Público.es
Madrid, 17 de noviembre 2015. – No sólo han mentido. Han ayudado a las multinacionales a defraudar masivamente a los contribuyentes de toda Europa. Su recompensa: son ahora el presidente de la Comisión Europea y el presidente del Eurogrupo. Es decir, mandan en los máximos organismos de la Unión Europea y forman parte de la Troika que impone condiciones draconianas a Grecia y otros países, gravemente perjudiciales para la ciudadanía, para obligarlos a pagar intereses desorbitados a las entidades financieras.
Son Jean-Claude Juncker y Jeroen Dijsselbloem, y eran los ministros de Finanzas de Luxemburgo y Holanda, respectivamente, cuando se creó el mayor entramado de fraude fiscal que haya conocido Europa, diseñado para permitir que las multinacionales y grandes corporaciones evadiesen impuestos a gran escala en perjuicio de los países miembros de la UE que ahora dirigen.
Además, durante más de 15 años bloquearon todos los intentos de la Comisión Europea por corregir ese sistema impositivo que defraudó miles de millones de euros a las arcas públicas… y hasta ahora mismo han logrado ocultar esos tejemanejes a la propia Eurocámara, cuyos parlamentarios siguen teniendo vetado el acceso a los documentos que demuestran la responsabilidad personal de esos dos políticos en este gigantesco saqueo de las Haciendas de sus socios.
Sólo se ha descubierto su implicación directa gracias a la filtración de los cientos de documentos que mantienen escondidos bajo siete llaves; igual que la existencia de la trama luxemburguesa de evasión fiscal en beneficio de más de 300 multinacionales sólo fue posible gracias a que un empleado de la auditora PWC copió y difundió cientos de esos pactos (tax rulings) inconfesables, levantando el escándalo conocido como LuxLeaks. Hoy, un año después de que se develase esa trama, el único que ha sido castigado es el que la denunció: el auditor Antoine Deltour.
Un Grupo de Código de Conducta con muy mal comportamiento
Lo que ahora se ha filtrado a dos de los medios de comunicación más prestigiosos de Europa (Der Spiegel y Le Monde) son las actas de las reuniones a puerta cerrada que celebraron durante años el Grupo de Código de Conducta (Business Taxation) y el Grupo de Trabajo sobre Cuestiones Impositivas, ambos pertenecientes a la Comisión Europea. El contenido de esas actas no sólo se les ha negado a los europarlamentarios que lo han solicitado, sino que se le sigue ocultando a la propia Comisión Especial TAXE creada precisamente para investigar las ramificaciones del LuxLeaks.
Ernest Urtasun, europarlamentario del Grupo Verde y miembro de esa comisión TAXE, subraya que «la publicación de esas informaciones, hasta ahora confidenciales y a las que los diputados europeos no hemos tenido acceso, constituye un importante vuelco en este asunto de las negociaciones secretas sobre fiscalidad. Estas nuevas revelaciones implican directamente a Juncker y Dijsselbloem, como titulares de Finanzas de sus países respectivos, por lo que ahora deben responder de esas artimañas ante el Parlamento Europeo».
Porque lo que revela el contenido de esas actas es que los dos máximos responsables de la UE se dedicaron durante años a obstaculizar todos los intentos por desentrañar la trama de fraude fiscal masivo, gracias a la cual cientos de multinacionales pagaban impuestos bajísimos en Luxemburgo y Holanda por los beneficios que habían hecho en otros países de fiscalidad mucho más elevada. Ambos han negado haber estado implicados personalmente en esa maquinación, pero resulta que dichos documentos demuestran lo contrario, ya que el Grupo Código de Conducta –creado en 1998, pero cuya existencia no fue descubierta por la mayoría de los eurodiputados hasta 2014– trabajaba en total secretismo y estaba bajo el control directo de los ministros de Finanzas de los países miembros.
Tanto Juncker como Dijsselbloem ostentaban las carteras de Finanzas de sus gobiernos (Juncker era, además, primer ministro) cuando bloquearon repetidamente en ese Grupo Código de Conducta todos los intentos por corregir ese fraude fiscal masivo. Más aún, cuando (en marzo de 2013) Bélgica, Holanda y Luxemburgo obstaculizaron una vez más las iniciativas de otros países para acabar con ese entramado, Dijsselbloem ya había sido nombrado presidente del Eurogrupo, el organismo de ministros de Finanzas que coordina las políticas fiscales y financieras de los países que comparten la moneda común.
En esa ocasión, Holanda planteó –en aquella reunión secreta– una «reserva de naturaleza política» sin especificar para tumbar el plan británico y alemán, aprobado previamente por expertos fiscales de la OCDE, que hubiera acabado con la trama defraudadora. O sea, Dijsselbloem actuaba en secreto contra los intereses de los países miembros del Eurogrupo que él mismo presidía.
Por supuesto, el Grupo de Código de Conducta no llegó a tomar acción ninguna, durante casi dos décadas de reuniones continuas, para frenar el comportamiento fiscal claramente perjudicial para la mayor parte de los países miembros de la Unión Europea que practicaban secretamente los dos actuales máximos cargos de la UE.
Por su parte, Juncker se defendió del escándalo LuxLeaks aduciendo que asumía la responsabilidad política como jefe del Gobierno, pero que él no diseñó la trama ni la conocía. A continuación, fue elegido presidente de la Comisión Europea (el cargo más importante de la UE) con los votos de la Gran Coalición (los grupos popular, socialista y liberal). Pero los documentos ahora desvelados prueban que sí estaba al corriente de todo el entramado, con lo que queda bien claro por qué ordenó ocultarlos a los propios eurodiputados.
