Agencias
Madrid, abril 15 – La prensa internacional respalda en sus comentarios al juez Garzón, conocido en el mundo entero por haber sido el artífice de los juicios por terrorismo de Estado y violación de los derechos humanos contra las dictaduras argentina y chilena, lo que permitió el proceso contra el dictador Augusto Pinochet en Gran Bretaña.
El Suddeutsche Zeitung en Alemania subraya que Garzón es “víctima de los poderosos”, Le Soir en Bélgica pone de relieve que “Los partidarios de Pinochet deben estar brindando con champán por el juicio contra Garzón”. El británico The Guardian titula “El sombrío ataque contra el juez Garzón”.
En España la movilización y la solidaridad con el juez Garzón se organiza y la polémica entre la derecha y la izquierda se radicaliza entorno a los crímenes del franquismo, ya que el ataque contra el magistrado español busca sobretodo impedir que sean desenterrados los crímenes cometidos durante la guerra civil y la dictadura, de 1936 a 1977, hechos que sin ser ocultados, fueron “olvidados” en el momento de la transición democrática y la reconciliación en 1977.
Cerca de mil personas se reunieron el martes en la Universidad complutense en Madrid, para expresar su apoyo al juez Garzón, Sindicatos, políticos de izquierda y numerosos artistas, entre los que figuraban el director de cine español Pedro Almodóvar y la actriz Pilar Bardem.
“La sociedad española tiene una deuda moral con los que perdieron la guerra y con los familiares de esos 113 mil cadáveres que yacen en las cunetas”. Así lo declaró Pedro Almodóvar al aludir a las fosas comunes en que fueron enterradas las víctimas del franquismo.
Familiares de dos fusilados durante la dictadura son los primeros en presentar una querella judicial en Argentina, amparados por la jurisdicción sobre crímenes contra la humanidad. La querella, iniciada en Buenos Aires por los abogados de dos de los familiares de las 113 mil víctimas de la dictadura, es una reacción de las organizaciones de defensa de la memoria histórica en España frente a las acusaciones de los grupos neofascistas españoles que quieren impedir una revisión histórica de los fusilamientos y desapariciones durante el franquismo.
Amparados en la jurisdicción universal que rige para los crímenes de lesa humanidad, familiares de dos fusilados durante el franquismo en España entablaron una demanda judicial en Buenos Aires.
«Olvidar el pasado es cometer una injusticia con las víctimas de la represión, con las generaciones futuras. La búsqueda de justicia histórica, por dolorosa que sea, no sólo es importante para España sino que tiene ramificaciones para toda Europa».
Con esas palabras, Ana Campos Veiga (46 años) sobrina del español Darío Rivas, de 90 años y constituido unos de los demandantes, presentó ante la prensa en un estudio de abogados de Buenos Aires las acciones tendientes a entablar una causa contra el Estado español por los crímenes de la dictadura franquista.
Rivas es hijo de Severino Rivas, quien al ser ejecutado era alcalde en la localidad gallega de Castro de Rei, en Lugo.
A su turno, el demandante leyó otro documento. «En España, se continúa viviendo como durante los 40 años de la dictadura de Franciso Franco. Hay en cierto modo un silencio cómplice. El camino de la concordia y de la reconciliación no excluye la justicia ni implica el olvido», dijo Rivas en su lectura.
La otra demandante es la argentina Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado al iniciarse la guerra civil en 1936 cuando también era alcalde y diputado provincial en Salamanca. «Acabamos de iniciar la querella que lleva el número 4591. Cualquier víctima del mundo puede sumarse a ella», dijo Ricardo Uñis, otro de los abogados patrocinantes.
En la oficina de los abogados también estuvo presente para respaldar la demanda el Premio Nobel de la Paz 1980 Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, dirigente de Madres de Plaza de Mayo.
De esta manera, los deudos argentinos de las victimas del franquismo, intentan contrarrestar la ofensiva contra el juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón, quien ha sido denunciado por tres organizaciones de ultraderecha de su país por investigar 113 mil crímenes de la dictadura franquista a sabiendas de que no tenía competencia para ello.