«Ley Monsanto»
Obsupat
20 de agosto 2016.- El Ministerio de Agroindustria presentó ante la Comisión Nacional de Semillas (Conase) los lineamientos de su proyecto de modificación de la ley de semillas. La propuesta ratifica el pago de la propiedad intelectual en la semilla y acota el uso propio.
Los puntos principales de la reforma se centran, por un lado, en que en el pago de la semilla, estarán incluidos los conceptos por los derechos de propiedad intelectual que la semilla y los productos obtenidos a partir del uso de la misma contengan, y/o tecnología incorporada; y por otro, en el acotamiento del uso propio.
En el país hay unos 60.000 productores de soja y 14.000 de ellos,-algo más del 20%- hacen entre el 75 y el 80% de la cosecha. Si en lugar de la producción se considerara la cantidad de productores, serían más del 20% del total los que pagarían. Sin embargo, el cálculo en análisis es por la producción alcanzada, que daría más del 60 por ciento.
De acuerdo con la iniciativa, en primer término habrá un uso propio gratuito para productores inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf), pueblos originarios y productores con una facturación inferior a la suma de tres monotributos de la máxima categoría, independientemente de si están inscriptos o no. Esto último equivale, para estar exento del pago, a menos de $ 1,8 millones. El productor puede hacer poca soja, pero si hace otra actividad y supera ese monto deberá pagar.
En segundo término, si el productor se guarda semilla por encima de la superficie original que compró tendrá que hacer un pago de por vida, algo muy relativo por el recambio continuo de variedades.
En tercer lugar, por la semilla comprada, si en tres campañas hace la misma superficie pagará un canon ese tiempo y luego estará liberado de hacerlo, salvo que después supere la superficie.
El canon a pagar lo fijará el titular de la variedad de soja o trigo, pero en la primera compra de la semilla se tendrá que estipular el valor para los años siguientes.
«Con esto proponemos un mecanismo que equilibre los intereses de todos los sectores involucrados con la innovación que hubo (en semillas)», dijo a LA NACION Guillermo Bernaudo, jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, que estimó: «Más del 60% de la producción de soja va a ser plausible de que el obtentor (empresa de semilla) le cobre un derecho».
En la actualidad, sólo el 15% de la superficie de soja, unos 3 millones de hectáreas sobre 20 millones, es semilla certificada comprada todos los años. El resto se divide entre el uso propio y el mercado ilegal. El Gobierno comenzó a exigir que los productores declaren el origen de su semilla. Encontró más de 2500 que incumplieron y en la nueva campaña deberán comprar sí o sí semilla, con lo cual el mercado fiscalizado crecerá en 1,5 millones de hectáreas o más de un 50 por ciento.
Roberto Campi, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), señaló sobre la iniciativa oficial: «Hay que analizarla un poco más, pero en principio nos parece una propuesta interesante. Pasa por el medio de los intereses de todos, aunque muy pocos van a ser exceptuados (del pago)». Campi manifestó una inquietud: «Tengo la duda sobre si Monsanto deja de lado el cobro de regalías sobre la producción (como hizo este año)».
Por su parte, Omar Príncipe, presidente de Federación Agraria Argentina -entidad que viene de presentar un proyecto propio que establece un corte para el pago en más de 1500 toneladas comercializadas y por una segunda multiplicación (dos años)- pidió que se declare de orden público la ley de semillas. «Aparentemente eso no está en este proyecto (por el oficial) y es más acotado el uso propio de lo que proponemos», dijo. También reclamó «que quede claro que el pago se agota en la semilla».
La CONASE está constituida por representantes del ámbito público, y por el sector privado: fitomejoramiento, producción, comercio de semillas, usuarios y entidades rurales.
El ámbito institucional en el que fue presentada la propuesta de Agroindustria cumple con el circuito formal para avanzar luego en la modificación final que se debatirá en el Congreso de la Nación. Los equipos técnicos de la CONASE realizarán un análisis que luego será compartido con integrantes de la cadena productiva.
Por parte del Ministerio de Agroindustria estuvieron presentes el jefe de Gabinete Guillermo Bernaudo; el secretario de agricultura, ganadería y pesca, Ricardo Negri; la coordinadora General, Nieves Pascuzzi; el presidente del INASE, Raimundo Lavignolle; la coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable, María Beatriz Giraudo; el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Jesus Silveyra; el director Nacional de Agricultura, Ignacio Garciarena; y Roxana Blasetti, asesora del ministerio en Propiedad Intelectual.
El ámbito institucional en el que fue presentada la propuesta de Agroindustria cumple con el circuito formal para avanzar luego en la modificación final que se debatirá en el Congreso de la Nación. Los equipos técnicos de la CONASE realizarán un análisis que luego será compartido con integrantes de la cadena productiva.
Por parte del Ministerio de Agroindustria estuvieron presentes el jefe de Gabinete Guillermo Bernaudo; el secretario de agricultura, ganadería y pesca, Ricardo Negri; la coordinadora General, Nieves Pascuzzi; el presidente del INASE, Raimundo Lavignolle; la coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable, María Beatriz Giraudo; el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Jesus Silveyra; el director Nacional de Agricultura, Ignacio Garciarena; y Roxana Blasetti, asesora del ministerio en Propiedad Intelectual.
coninformación de La Nación