Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el grupo guerrillero más antiguo que existe en el planeta, es un grupo colombiano de ideología marxista-leninista-bolivariana cuyo método de lucha contempla tanto la guerra de guerrillas como el combate regular convencional y cuyo objetivo declarado, con arreglo a lo planteado en muchos de sus comunicados, es implantar en Colombia un estado socialista, acabando con las desigualdades sociales, políticas y económicas, así como con la intervención militar y de capitales estadounidenses en ese país. Sus actividades también han incluido secuestros de personas, con fines políticos y de financiamiento, y la utilización de armas no convencionales como cilindros (bombonas) de gas, utilizados como bombas.
Las FARC son consideradas una agrupación terrorista por el gobierno de los Estados Unidos y la mayoría de los gobiernos de sus aliados incondicionales, entre ellos: los de Colombia, Chile, Perú, Canadá, Nueva Zelanda y todos los de la Unión Europea; sin embargo, gobiernos de otros países latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Uruguay y Venezuela no le han aplicado esta calificación. El gobierno de Ecuador, país limítrofe con Colombia al igual que nosotros le otorgó el reconocimiento de «grupo irregular» y el Presidente Correa ha dejado claro que no les considera terroristas, ni beligerantes, simplemente «irregulares» y que el llamarlos terroristas ha sido una imposición de los Estados Unidos. El Gobierno Revolucionario, en cabeza del propio Comandante Chávez solicitó en su momento que se le otorgase un estatus de “grupo beligerante” y desde luego no las consideraba terroristas; sin embargo les ha pedido liberar a los secuestrados y a solicitud del gobierno colombiano ha tenido activa participación en no pocas liberaciones unilaterales desde el año 2.008.
Desde su inicio de actividades en 1.964, hace ya más de medio siglo, cuando su fundador, Pedro Antonio Marín (a) Manuel Marulanda Vélez o “Tirofijo” era su máximo dirigente, hasta mediados de la primera década del siglo XXI tuvieron siempre una trayectoria ascendente, llegando a tener más de 20.000 efectivos en combate, más o menos la misma cantidad de efectivos armados en labores de apoyo y casi el doble de la suma de esas cantidades, de personas casi siempre parientes, que sin estar armados les suministraban víveres, los alertaban sobre la presencia del ejército colombiano y les daban refugio, lo que les permitía un alcance efectivo sobre la casi totalidad del territorio colombiano. En suma, llegaron a ser un auténtico ejército: bien equipado, con experiencia de combate y con suficiente apoyo popular, todo lo cual hacía presagiar un triunfo militar y político sobre el gobierno burgués colombiano, a plazo más corto que largo.
A finales de 1.999, siendo presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton, con el pretexto de apoyar a Colombia en la lucha contra las drogas, se discutió en el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley cuyo engañoso y pomposo nombre en castellano era “Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del estado colombiano” (1) , uno de cuyos ponentes era el senador Paul Coverdell, tristemente célebre por haber pronunciado aquella frase lapidaria que señala: “Para controlar a Venezuela es necesario intervenir militarmente a Colombia”. La ley aprobada con base en ese proyecto, impuesta a Colombia sin consulta alguna con su pueblo, es conocida coloquialmente como “Plan Colombia”, aunque las políticas que entraña y las consecuencias de su aplicación trascienden extraordinariamente las fronteras territoriales, políticas, sociales y culturales del vecino país.
