Suiza no valida las 4040 cuentas en el HSBC de Ginebra que destapara Hervé Falciani, reclamadas por Argentina, pues dicha información fue obtenida ilegalmente por el exempleado del banco, actualmente perseguido penalmente por Suiza, explicó a esta semana en Ginebra Jacques de Watteville, Secretario de Estado sobre cuestiones financieras internacionales del Departamento (ministerio) Federal de Finanzas suizo.
“No validamos esa lista porque fue robada. Falciani es objeto de un pedido de captura internacional por infracciones cometidas en Suiza”, afirmó de Watteville. En ese contexto, la Argentina creo a fines de 2014 una Comisión parlamentaria bicameral para investigar la fuga de divisas, que tiene 180 días para presentar un informe, susceptible de evocar el escándalo de las 4040 cuentas no declaradas descubiertas en la filial Ginebra del HSBC, a las que se les atribuyen activos por 3500 millones de dólares.
“Pero integrar esa lista no pone a las personas allí citadas al abrigo de persecución legal por parte de las autoridades de cualquier Estado. Si algún país ha abierto un sumario sobre una de esas personas y dispone de pruebas de evasión fiscal, pueden dirigirse a la autoridad administrativa en Suiza (ministerio de Finanzas) y pedir la cooperación”, agregó el Secretario gubernamental helvético, competente respecto a la lista Falciani. La AFIP recibió una copia por intermedio del ente impositivo de Francia, donde ha fijado domicilio el otrora empleado del HSBC, gestión que no exime a la Argentina de tramitar la validación de dichas cuentas ante Suiza, país donde se habrían perpetrado los supuestos delitos en perjuicio del fisco argentino.
Las declaraciones de Jacques de Watteville apuntan a los pedidos que pueden hacer a la Confederación Helvética los países que, por motivos fiscales, buscan “establecer la existencia de cuentas de cualquier persona no residente en Suiza”, peticiones que “deben hacerse caso por caso”. Precisó que esos pedidos no tienen que ser formulados según las denominadas “expediciones de pesca” (fishing expedition), o sea por grupos de personas que hayan actuado de forma semejante para abrir cuentas en Suiza.
Al propio tiempo es conocido por los medios de comunicación argentinos que la juez María Verónica Straccia, a cargo del Juzgado Penal Tributario número 3, envió en febrero pasado un exhorto a Suiza, aparentemente relacionado con estas cuentas, cuyo contenido se desconoce públicamente. Sin embargo, la Oficina Federal de Policía en Suiza, aún no informó a la prensa sobre la admisibilidad de esa rogatoria, que tendería a validar la existencia de ciertas cuentas reveladas por Falciani.
La semana pasada, el fiscal Claudio Navas, quien representa al Ministerio Público en el procedimiento que impulsa la jueza Straccia en Buenos Aires contra el HSBC, solicitó la indagatoria de 204 personas que serían titulares de cuentas en el HSBC de Ginebra, pero los nombres de los imputados restan por confirmar.
En lo concerniente a no utilizar la vía administrativa para obtener información fiscal de Suiza, y en su lugar servirse de la vía judicial, es decir la vía penal, que presuntamente sería la emprendida por la jueza Straccia, el Secretario de Watteville señaló que por tal vía Suiza solo coopera en casos de fraude fiscal, los cuales exigen que se haya llevado a cabo una estafa fiscal, esto es falsificar documentos para sustraerse al fisco a efectos de evadir impuestos. Así lo dispone el apartado c, del artículo 3 del Tratado de Asistencia Judicial mutua, en vigor para los dos países desde el 16 de febrero de 2013.
En cambio, para repatriar cuentas suizas que abrigarían fondos procedentes de la simple evasión fiscal, por el único hecho de omitir datos a la autoridad recaudadora de impuestos, la vía judicial no es pertinente para Suiza, que acepta entrar en materia exclusivamente por la vía administrativa, la cual involucra, de manera excluyente de otras jurisdicciones, a la administración fiscal federal helvética, y en Argentina, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Suiza y Argentina firmaron en marzo de 2014 una Convención contra la Doble Imposición (CDI), que recién entraría en vigor en 2016 una vez ratificada por sus parlamentos, instrumento que va a regular el intercambio de información fiscal entre los dos países. El Congreso argentino ya ratificó esa CDI, por ley 27.010 del 12 de noviembre de 2014. La Cámara de diputados de Suiza lo hizo el 2 de marzo de 2015, y se aguarda que el Senado se sume en junio venidero.
Mientras tanto, ambos países pueden colaborar intercambiando información fiscal caso por caso por vía administrativa. Eso reserva a la Argentina la posibilidad de tomar iniciativas a través de la AFIP, no por cuerda judicial, en el marco del estándar internacional fijado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a instancias del G 20, modelo que inspira la CDI suscripta por Suiza y Argentina, y las demás que se están adoptando internacionalmente.