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7-10-15.- Fue sentenciado a un año de prisión por haber infringido zonas vedadas para desmontes en Tartagal.
La justicia de Salta condenó al dueño de una finca de la localidad de Tartagal a un año de prisión por haber infringido zonas vedadas para desmontes, donde taló 10.000 hectáreas de vegetación de manera ilegítima.
Fuentes judiciales destacaron que el fallo dado a conocer el viernes se convirtió en la primera sentencia punitiva a causa desmontes ilegales a nivel nacional.
Y, destacaron que si bien la figura de desmontes ilegales no se encuentra apuntada en el código penal a partir de ahora habrá un precedente jurisprudencial directo.
Culpables
La justicia penal de Tartagal condenó al hacendado Juan José Karlen a un año de prisión por sus actuaciones desde 2013 en zonas del norte salteño adonde estaba prohibido el desmonte.
El hijo del sentenciado, Daniel Karlen, y el encargado de la finca, Miguel Ángel González, fueron absueltos luego de los alegatos, las testimoniales y las declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Estos últimos ratificaron que el 11 de abril de 2013 habían detectado una incipiente actividad ilegal en los terruños de los Karlen y que por ello los intimaron legalmente a que desistieran de seguir avanzando.
Para ello inclusive pusieron franjas de clausura.
Sin embargo, según la acusación, los Karlen removieron las franjas inhibitorias y continuaron con sus desmontes hasta alcanzar la superficie de 10.000 hectáreas taladas de una zona protegida por la Ley de Bosques.
Por ello, el veredicto judicial le atribuye al padre la culpabilidad en el delito de desobediencia judicial agravado por una práctica ilegal, el desmonte de zonas explícitamente protegidas.
El fiscal Pablo Cabot fundamentó el pedido de condena en el artículo 239 del Código Penal que indica que «será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal».
Karlen recibió la máxima condena que podía recibir según el delito que se le imputaba, ya que no sólo desoyó las intimaciones sino que hasta actuó impunemente removiendo las demarcaciones que la Secretaría de Ambiente había hecho en el lugar.
Deforestaron diez mil hectáreas de bosque virgen en territorio indígena de la república Argentina y la justicia salteña condenó a una sola persona a un año de prisión cuando la maquinaria estatal necesaria para que esto suceda es sumamente compleja e implica a cientos de funcionarios públicos. Tomemos conciencia que el genocidio no ha terminado y la maquinaria colonial tampoco.