Argentina marcha a la vanguardia en juzgamiento a responsables de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, hay enorme retraso en juzgar a los socios empresarios. Cámaras patronales resisten una comisión investigadora.
Es destacable la producción judicial de Argentina en el juzgamiento a delitos de lesa humanidad cometidos en el genocidio ocurrido entre 1975 y 1983, en particular luego del golpe de 1976.
Las estadísticas a fines de 2014 hablaban de 563 represores condenados, que hoy son más. Y el lunes próximo ese número aumentará porque un tribunal platense dictará sentencia contra ocho integrantes de la Fuerza de Tareas 5 (FT5) de la Armada. Se los juzgó por tres desapariciones, dos asesinatos y 34 secuestros y torturas cometidas en La Plata, Berisso y Ensenada.
Esos delitos tuvieron como blanco a los trabajadores de Astilleros Río Santiago, Propulsora-Techint, Swift, etc. Se mostró una vez más el acople de las fuerzas represivas y las patronales que demandaban esa represión ilegal contra sus cuerpos de delegados y comisiones internas. Al disolver por la violencia y con sangre a esas organizaciones gremiales, las patronales despejaban el camino para reformar en sentido antiobrero las condiciones de trabajo y acumular ganancias extraordinarias.
Ese juicio en La Plata y los aproximadamente 150 que se han realizado hasta el momento, tienen un aspecto contradictorio, para la evaluación de los organismos de derechos humanos, familiares y sobrevivientes. El rasgo positivo, que sobresale, es que los responsables directos –aunque tarde- van recibiendo las condenas correspondientes.
Sin embargo, hay un aspecto negativo: que no han rendido cuentas ante la justicia los grandes empresarios y banqueros que fueron carne y uña con la dictadura. Que en muchos casos solicitaron esos procedimientos ilegales, proporcionando la información de los trabajadores a ser secuestrados, su ficha del trabajo con foto, nombre y domicilio, etc. Y que, como se señaló recién, luego de esa devastadora represión que limpió de activistas sus fábricas, pasaron a ganar más dinero porque el resto del personal, acobardado por lo sucedido a sus dirigentes naturales, aceptó mayores ritmos de trabajo, con menos mano de obra y un salario que perdía su capacidad adquisitiva. De lo contrario podía desaparecer igual que sus delegados…
Negativa patronal
En setiembre pasado la Cámara de Diputados dio media sanción a una Comisión de Investigación de la complicidad empresaria con los crímenes de la dictadura. El proyecto original fue en 2014 del diputado del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, quien concitó el apoyo de un variado arco parlamentario con la excepción de 17 votos del PRO y aliados de derecha que se abstuvieron. El argumento del macrista Pablo Tonelli fue que no debía limitarse la investigación a los delitos por derechos humanos sino ampliarse a los casos de corrupción en gobiernos democráticos. Trataba de equiparar la desaparición de 30.000 personas durante la dictadura militar-cívica con las denuncias, por lo general flojitas de papeles, contra integrantes del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Fue muy sintomático que la mayoría de las cámaras empresarias, por no decir la totalidad, salieron con los botines de punta a condenar la Comisión.
Hubo pronunciamientos adversos de la Asociación Empresaria Argentina presidida por Jaime Campos (Acindar), Unión Industrial Argentina y su nuevo presidente Adrián Kaufman (Arcor), Sociedad Rural y Luis M. Etchevehere. Su argumento fue que podía existir un escenario de persecución y que lo correcto es que se ocupe la justicia. Así buscaban que continuara la impunidad de casi 40 años, proporcionada por una buena parte del Poder Judicial y su correlato con leyes del perdón e indultos habidos en 1986, 1987 y 1989-1990.
“La Unión Industrial Argentina manifiesta su rechazo al proyecto de ley para crear una Comisión Bicameral de identificación de las posibles complicidades económicas durante la última dictadura militar y expresa que cualquier investigación sobre el particular, que se realice a ciudadanos u organizaciones de la sociedad, debe llevarse a cabo por las vías judiciales”, decía el comunicado firmado por Kaufman.
Dos ayuditas interesadas
En contra de la existencia de la Comisión Investigadora hay que poner de resalto la actitud de dos sectores corporativos que no aportaron precisamente a los valores de Memoria, Verdad y Justicia.