Sven Giegold, veterano europarlamentario alemán de Los Verdes, trató de consultar esas actas de las reuniones y se encontró con que no sólo restringían su acceso a una sala cerrada y blindada en la que no le dejaron entrar ni el móvil, sino que los párrafos más importantes estaban tachados para hacerlo ilegibles. A la salida, le fue incautada la libreta donde había tomado notas, como si estuviese en una dictadura.
Asimismo, Juncker ha sido señalado como directamente implicado en las negociaciones con multinacionales por el exjefe de asuntos fiscales del gigante Amazon, Bob Comfort, quien mantuvo dos reuniones personales con el ahora presidente de la Comisión Europea y después reconoció en una entrevista con el diario luxemburgués Lëtzebuerger Land que su Gobierno se había comportado como un «socio de negocios» y que el entonces primer ministro había «ayudado a resolver problemas» a la multinacional.
Más aun: el propio Juncker alardeó en un discurso ante el Parlamento de Luxemburgo, en octubre de 2005: «Hemos construido a lo largo de años, de décadas, un entorno fiscal ventajoso» con el que su Gobierno logró atraer a multinacionales como Amazon y America On-Line (AOL). Un año antes, había admitido en una entrevista que el pacto alcanzado con AOL para que se trasladase a Luxemburgo «fue el resultado de más de 200 horas de negociaciones».
Tanto era así que la consultora Ernst&Young empezó a recomendar a sus inversores, tanto norteamericanos como rusos, que hicieran negocios en Luxemburgo porque «sus funcionarios son accesibles» y «su equipo de Gobierno se implica en una relación muy estrecha con las compañías» multinacionales. Más claro, imposible.
Los documentos ahora filtrados prueban lo que las agencias de la Unión Europea han estado negando durante años: la existencia de una trama de fraude fiscal masivo del que se beneficiaron las grandes corporaciones fundamentalmente mediante dos mecanismos, los pactos directos (tax rulings) con el Ejecutivo las patentes falseadas (license box rules). Estas últimas eran descaradas: las multinacionales asignaban falsamente la propiedad de sus licencias, copyrights y patentes a sus filiales en Luxemburgo o La Haya –donde, por supuesto, no se habían desarrollado ni explotado– y transferían los beneficios obtenidos en otros países a esas empresas pantalla, para que pagaran tipos fiscales cercanos a cero aunque las ganancias fueran de miles de millones.
Una de las actas secretas que han salido a la luz expone ya en 2005 que «ciertos países miembros han regresado a prácticas de rulings potencialmente perjudiciales» para el resto de los miembros de la UE. Otras actas especifican claramente que se trata de «Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica» (17 de abril de 2012) y detallan las maniobras que esos tres gobiernos del Benelux acometen coordinadamente una y otra vez a lo largo de los años para obstaculizar cualquier intento de tirar de la manta.
Hasta que un frustradísimo alto funcionario alemán dirige a Berlín un cable, en marzo de 2013, en el que protesta de que no se estaba haciendo nada para frenar los «modelos impositivos dañinos» que «sobre todo se basan en las license box rules de Luxemburgo y Países Bajos». Pero de nada sirvió su denuncia porque esos dos países siguieron bloqueando cualquier medida correctiva.
«Estas revelaciones dejan claro lo que hemos sospechado durante mucho tiempo: los países más que se han beneficiado del dumping fiscal han trabajado activa y sistemáticamente para bloquear el progreso de la UE sobre las reformas fiscales encaminadas a abordar el problema», explica Urtasun a Público. «Juncker y Dijsselbloem, eran los responsables políticos en esta materia en Luxemburgo y Holanda respectivamente cuando sus gobiernos bloqueaban los avances en materia fiscal. Por lo tanto, deben asumir su responsabilidad es esencial que comparezcan ante el comité especial de investigación TAXE para explicar su relación con los comportamientos de sus gobiernos detallados en esta filtración».
«Aprovechándose de que las decisiones del Consejo deben tomarse por unanimidad en materia fiscal, han vetado cualquier progreso», subraya el eurodiputado español. «Eso les ha permitido mantener las lagunas en la legislación de la UE en virtud del cual las grandes corporaciones (como IKEA, Google, Amazon, Starbucks, Fiat y muchas otras) fueron capaces de evitar el pago de miles de millones de euros de sus impuestos a las haciendas nacionales».
Urtasun recuerda que «España es uno de los ocho países que más dinero han perdido por las planificaciones fiscales agresivas, casi 5.000 millones de euros perdidos en 2012 sólo por lo que respecta a las grandes corporaciones norteamericanas implantadas en nuestro país, según los cálculos de Tax Justice Network. La Comisión Europea también es responsable, y debería explicar por qué no intervino en su papel de guardiana de los Tratados de la UE».
«Además –concluye Urtasun–, estas fugas demuestran la importancia de un acceso completo a todos los documentos para poder completar el trabajo de la investigación del comité especial. Hasta ahora, la Comisión Europea y los gobiernos se han negado a cooperar. Estas revelaciones deberían hacerlos reconsiderar su posición y darnos a los miembros del comité de investigación acceso completo a los documentos pertinentes».
La danesa Margrethe Vestager, comisaria de Competencia, ya ha identificado tax rulings ilegales de Luxemburgo con Fiat y con Amazon, de Holanda con Starbucks, y de Irlanda con Apple. Pero si el comité especial de investigación de la Eurocámara estudia las actas ahora filtradas, se podrá demostrar que los actuales presidentes de la UE capitanearon desde sus gobiernos la mayor operación de defraudación fiscal masiva jamás cometida en Europa.
No sorprende, pues, que Juncker haya intentado impedir que esos documentos salieran a la luz pública. Pero ahora ya no tiene más remedio que rendir cuentas… y son astronómicas.