Agencias
Panamá, 10 de octubre 2015. – El magistrado fiscal Harry Díaz solicitó 21 años de prisión por escuchas telefónicas ilegales, en la primera acusación formal contra el expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), tema que ocupa espacios en noticieros y periódicos locales.
Además, Díaz pidió que se hagan las gestiones para emitir una alerta azul a Interpol a fin de determinar el paradero del acusado, quien desde el 28 de enero pasado salió de Panamá rumbo a Guatemala y oficialmente se desconoce dónde está, aunque fue visto recientemente en Estados Unidos.
La supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto, el derecho a la intimidad y contra la administración pública en perjuicio de ciudadanos del país, son los motivos expuestos por el magistrado fiscal Harry Díaz para solicitar la apertura del juicio oral.
En el escrito acusatorio, Díaz señala que «por órdenes impartidas por el entonces Presidente de la República y Presidente del Consejo de Seguridad Nacional» (CSN) se hicieron interceptaciones ilícitas de las comunicaciones a ciudadanos panameños desde el edificio de la CSN.
Hay «suficientes elementos de convicción que acreditan el hecho punible» y la vinculación del exgobernante con los delitos señalados, afirmó el letrado en el auto de 30 páginas, donde relaciona a varias decenas de testigos, entre ellos uno protegido identificado con el número 8430145.
Además, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió como querellantes a 10 personas cuyas comunicaciones fueron interceptadas por los servicios de seguridad bajo el gobierno de Martinelli, sin autorización judicial.
Corresponde ahora la apertura del proceso oral entre 10 y 20 días a partir de la presentación formal de la acusación, cuya primera vista es para presentar formalmente la acusación.
Pocas horas antes de conocerse el auto acusatorio, el presidente de la CSJ, José Ayú Prado, fue separado por el pleno de la institución como Juez de Garantías de otra investigación que se sigue contra el expresidente, por presuntos vínculos con uso ilegal de cuentas de la casa de valores Financial Pacific.
Este es uno de los 12 expedientes contra Martinelli entregados a la CSJ, donde se incluyen causas por supuesta corrupción y otras acciones ilícitas imputadas al anterior mandatario, que en su condición de diputado centroamericano corresponde resolver al máximo órgano de justicia.
Mientras, el diario La Estrella afirmó esta semana que el equipo de abogados solicitó para el expresidente el estatus de «refugiado» o «asilado político», por supuestamente ser víctima de una persecución política por parte del Gobierno de Juan Carlos Varela, afirmaron a ese medio de prensa fuentes cercanas a Martinelli.
La solicitud fue presentada ante el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, pero según La Estrella, la embajada de ese país en Panamá recomendó negar la solicitud, por considerar que el expresidente «no cumple con los requisitos», además de tener una decena de procesos judiciales pendientes por corrupción.
Hasta el momento, el Gobierno estadounidense no respondió, pero los abogados de Martinelli fueron alertados de que la solicitud será negada en los próximos días, aseguró el periódico.
El expresidente y sus voceros niegan tales gestiones.