Aparte de haber generado un crecimiento desmesurado del ejército colombiano que según varias fuentes cuenta en la actualidad con más de medio millón de efectivos y una notable hipertrofia de las policías y demás cuerpos de seguridad y orden público, así como haber promovido la creación de un ejército paramilitar de ultraderecha, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ejecutor de las más terribles prácticas terroristas aprendidas de sus instructores del Mossad (servicio de inteligencia israelí), el Plan Colombia, con intervención directa del Pentágono, la CIA, la DEA y el Departamento de Estado ha sido un rotundo fracaso en lo que se refiere a dos de sus principales objetivos declarados: el combate a la insurgencia y el combate al narcotráfico. En efecto, las FARC, principal grupo insurgente, después de unos descalabros iniciales y sobreponiéndose a la muerte de algunos de los más conspicuos miembros de su directorio (Raúl Reyes, Alfonzo Cano y el Mono Jojoy) han logrado una importante recuperación, que es puesta en evidencia por el hecho de que para el año 2.010 se estimaba que las FARC estaban presentes en 24 de los 32 departamentos de Colombia, sobre todo en el sur y el este del país, concretamente en Putumayo, Tolima, Nariño, Cauca y Valle del Cauca (2) ; algo parecido ha ocurrido con el combate al narcotráfico que en opinión del brillante analista Atilio Borón apoyadas en informes de Naciones Unidas, en lugar de disminuir, ha aumentado de manera exponencial, al igual que en Méjico y Afganistán, que son países que también padecen una intervención directa de los Estados Unidos. Resulta imposible dar por terminado este punto sin antes señalar la existencia del llamado «Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad”, suscrito entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, firmado el 30 de octubre de 2.009 y publicado en la tarde del 2 de noviembre, del mismo año, que equivale a una anexión de Colombia a Estados Unidos, al poner en manos de los gringos no sólo sus principales bases militares, sino también los aeropuertos civiles y cualquier otra instalación que pueda ser útil a las fuerzas de la OTAN. Acuerdo que adicionalmente contempla, como si lo anterior fuera poca cosa, la cesión sin restricciones del espectro radioeléctrico colombiano (3) , pero que habiendo sido declarado inexequible (que no se puede hacer, conseguir o llevar a efecto) por la Corte Constitucional de Colombia, ha sido sumisamente aplicado por Alvaro Uribe Vélez, quien lo firmó con Obama y por su sucesor J. M. Santos.
Pero resulta que también ha fracasado el Plan Colombia en relación a su objetivo encubierto de crear las condiciones necesarias para poder ponerle la mano a nuestros hidrocarburos y demás recursos naturales, que es el interés real de los gringos, ya que mientras existan en la retaguardia de un eventual conflicto militar entre Colombia y Venezuela los más de 20.000 hombres en armas que aún mantienen las FARC-EP y el ELN no hay posibilidad alguna de que Estados Unidos lance desde Colombia operaciones militares o paramilitares hacia Venezuela, puesto que tales fuerzas revolucionarias constituyen con su sola existencia, aun sin proponérselo, un muy efectivo muro de contención.
A finales del año 2.012, estando el juego empatado pues ni las FARC ni el ejército burgués colombiano se consideraban en capacidad de derrotar a su contrario en el mediano plazo, el directorio de las FARC aceptó una propuesta del presidente Santos para iniciar un diálogo y unas negociaciones por la paz, con el objetivo declarado de “terminar el conflicto”, por parte del gobierno y de “buscar la paz con justicia social por medio del diálogo”, según palabras de Iván Marquez (4) , jefe del equipo negociador de las FARC. Dicho diálogo, iniciado en Oslo (Noruega) y continuado en La Habana (Cuba), con la garantía de los gobiernos de estos países y el acompañamiento y facilitación de nuestro gobierno revolucionario, es lo que se conoce con el nombre de “Proceso de Paz Colombiano”, que en medio de unas de cal y otras de arena se ha mantenido activo hasta nuestros días, manteniendo probabilidades ciertas de lograr sus objetivos prácticos en el corto plazo.
En lo personal siempre me ha preocupado que en el caso de lograrse un eventual acuerdo, el gobierno colombiano y más aún su amo gringo sea capaz de respetar las necesarias garantías que lo hayan hecho posible. Los gringos tienen un larguísimo historial de incumplimiento de las promesas y obligaciones resultantes de los innumerables tratados internacionales que han suscrito y hasta de los nacionales, como los tratados que lograron firmar con sus pueblos aborígenes para desplazarlos de sus territorios ancestrales. Extremadamente dolorosa y aleccionadora al respecto resulta ser la experiencia de la Unión Patriótica, partido político colombiano de izquierda, fundado en 1985 como parte de una propuesta política legal de varios grupos guerrilleros que se desmovilizaron, entre ellos el Movimiento de Autodefensa Obrera (ADO) y los frentes Simón Bolívar y Antonio Nariño, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con participación además del Partido Comunista de Colombia, cuyo primer Consejo Directivo fue encabezado por el Secretariado de las FARC. El caso es que dos candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de unos 5.000 de sus militantes fueron sometidos a exterminio físico y sistemático por miembros de las fuerzas de seguridad del estado (ejército, policía secreta, inteligencia y policía regular), grupos paramilitares y narcotraficantes; obligando además a que muchos de los sobrevivientes al exterminio tuvieran que abandonar el país (5) . ¡Un auténtico genocidio, hasta ahora impune! Correr el riesgo de que un hecho tan monstruoso como éste pueda repetirse ahora sólo se justifica por la posibilidad de darle cause político de solución a una problemática que luce militarmente irresoluble en el mediano plazo, por la conveniencia de atenuar los grandes sacrificios a los que se ha visto sometido el pueblo colombiano por más de medio siglo por causa de esta guerra y porque como ha dicho Atilio Borón, el conflicto colombiano es el mejor pretexto para la militarización de la región por parte los Estados Unidos.