Uno es el de los medios de comunicación monopólicos. El 4 de octubre pasado, en la 71° Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa realizada en Charlestone, el titular de la Comisión de Libertad de Prensa de Adepa y director de La Voz del Interior, Carlos Yornet, presentó un negativo informe sobre Argentina. Al día siguiente, en ese matutino y con su firma cronicaba la reunión y escribía: “en este contexto de ataques permanentes a las empresas periodísticas, el informe expresa preocupación por el impulso oficial a un proyecto de ley que ya tiene media sanción, tendiente a crear una comisión de neto carácter político que apunte a denigrar al sector empresario, asociándolo con la dictadura militar de hace 40 años. Todo ello al margen del Poder Judicial y eludiendo, por ende, las garantías del debido proceso”.
La otra ayuda a los popes empresarios provino del sindicalismo oficial y burocrático agrupado en las tres CGT: la de Moyano, la de Barrionuevo y la de Caló.
Ninguna de esas entidades dijo ni mu a favor de la Comisión Investigadora lo que es muy grave si se tiene en cuenta que la Conadep de 1984 documentó que casi el 70 por ciento de los desaparecidos eran trabajadores. O sea, afiliados de sus gremios que luchaban por dignificar el trabajo, además del objetivo político de un país liberado. Que la burocracia sindical no moviera un dedo a favor de lo votado en Diputados ratifica que tiene cero compromiso con los derechos humanos y con quienes eran trabajadores de sus gremios. Claro que éstos tenían una orientación opuesta a Lorenzo Miguel (UOM), José Rodríguez (Smata), Armando Cavalieri (Comercio), Antonio Baldassini (Foecyt), etc.
Los avances
Por ahora son una excepción los empresarios condenados en los juicios por derechos humanos. El único caso que el cronista registra es el de los hermanos Emilio y Julio Méndez, uno gerente del banco de Tandil y el otro fuerte propietario rural. Ellos colaboraron con el grupo de tareas del Ejército que secuestró, torturó y asesinó al abogado Carlos Alberto Moreno. Este letrado laboralista había ganado varios juicios a la cementera Loma Negra, por entonces de Amalia Lacroze de Fortabat, con demandas laborales y sobre todo por la silicosis que afectaba la salud de los trabajadores. Los Méndez proporcionaron una finca rural usada como centro clandestino de detención donde los militares llevaron y mataron a Moreno. Recientemente se supo que Loma Negra, tras la muerte del laboralista, bajó 72 por ciento la previsión de su fondo para pagar juicios laborales. Ese crimen le reportó mucho dinero…
Otras causas empezaron a moverse a partir de 2012; están en variadas etapas de prueba y testimoniales aunque con mucha resistencia de la corporación empresarial y judicial. Está frenado el proceso contra el dueño del ingenio Ledesma, Carlos P. Blaquier, y otro directivo, Alberto Lemos, acusados de complicidad con la represión en Jujuy. En la causa que lleva el juez Poviña por desaparición del médico y ex intendente Luis Arédez y otros presos políticos, y por los secuestros y desapariciones de decenas de personas en la Noche del Apagón, Blaquier y Lemos fueron llamados a indagatoria por el fiscal
Domingo Batule. Sin embargo el juez subrogante Carlos Olivera Pastor dio marcha atrás. Un beneficio similar tuvo en Bahía Blanca el propietario de Gaceta Marinera (La Nueva Provincia), Vicente Massot, cuya empresa instigó el crimen de dos delegados gráficos.
La jueza federal de San Martín, Alicia Vence, dictó el procesamiento pero sin prisión preventiva de dos directivos de Ford, Pedro Müller, y Guillermo Galárraga y de un jefe de seguridad, Héctor Francisco Sibilla. Los consideró partícipes primarios del secuestro de 24 operarios de General Pacheco. Varios fueron detenidos en ese lugar de trabajo y llevados al fondo, al campo de deportes, donde fueron torturados por el Ejército. Luego pasaron un tiempo presos.
Un juez de Rosario está instruyendo una causa por la represión en 1975 contra los metalúrgicos de Villa Constitución. Allí la principal planta era Acindar, cuyo presidente fue José A. Martínez de Hoz, luego superministro de la dictadura. “Joe” murió técnicamente inocente en 2013 en su piso del edificio Kavanagh. El juez está tomando declaraciones a las víctimas pero para una condena falta bastante, con el agravante de que ese directivo ya falleció, lo mismo que quien lo reemplazó, el general Alcides López Aufranc.
La falta de condena en casos como Ledesma, Acindar, Ford, Mercedes Benz, Fiat, Molinos, Techint, Papel Prensa, etc. es doblemente grave: hiere a tantas familias de víctimas y a la democracia; y daña al país por los beneficios embolsados por esos monopolios que aún hoy son dominan la economía.
Está a la vista: es más fácil juzgar a militares retirados que a directivos empresarios. 