Marcos Piña
Una reciente información aparecida en medios de la derecha argentina, Clarín (EE.UU. apunta al Gobierno por La Salada) y La Nación (Estados Unidos apunta a Cristina por La Salada) replicada por la cadena de medios de desinformación masivos nacionales e internacionales, intenta instalar la idea basada en que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, estimula y protege supuestos delitos de «piratería» y «contrabando». Los dos titulares de estos diarios, de por sí intimidatorios, se refieren a un informe publicado por un gobierno extranjero y una de sus agencias -la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, siglas en inglés).
Anualmente el gobierno de los EEUU elabora el “Watch List 301”, mediante el cual observa y clasifica a los gobiernos con los que mantiene relaciones comerciales bilaterales según el grado de cumplimiento de los estándares de propiedad intelectual fijados por esa administración en aspectos como las marcas, el derecho de autor o las patentes.
Año tras año, los medios de comunicación articulados con la Cámara de Comercio de los EE UU (AmCham) publican noticias y artículos de opinión para desprestigiar y presionar a los gobiernos a realizar modificaciones normativas en las políticas de propiedad intelectual para favorecer los intereses de estas empresas que comercializan sus productos en todo el mundo: vestimenta, calzados, productos audiovisuales, software, video juegos, películas y música, libros, comercio por internet nacional o internacional, autopartes, medicamentos, alimentos, dispositivos electrónicos y demás artículos en los que las empresas del país del Norte basan buena parte de su producción exportable en plena crisis económica iniciada en 2008 a partir de los «subprimes» propagada a las economías del centro y la periferia.
A medida que va presionando, el lobby realizado en representación de estos intereses logra algunas conquistas a favor de la empresas, como en el caso de las entidades de derechos colectivos privados como AADI CAPIF autorizadas a recaudar por ley las tasas por derechos económicos para las empresas extranjeras que les permite apropiarse de la mayor parte de las ganancias de los verdaderos autores, compositores o intérpretes; hecho poco cuestionado por los mismo afectados.
Por otro lado, las principales «Marcas» de ropa y calzado, cuyos productos de alta demanda poseen precios al público exorbitantes, presionan constantemente a las autoridades nacionales y provinciales para que adopten medidas represivas policiales (que llegan hasta la agresión física y el encarcelamiento de vendedores) para impedir la comercialización de artículos de menor calidad y precio de las ferias informales tal como sucede con «La Salada», mencionada desde hace varios años por la USTR que a partir del 2013 elabora un informe específico para los países que en la lógica de los intereses transnacionales, fomentan la piratería y el contrabando, afectando las ganancias de estos grupos empresariales extranjeros remitidas al exterior como dividendos o fugadas mediante mecanismos legales o ilegales de salida de capitales.
«Pese a los llamados tanto de EE.UU. como de la Unión Europea para abordar el problema del contrabando y la piratería, el Gobierno argentino parece tolerar esta comercialización», menciona el documento de título original «2014 Out-of-Cycle Review of Notorious Markets» [i]que reseña las políticas llevadas a cabo por los diversos países relacionadas con los grandes mercados informales físicos y con los nuevos mercados digitales o sitios web de venta de productos.
El documento está basado en información de los propios medios de prensa de cada país y recolectados por la Oficina de Comercio de los Estados Unidos. La oficina redacta el informe y los medios publican la noticia, y así realizan una retroalimentación y propagación de la información publicada para defender sus intereses y dañar la imagen del gobierno que luego presionarán para producir los «cambios necesarios», es decir, la remoción de los mercados informales. [ii]
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En Argentina le han puesto la mira a Cuevana por su servicio de streaming «Cuevana Storm» basado en la tecnología Bit Torrent que permite a los usuarios ver contenidos de videos sin permiso de los autores (empresas), mencionando otros sitios como Bajui.com, Catshare.net, Darkwarez.pl, Ex.ua, Extratorrent.cc o Free-TVvideo online.me
Los dominios son regulados internacionalmente por los procedimientos y políticas de la “Internet Corporation for Assigned Names and Number” (ICANN), que es controlada por las propias empresas estadounidenses mediante la participación de supuestas organizaciones «neutrales» de la sociedad civil, enviadas por los propios gobiernos.
Para el informe, el mercado La Salada -«el mayor mercado negro que opera en Sudamérica»- vende productos contrabandeados y pirateados porque el gobierno de Argentina se muestra tolerante con sus dueños que además comercializan los productos desde su nuevo sitio de internet LaSalada.com., según ha publicado la prensa «independiente», es decir, Clarín y La Nación.
[ii]El informe menciona a el mercado existente en la Triple Frontera Argentina, Brasil y Paraguay como centro de recaudación mediante la piratería y el contrabando de supuestos grupos terroristas islámicos que ocasionara en el pasado el intento de los EE UU de enviar tropas para intervenir en esa región.
Fuente: http://observadorpatentesur.blogspot.com.ar/2015/03/ee-uu-apunta-cristina-por-pirateria-y.html#more