El presidente de Colombia, Juan Manual Santos, después de haber sufrido “un revés” en la OEA, según sus propias palabras, y otro en UNASUR, aunque no lo haya reconocido públicamente, expresó que su país podría denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad por “la deportación o traslado forzoso de población de colombianos”. El anuncio es un acto sin basamento jurídico y una provocación desde el punto de vista político-diplomático, que solo se explica por el apoyo irrestricto que el mandatario colombiano sabe que recibirá para su show por parte de los medios de comunicación hegemónicos nacionales e internacionales.
Desde el punto de vista de jurídico, se entenderá como crimen de lesa humanidad, tal y como lo define el estatuto de roma, la “deportación o traslado forzoso de población” cuando “se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. No obstante, en el caso que denuncia Santos, no existe ataque alguno contra la población colombiana. Además, hemos de tener en cuenta que las deportaciones no son una política generalizada, sino que está afectando únicamente a personas que se encuentran en situación de irregularidad en las zonas de frontera en las que se ha dictado un estado de excepción para poner fin al paramilitarismo y contrabando de productos venezolanos, cuyo origen en ambos casos proviene de Colombia. La denuncia de Santos también olvida que cinco millones de colombianos viven en Venezuela, es decir uno de cada seis habitantes de este país, o dicho de otro modo, más de la décima parte de los habitantes de Colombia.
Desde el punto de vista político-diplomático, las declaraciones de Santos son claramente una huida hacia delante, pues siendo consciente de los delitos que se cometen cotidianamente en su frontera con Venezuela, en vez de contribuir en su solución prefiere salir con bravuconadas y hacerse pasar por la víctima. Los dirigentes colombianos, ahora Santos y antes Uribe, saben que los medios de comunicación hegemónicos, con quienes existe plena coincidencia ideológico/económica, les sirven de altavoces sin discutir lo absurdo y carente de base de estas acusaciones. De hecho, no es la primera vez que Colombia hace un uso político de la CPI en contra de Venezuela acompañado de un circo mediático pero sin consecuencias jurídicas. Álvaro Uribe, el mentor de Santos, llegó a hacerlo en dos ocasiones. En el año 2008, tras el asesinato de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano y la incautación de las famosas computadoras del guerrillero cuya veracidad nunca fue comprobada, Uribe amenazó con llevar al presidente Chávez ante la CPI por “por patrocinio y financiación de genocidas”. Posteriormente en los últimos días de su gobierno y en medio de un impasse bilateral, Uribe volvió al desatino y afirmó que denunciaría al presidente Chávez por delitos de guerra y lesa humanidad. En este caso el absurdo fue tal que hasta el expresidente colombiano Ernesto Samper criticó la medida y la calificó como una forma de “echarle más leña a la hoguera, a radicalizar las posiciones de los dos países, a que se cierren más las fronteras”. Esperemos que Samper, hoy Secretario General de la UNASUR que está abogando por una pronta reunión entre los presidentes de Venezuela y Colombia, le recuerde a Santos que el camino tomado es equivocado y contraproducente.
Comprobamos que el presidente Santos y los medios de comunicación que le hacen el juego, están tratando de desviar la atención del problema real y mediante el uso de la propaganda coaccionar al público “con el fin de disminuir la libertad del receptor y su capacidad crítica hasta el punto de inducirle a ponerse por completo a favor de las ideas e intereses del informador” (Blázquez, 2000: 50). Santo utiliza un peligroso discurso que pretende apelar a un sentimiento nacionalista que manipula para volver a la opinión pública de su país contra Venezuela una vez más y exacerbar los sentimientos más bajos entre pueblos hermanos. No sería la primera vez que el abuso de estas técnicas propagandísticas acaba en un conflicto bélico.
Pero si de la CPI se trata, mientras que su fiscal ha rechazado los casos contra Venezuela, Colombia se encuentra bajo examen preliminar desde el año 2004 y se ha determinado que:
“la información disponible brinda una base razonable para creer que desde 1 de noviembre de 2002 (cuando entró en vigor la ratificación del Estatuto de Roma en este país) se han cometido en Colombia crímenes de lesa humanidad de conformidad con el artículo 7 del Estatuto. Entre ellos, figuran: asesinatos; traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física; tortura; y violación y otras formas de violencia sexual. También hay una base razonable para creer que a partir del 1 de noviembre de 2009 (cuando la reserva por siete años a los crímenes de guerra que realizó Colombia venció) se han cometido en la situación en Colombia crímenes de guerra con arreglo al artículo 8 del Estatuto. Entre ellos: homicidios; ataques dirigidos contra la población civil; torturas y tratos; ultrajes contra la dignidad personal; toma de rehenes; actos de violación y otras formas de violencia sexual; y el reclutamiento, alistamiento y utilización de niños para participar activamente en las hostilidades”.
Por lo tanto el país que tiene las de perder en materia de violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y guerra es Colombia. Santos, si no se cuida, podría acabar en la cárcel, pues es él y gran parte de la clase política y militar colombiana quienes tienen las manos manchadas de sangre. Una lástima que la CPI haya sido cooptada por los poderes hegemónicos y amigos de Santos, lo que impide que se haga Justicia en países como Colombia, aunque en este tema hay mucha tela que cortar y merece ser desarrollado en un próximo artículo.