El escándalo, conocido como “las chuzadas” acusa directamente al presidente colombiano Alvaro Uribe, a un mes de las elecciones presidenciales, y se suma a las denuncias de fraude y compra de votos en las elecciones legislativas del pasado mes de marzo, donde políticos financiados por el narcotráfico han copado al menos un tercio de las bancas en disputa.
Tras la detención de cinco altos funcionarios, entre ellos los jefes de Inteligencia y Contrainteligencia, se ha puesto en evidencia que en los últimos años, especialmente cuando se acercaban las elecciones o cuando los tribunales estaban decidiendo sobre la posibilidad de concretar una reforma constitucional que habilitara un tercer mandato del presidente Uribe, las sesiones plenarias de los magistrados eran grabadas, y después una transcripción de esas conversaciones, con los temas que afectaban directamente al propio presidente Uribe, era entregada a las autoridades del servicio de espionaje. También lo hacían con el material procedente de sus reuniones privadas o familiares.
Los seguimientos del DAS han incluido a varios altos magistrados, a más de 200 políticos, periodistas y defensores de Derechos Humanos.
Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, de la versión del fiscal se desprende que “los funcionarios del DAS no actuaron autónomamente sino por instrucción de la directora del organismo (María del Pilar Hurtado). Y segundo, que la directora del DAS le reportaba a la Casa de Nariño –sede presidencial- y que hubo varias reuniones, es decir que ella tampoco actuó autónomamente”.»No cabe duda de que el responsable político de este crimen y violación de los derechos fundamentales es el presidente Alvaro Uribe», afirmó el candidato presidencial por el Polo Democrático, Gustavo Petro, una de las víctimas de las escuchas ilegales, que ha anunciado que demandará a Uribe y a «la cúpula del despacho de la Presidencia».
Entre los espiados estaba también el magistrado César Valencia Copete, especializado en la investigación sobre el paramilitarismo y que denunció que había recibido presiones telefónicas del propio presidente sobre el sumario que afecta a su primo, el ex parlamentario y terrateniente Mario Uribe, hoy en la cárcel.
Según el informe del fiscal delegado, Misael Rodríguez, el DAS, a través de su encargado de operaciones en el exterior, Germán Villalba, también actuó en Europa, tratando de manipular conversaciones y correos de defensores de Derechos Humanos y de ONG, para simular su presunta relación con la guerrilla.
El presidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, dijo que lo que ha descubierto la fiscalía colombiana es mucho más grave que el escándalo de espionaje a la oposición que causó en 1974 la renuncia del entonces presidente de EEUU, Richard Nixon en el escándalo conocido entonces como “Watergate”.
Más evidencias
El pasado martes trascendió la existencia de otros elementos en el espionaje del DAS, en la investigación que lleva adelante la fiscal delegada ante la Corte Suprema, Patricia Rodríguez, en lo que sería el segundo expediente sobre las escuchas ilegales que lleva la justicia penal.
En este caso figuran como víctimas miembros de ONG, el periodista Holman Morris, el candidato presidencial Gustavo Petro y magistrados de la Corte Constitucional. Por ejemplo, allí reposan documentos reservados del DAS en donde se ordena desprestigiar a estas personas, amenazarlas e incluso crear correos electrónicos en los que se las involucre con grupos ilegales, para luego publicarlos.
Uribe niega todo
Por su parte el presidente Uribe rechaza haber ordenado el espionaje. «Este es un gobierno que no apela a procedimientos turbios, es un gobierno que procede de frente. Eso de mandar a hacer interceptaciones es ajeno a la manera de pensar y de obrar de este gobierno», dijo en una entrevista con Radio Santa Fe.
Añadió, quizás con ganas de quemarse, que «metía las manos al fuego» por varios de los funcionarios involucrados en el tema, entre ellos, la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado; el jefe de prensa de Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez; su ex consejero, José Obdulio Gaviria; Jorge Mario Eastman y su secretario privado, Bernardo Moreno.
Al menos dos de los sindicados dentro del proceso han manifestado que Hurtado fue quien ordenó los seguimientos y comentaron que la instrucción venía de Casa de Nariño.
Pero Uribe dijo que estaba dispuesto a demostrar que ni él ni su gobierno motivaron este espionaje y pidió que sus declaraciones se anexaran a los expedientes que se siguen.