Agencias
23-12-15.- El Gobierno brasileño abrió una investigación contra 21 grandes empresas y 59 ejecutivos acusados de haber formado un cartel para distribuirse contratos con la petrolera Petrobras por un valor de 35.000 millones de reales (unos 8.750 millones de dólares), informaron hoy fuentes oficiales.
En un comunicado, el Ministerio de Hacienda aseguró que la investigación la conduce el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), el órgano de combate a los monopolios y de defensa de la libre competencia del Gobierno. Entre las empresas investigadas por formar parte del cartel se encuentran mayores constructoras y contratistas de Brasil como Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, OAS, Queiroz Galvao, Mendes Júnior y UTC. Por su parte, los ejecutivos y exdirigentes investigados ya responden ante la justicia penal por la formación del cartel conocido como «Club de los Contratantes», dentro del proceso que juzga los millonarios desvíos en la petrolera estatal Petrobras.
Algunos de los acusados ya fueron condenados por formar parte de la gigantesca red que se repartía los contratos de la petrolera, para elevarles el valor artificialmente y repartir los excedentes entre altos funcionarios de Petrobras y los políticos que ampararon las corruptelas.
El CADE calcula que el valor de los contratos fraudulentos llega a los 35.000 millones de reales (8.750 millones de dólares) y se extienden a grandes obras como la construcción de las refinerías de Sao José dos Campos, Araucaria, Paulinia y Abreu e Lima, así como del Complejo Petroquímico de Río de Janeiro. «Hay indicios robustos de que las empresas y personas físicas investigadas habrían celebrado acuerdos con la finalidad de fijar precios, dividirse el mercado y ajustar condiciones, ventajas o la abstención en la disputa de licitaciones de montaje industrial de Petrobras», apunta la nota.
Los ejecutivos que ya fueron condenados por su relación con el caso Petrobras y son acusados ahora nuevamente tendrán que responder en un proceso administrativo que puede acarrearles significativas multas. El CADE acusa las empresas de promover fraudes en las licitaciones públicas de Petrobras, lo que generó elevadas pérdidas a los órganos públicos contratantes mediante «el aumento de los precios, la reducción de la oferta y la disminución de los incentivos a la innovación».