Las batallas que ocuparon las calles de Seattle en noviembre de 1999 en protesta contra la Organización Mundial de Comercio, fueron la expresión ciudadana de la oposición a un sistema global que ha puesto, cada día más, el poder de las grandes corporaciones sobre el medio ambiente, la salud y el bienestar de las personas.
Las puertas giratorias han sido la estrategia más efectiva para mantener la política pública al servicio de las corporaciones. Foto: Tomada de Internet
Si las negociaciones entre los gobiernos y las grandes corporaciones para repartirse los mercados y establecer las reglas del juego, se venían dando cada vez más a puerta cerrada, desde Seattle este proceso se agudizó. El ejemplo más claro de este proceso que muestra como la democracia está cada vez más capturada, secuestrada por las grandes corporaciones, es el Acuerdo de Asociación Transpacífico, el TPP.
La negociación del TTP llevó más de 5 años para llegar a un documento que aún no conocemos. Este Acuerdo ha sido elaborado en negociaciones cerradas entre los gobiernos y las grandes corporaciones. Por parte de los gobiernos, las negociaciones han quedado en manos de los ministerios de economía que, comúnmente, están cooptados por los propios intereses de las grandes corporaciones. Cada país está dominado por grupos diferentes de corporaciones que tienen mayor presencia en su territorio. Si existen puertas giratorias (funcionarios de gobierno que pasan a trabajar para la industria y después regresan al gobierno y vuelven a las empresas, siguiendo en ascenso en esa espiral) entre las corporaciones y los gobiernos, es justamente en los ministerios de economía. Las puertas giratorias han sido la estrategia más efectiva para mantener la política pública al servicio de las corporaciones.
Los ministerios de salud, de medio ambiente, de trabajo, son excluidos de estas negociaciones, como lo son los propios legisladores. A estos últimos les llegará ahora el texto final del Acuerdo para que en unos cuantos días, en fast track, sea aprobado. Ese es el compromiso de los 12 gobiernos que forman parte del Acuerdo, es el compromiso con Obama. No se puede cambiar el texto, se aprueba como está o no se aprueba, sin embargo, los gobiernos han “garantizado” que sus legisladores lo aprobaran.
No sabemos que vendrá, pero nada bueno se espera en este proceso de desregulación, de deterioro de los derechos laborales, de las prestaciones a los trabajadores, de explotación irracional de los recursos naturales, de abandono de la salud pública, etc. Tras uno y otro acuerdo comercial vemos la caída de las regulaciones, la pérdida de soberanía de los Estados, la creación de instancias de resolución de conflictos supranacionales bajo criterios únicos de ganancia y protección de inversiones.
Mirando por la rendija, por lo que se ha filtrado, nos podemos dar una idea de por dónde va este Acuerdo, con el caso de la industria farmacéutica muy defendida por la administración Obama. El tema de los medicamentos ha ocupado la mayor atención, pero hay que ver qué viene con la industria automotriz, con la industria de alimentos, con los derechos de propiedad intelectual, con la regulación del internet, etc. Por lo pronto, la mayoría de los demócratas se oponen al Acuerdo que ha sido bien respaldado por los republicanos, tal vez el mayor acuerdo de Obama con los republicanos.
El acceso a medicamentos se ha vuelto uno de los mayores obstáculos a la salud. El abandono de la salud pública ha provocado que los gastos en medicamentos recaiga en las finanzas de las familias. No es de extrañar que una de las principales causas de pauperización son las enfermedades, el costo de los medicamentos. Cada vez hay más familias, individuos, que pierden sus propiedades a causa de los costos de una enfermedad. Las grandes empresas farmacéuticas han hecho un gran negocio con la enfermedad.
Como mencionamos en un artículo anterior, la alternativa generada por los genéricos ha significado salvar millones de vidas. Hace una década el tratamiento antirretroviral por un año costaba aproximadamente $161,617 pesos (10,000 USD) mientras que con una alternativa genérica que está accesible hoy en día el costo para un paciente en un país de desarrollo puede ser de 3,232.34 (200 USD). Sin embargo, esta situación la industria farmacéutica no la ve como un logro para la protección de la salud pública, la ve como una pérdida de ganancias, no importa que la vida de la patente le haya dado ganancias con creces: hay que ganar más, siempre que se puede y a costa de lo que sea.
Tal como lo explicamos: “Con el TPP la industria farmaceútica quiere aumentar el periodo de vida de las patentes y volver muy cara la posibilidad de desarrollar genéricos. Están introduciendo en el TTP el llamado ‘evergreening’ a través del cual los productores de drogas cambian levemente un producto (un cambio que no da beneficios adicionales terapéuticos) para obtener una nueva patente sobre el mismo medicamento. Además, están introduciendo en el TPP la ‘exclusividad de datos’ de 12 años para un tipo de medicinas que incluye medicamentos contra el cáncer y vacunas, este prohíbe a los productores de alternativas genéricas usar los estudios clínicos existentes que fueron presentados para aprobar las marcas no genéricas. Esto tendrá efectos deprimentes e impedirá a los medicamentos genéricos entrar al mercado o hacerlo a muy alto costo. Resultado para los consumidores: medicamentos cada vez más caros y sin opciones genéricas accesibles”.
La industria farmacéutica argumenta que el desarrollo de sus medicamentos es muy costoso y por eso éstos son caros. Pareciera que gastan tanto en el desarrollo de los medicamentos que sus márgenes de ganancia son bajos. Sin embargo, nos es así, la industria farmacéutica es una de las más rentables. Las 10 empresas farmacéuticas más grandes generaron 429.4 mil millones de dólares en 2014. En 2001 las 10 más poderosas farmacéuticas de la lista de Fortune 500 obtuvieron en conjunto ganancias mayores que las 490 empresas restantes de esa lista.
