Nicolás Álvarez Guevara
Es muy llamativo que quienes deben investigar delitos federales relacionados con el narcotráfico, el terrorismo de Estado, la trata de personas, los desfalcos al erario público, el lavado de dinero, la fuga de capitales, el contrabando o demás actividades delictivas, lleven a delante una Marcha del Silencio acompañados de la oposición política relacionada con la embajada de EE. UU, Israel y algunos países europeos.
Estos fiscales no solo no han ayudado a esclarecer casi ninguno de estos hechos vandálicos perpetrados por empresas nacionales e internacionales mafiosas, sino que por el contrario y ordenados por sus patrones, se han dedicado a investigar a la presidenta y sus ministros para generar un estado de sospecha sobre ellos y la desestabilización institucional del país.
Para ello cuentan con la colaboración de los más sofisticada tecnología aplicada por los servicios de inteligencia extranjeros en materia de fraude, estafas, creación de pruebas falsas, escuchas ilegales, infiltración de organismos de gobierno, de seguridad, judiciales que incluyen la compra de voluntades, el espionaje electrónico, el asesoramiento en rumores y guerra sucia, el soborno a periodistas, opinólogos y pseudo-especialistas y peritos, como el montaje de pruebas falsas con estrategias sutilmente implementadas que conforman un verdadero complot para desplazar a la presidenta argentina, Cristina Fernández.
La acusación falaz del fiscal Nisman es parte de esta confabulación pues fue en vida el encargado de llevar adelante la más grave acusación realizada contra un presidente constitucional de la Nación en la historia argentina por haber realizado un supuesto encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) realizado en Buenos Aires en el año 1994 con un saldo de 85 víctimas.
Las falsas acusaciones de Nisman fueron basadas exclusivamente en escuchas legales e ilegales realizadas por un sector de los servicios de inteligencia argentinos ligados a la CIA y al MOSSAD, quienes realizaron el apoyo logístico, jurídico y operativo de algunos agentes nacionales que fraguaron una investigación fraudulenta llevada a cabo por el fiscal vinculado a la embajada de EEUU. e Israel para atacar políticamente a la presidenta argentina, quien realizó en los últimos tiempos un cambio geopolítico en sus relaciones económicas para beneficiar a la población argentina y alejarse de la nefasta influencia de algunas empresas transnacionales estadounidenses y europeas que han intentado desestabilizar económicamente al gobierno mediante golpes financieros y que no han logrado sus propósitos.
Nismas fue inducido a la muerte por sus propios jefes para generar un acontecimiento de conmoción política e institucional que responsabilice al gobierno aumentando así la presión judicial, política y mediática intentando colocar a la población en contra de la presidenta Cristina Fernández, quien ya venia siendo agredida mediáticamente con una estrategia de saturación e intoxicación desde el grupo clarín y los canales privados de televisión por cable, radios, internet y redes sociales.
La inducción al suicidio fue el pago final a Nisman inmediatamente después de presentar la denuncia por encubrimiento de un crimen de lesa humanidad perpetrado por funcionarios del gobierno de Irán a una institución civil israelí, según la falsa denuncia de Nisman, quien luego de realizar la presentación judicial tras recibir una suculenta cantidad de dinero en efectivo, corrió al canal Todo Noticas de Clarín para lanzar su estocada final ante la ciudadanía pero sin percibir que sus superiores le habían asignado la última tarea de su vida: suicidarse.
Los poderes reales que perpetran todos los días invasiones, bombardeos, asesinatos selectivos, secuestros y todo tipo de crímenes realizaron una nueva operación contra un gobierno que, habiendo defendido la gobernabilidad ante estos poderes fácticos mafiosos, ahora es destinataria de un feroz ataque golpista para generar un cambio de autoridades hacia un régimen pro estadounidense e israelí que garantice completamente los negocios financieros y económicos a sus empresas y socios argentinos.
La «Operación Nisman» se ha puesto en marcha y amenaza con imputar por encubrimiento a la presidenta Kirchner, el canciller Timerman y otras personas, que el parlamento solicite un juicio político y se genere un movimiento destituyente para adelantar las elecciones y terminar con la expriencia kirchnerista de gobierno, para abrir pasó a una nueva etapa de gobierno conservador que se ajuste a las políticas de Washington y Tel Aviv.