grupos, el MBL, era financiado por una organización de derecha estadounidense de la familia Koch.
Y recientemente un audio reveló que el grupo MBL recibió recursos de partidos como el PMDB, PSDB, DEM y SD.
Aparentemente la herida provocada en Dilma fue pequeña, pero el pequeño filete de sangre estimuló a los tiburones. Comenzaba la carrera para devorarla.
La popularidad se derrumbó, la situación económica empeoró, vino la campaña del 2014 y todo lo que siguió.
Pero a esta altura ya había ocurrido el espionaje de la NSA, teniendo tal vez como motivación inicial la guerra del presal. Escuchando y grabando encontraron otra cosa, el esquema de corrupción.
Y aquí entran las señales de que las informaciones recolectadas fueron decisivas para que el Lava Jato levantara vuelo. Fue después de junio del 2013 que las investigaciones avanzaron. A partir de la detención del cambista Alberto Yousseff, en una operación que no tenía conexión con Petrobras, el juez federal Sergio Moro consigue llevar a su jurisdicción en Curitiba las investigaciones sobre corrupción en la empresa que tiene sede en Río de Janeiro, debiendo tener allí el juez natural del caso. Moro había participado, en el 2009, según un informe diplomático también filtrado por Wikileaks, de un seminario de cooperación promovido por el Departamento de Estado, el Proyecto Puentes, destinado a entrenar jueces, fiscales y policías federales, en el combate al lavado de dinero y el contraterrorismo. Participaron también funcionarios de México, Costa Rica, Panamá, Argentina, Uruguay y Paraguay. Moro tendría también muchas conexiones con fiscales estadounidenses.
Con la detención de Yousseff, el Lava Jato levanta vuelo como un cohete.
Los primeros detenidos ya enfrentan a un grupo de tares de fiscales que ya tenía un mundo de informaciones sobre el esquema en Petrobras. Ejecutivos y socios de constructoras se rendían a las ofertas de delación premiada ante la evidencia de que negar era inútil, sólo agravaría sus penas.
El estilo de espectacularidad de las operaciones y una exitosa táctica de comunicación de los fiscales y comisarios de la Policía Federal sembró indignación popular. Filtraciones selectivas estimularon el odio al PT como «cerebro» del esquema.
Las cosas fueron caminando juntas, en el Lava Jato, en la economía y en la política. A partir del inicio del segundo mandato de Dilma, ganaron una sincronía fina.
En la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha masacraba al gobierno y en cada derrota el mercado reaccionaba negativamente. El Lava Jato, con la ayuda de los medios, envenenaba corazones y mentes contra el gobierno.
Los movimientos de derecha y proimpeachment ganaban recursos y músculos para organizar las manifestaciones que culminaron en la del 15 de marzo.
La Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) entró de cabeza en la conspiración y el Lava Jato perdió todo el pudor en exhibir su cara política con la persecución a Lula, la coerción para que declare en el aeropuerto de Congonhas y finalmente, cuando fue nombrado ministro, la destrucción de la última chance que Dilma tendría para rearticular su coalición, con la filtración de la conversación entre ellos dos.
En el camino, Dilma y el PT cometieron muchos errores, que no hubieran sido fatales para otro gobierno, no para uno que ya estaba condenado a muerte. Pero este tema no vale la pena que sea abordado ahora, en esta revisión en busca de la anatomía del golpe.
En marzo, la ayuda externa ya había hecho su parte pero las huellas quedaron en el camino. El gobierno ya no conseguía respirar.
Pero, por la ley de las contradicciones, el Lava Jato continuó asustando a la clase política, que sabe que podría “tocarle a todo el mundo”. Y cuando los caciques se reunieron, como contó el senador Romero Jucá, decidieron que ya era momento de sacar a Dilma “para frenar la sangría”.
Desvelar el engranaje que juega con el destino de Brasil desde 2013 es una tentación frustrante. Faltan siempre algunas piezas en el ajedrez.
Pero es cierto que, aún incompleta, la narrativa del golpe no es producto de mentes paranoicas. En el futuro, los historiadores van a contar la historia entera de 2016, así como ya contaron casi todo sobre 1964.
* El original está fechado el 7 de junio de 2016