No es la inversión en la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos lo que hace caros a estos productos, lo es el poder de estas empresas para determinar las reglas del juego y cobrar lo que ellas quieran cobrar. Entre 1998 y 2014 la Big Pharma, la coalición de estas empresas, gasto alrededor de 2.9 mil millones de dólares en cabildeo en el Congreso de los Estados Unidos para evitar que las regulaciones pudieran afectarles y lograr, en cambio, que les favorecieran.
La imposición de los intereses corporativos va modelando, deformando, la sociedad y las farmacéuticas son un buen ejemplo. Viendo este trayecto histórico en la industria farmacéutica, el TTP aparece como un paso más en la consolidación de su poder sobre la salud pública. Como en muchos casos, las ganancias de la gran industria, en este caso la Big Pharma, se dispararon con la entrada de Reagan y su política desregulatoria. La Big Pharma, a partir de una serie de nuevas legislaciones, se introdujo en los espacios académicos, remodelando las aspiraciones de los investigadores. Los académicos e investigadores de las universidades estaban satisfechos con una vida confortable trabajando por el interés público.
Este panorama comenzó a cambiar. En 1980 se aprobó la Acta Bayh-Dole que permitió a las universidades patentar descubrimientos realizados con fondos públicos de los Institutos de Salud Pública de los Estados Unidos. Estos institutos son la mayor fuente de recursos públicos en EUA, provenientes de los impuestos, para actividades en salud. Antes de esto, los contribuyentes financiaban descubrimientos que eran de dominio público, disponible para cualquier empresa que quisiera usarlos. Con el cambio, los Institutos Nacionales de Salud entraron en negociaciones con la industria farmacéutica permitiéndose transferir esos descubrimientos a intereses privados. De esta manera, los recursos públicos provenientes del pago de impuestos de los ciudadanos han financiado investigaciones que llevan al desarrollo de descubrimientos que ya no son de uso público, son vendidos a empresas con beneficio para los investigadores y los centros de investigación, pero sobre todo para beneficio de la Big Pharma y contra la salud pública y los consumidores.
Las aspiraciones de los académicos e investigadores comenzaron a cambiar de su status confortable a la competencia por la riqueza: la riqueza proveniente de una patente se convirtió en una manifestación de éxito. Los Investigadores universitarios comenzaron a formar pequeñas compañías biotecnológicas con sus descubrimientos –financiados con recursos públicos –obteniendo enormes ganancias.
Como lo señala Marcia Angell, que fue editora por 20 años del The New England Journal of Medicine: “Al menos una tercera parte de los medicamentos comercializados por la gran industria farmacéutica viene de licencias de universidades o pequeñas compañías biotecnológicas”. Es decir, gran parte de esos medicamentos que la industria farmacéutica argumenta generaron grandes costos para su desarrollo, no fueron desarrollados por esa industria, lo fueron en instituciones financiadas con recursos públicos. En muchos casos, la industria farmacéutica invirtió en la última etapa, en las pruebas clínicas.
La salud pública y su concepción comenzaron a cambiar. La ética de las escuelas de medicina y los hospitales de enseñanza que no tenían un interés de lucro, cambió de dirección para emprender negocios con la industria. Los investigadores de las universidades están motivados a desarrollar patentes y a compartir sus ganancias con su institución. Los investigadores y las instituciones académicas comenzaron a enfocarse en buscar oportunidades comerciales no el beneficio público.
El proceso continúo y se aprobaron otras leyes favorables a la gran industria que ampliaron los derechos monopólicos para las marcas de los medicamentos. Se logró establecer que ninguna otra compañía pudiera vender el mismo medicamento. Se extendió la vida de las patentes de 8 años en 1980 a 14 años en el 2000. En medicamentos exitosos esto significó un incremento multimillonario en ganancias.
La falacia de los altísimos costos en investigación y desarrollo de la industria farmacéutica cae por todos lados. Las 10 mayores empresas farmacéuticas gastan alrededor del 11 por ciento de las ventas en Investigación y Desarrollo, mientras para la categoría de Marketing y Administración destinan un 36 por ciento. Se considera que en investigación se incluyen diversas actividades de marketing y que dentro de marketing se incluyen actividades llamadas de “educación”. Estas actividades de educación comprenden a un ejército de agentes de las empresas que visitan a los médicos, las muestras gratuitas que son distribuidas entre los médicos, el pago de viajes, esquemas de bonificación por cantidad de recetas con el medicamento promocionado, financiamiento de congresos médicos, etc.
Esta industria es la que, al parecer, será de las más beneficiadas por el TTP. Todo indica que el gobierno mexicano ha cedido en todo para beneficiar a la industria farmacéutica estadunidense y europea a cambio de beneficios para la industria automotriz instalada en México. Al mismo tiempo ha cedido soberanía para que las corporaciones puedan demandar las regulaciones nacionales que afecten sus inversiones en tribunales supranacionales de protección de las inversiones.
No se trata de una negociación estratégica que vaya a traer beneficios económicos para la población mexicana, se trata de negociaciones que traerán beneficios a las corporaciones y a las élites aliadas, aumentando las desigualdades y socavando aún más los derechos laborales, a la salud y al medio ambiente, y que seguramente agudizarán las desigualdades sociales. Ya vimos cómo dejo el TLCAN al campo mexicano.