Érika Ortega Sanoja

 

Así lo denunciamos, desde la cuna del Libertador Simón Bolívar, porque observamos con estupor cómo el aparataje mediático de la familia del presidente Juan Manuel Santos, se está poniendo al servicio de una mentira que repetida mil veces pretenden convertir en verdad.

El presidente Maduro lo dijo bien desde China. Pareciera que Santos estuviera sucumbiendo ante sus propias angustias por no contar con el favor de su pueblo en las venideras elecciones.

En esta operación de falsimedia colombiana, las víctimas ya no son los miles de campesinos acusados de terroristas, ni líderes comunitarios asesinados por paramilitares. Esta vez el ataque es contra Venezuela.

Este jueves hubo una marcha de pimpineros en Cúcuta y nadie se enteró en Colombia. Escoja usted, cualquier medio de ese país: RCN, Caracol, NTN24. Ninguno la difundió. Solamente se atrevió hacerlo TeleSur.

Si de verdad el Presidente neogranadino está dispuesto a colaborar para solucionar este conflicto, que use el garrote, si se atreve, para ponerle coto a los capos de las mafias cucuteñas y bogotanas que viven cual Caín de Venezuela.

La protesta se hizo a las 9 de la mañana y dejó en evidencia el fondo del problema: que ni Uribe, ni Santos han hecho algo para ofrecer empleos o vida digna al pueblo cucuteño. Así, el 80% de la población se dedica a actividades informales. En el caso de los marchistas, al contrabando de gasolina.

Venezuela detuvo esa hemorragia que le costaba a la nación 384 millones de dólares anuales, solo por concepto de extracción ilegal de combustible. Ni hablar de los alimentos y otros productos de primera necesidad.

Entretanto, el gobierno de Santos anuncia que su Fiscal General acusará al presidente Maduro por “haber ordenado la violación de los derechos de ciudadanos colombianos”.

La verdad es que ni es autónomo el Fiscal General de ese país, ni Venezuela ha incurrido en tales violaciones.

Si la Casa de Nariño estuviera interesada en denunciar violaciones a los Derechos Humanos, habría ordenado la investigación de los miles de colombianos descubiertos en fosas comunes, producto de ejecuciones extrajudiciales ordenadas, esas sí, por militares y altísimos funcionarios en las pasadas administraciones de ese país.

En Venezuela, conviven en sana paz 5.6 millones de ciudadanos colombianos que reciben todos los beneficios del sistema de seguridad social creado por la Revolución Bolivariana. Escaparon de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, las Urabeñas y otras innombrables e innobles creadas por el padre del propio ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

En resumen, y aunque hoy tienda puentes, ya nadie cree en la política de softpower (poder suave) que Santos aprendió bien de su maestro, Estados Unidos y menos el pueblo de Bolívar que no comerá la zanahoria de la oligarquía colombiana.

Si de verdad el Presidente neogranadino está dispuesto a colaborar para solucionar este conflicto, que use el garrote, si se atreve, para ponerle coto a los capos de las mafias cucuteñas y bogotanas que viven cual Caín de Venezuela. Que entregue la lista de paramilitares desmovilizados hacia el territorio venezolano, que devuelva los productos extraídos en forma ilegal y derogue las leyes que legitiman el ataque contra la moneda nacional por acción de sus casas de cambio.

Somos bolivarianos, sí, pero no pendejos o pendejas… Somos los hijos e hijas de Hugo Chávez y decimos al mundo a viva voz: ¡VENEZUELA SE RESPETA!