Adicional al proceso de paz adelantado con las FARC es altamente probable que pronto se inicie otro con el ELN, según se desprende de la invitación a La Habana hecha por el gobierno colombiano a su jefe Gabino y la sugerencia que le hiciese Timochenko, el actual jefe de las FARC, de iniciar el proceso de negociación tan pronto como ello sea posible (6) . Otro riesgo de gran dimensión, esta vez para Venezuela y nuestra revolución, es el desmontaje del muro de contención que representa el accionar de ambos ejércitos en territorio colombiano a causa de sus respectivas desmovilizaciones aunque éstas logren hacerse sin entrega de las armas, como lo vienen exigiendo los negociadores de las FARC.
No se trata de paranoia, el riesgo antes descrito es real y prueba de ello es que no habiendo concluido aún el“Proceso de Paz” de manera exitosa, el Ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, en supremo gesto de sumisión corrió a la capital imperial a “pedir línea” sobre qué hacer con su mega ejército de más de medio millón de efectivos y con los numerosos grupos paramilitares que controla, para lo cual convocó una mesa de “expertos”en la que participaron, entre otros halcones, Mary Beth Long Ex subsecretaria de Defensa de los Estados Unidos, con experiencia de trabajo en la CIA, la NSA y el Departamento de Estado y Rudolph Giuliani, quien era el alcalde de Nueva York para el momento de los falsos positivos del 11 de septiembre de 2.001. Los análisis y recomendaciones de ambos, que imagino fueron ampliamente celebradas por el cipayo Pinzón, son todo un poema: Mary Beth señala, palabras más, palabras menos, que el ejército colombiano, una vez desmovilizadas las FARC, debe preparase para enfrentar a Venezuela; Rudolph, que no es el reno de la canción navideña gringa pero si fue el jefe de aquel “superpolicía” que trajo Alfredo Peña cuando fue alcalde metropolitano de Caracas para entrenar a la PM en las más refinadas técnicas represivas, piensa que la fuerza pública debe dedicarse a combatir la delincuencia en el posconflicto (7).
Concedo suma importancia a unas declaraciones de Juan Carlos Tanus, representante de la “Asociación Civil Colombianos y Colombianas en Venezuela” quien a propósito del desenlace previsible del “Proceso de Paz”, ha señalado hace poco que e l gobierno de los Estados Unidos, ante el fracaso de las arremetidas que ha desarrollado hasta ahora para acabar con la Revolución Bolivariana, ha puesto en marcha un nuevo plan contra Venezuela con apoyo de la derecha colombiana. Y en otra parte de sus declaraciones explica que el plan de la estructura militar colombiana obedece lógicamente a los intereses del gobierno norteamericano, señalando textualmente: “Hoy y siempre ha sido así, desde 1902 con la separación de Panamá de Colombia, el gobierno norteamericano ha administrado el aparato político y la situación del conflicto colombiano” (8) .
De lo descrito en los párrafos anteriores es posible concluir que hace ya largo rato que tenemos suficientes motivos para mantener encendidas y a máxima intensidad todas las alarmas en relación al gobierno oligárquico y entreguista de Colombia, y eso que todavía no hemos considerado el probable comportamiento en medio de un eventual escenario de conflicto bélico, del inmenso contingente de colombianos que habitan entre nosotros, lo cual habré de intentar en unas próximas notas. Buenas son las manifestaciones de solidaridad con nuestro vecino, asociadas al carácter internacionalista de nuestra revolución y mejores aún los esfuerzos que hacemos por la integración de todos los pueblos de Nuestra América, pero primero que todo debe estar la integridad y la soberanía de nuestra Patria que sólo está garantizada por la plena vigencia de nuestra revolución.
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!
Notas:
(2) http://actualidad.rt.com/
(3) http://www.granma.cu/granmad/
(4) http://es.wikipedia.org/wiki/
(5) http://es.wikipedia.org/wiki/
(8) http://laiguana.tv/articulos/