Manuel Martín García
La reciente decisión de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) retirar más de 700 medicamentos genéricos de venta en Europa fabricados por la empresa india GVK Biosciences in Hyderabad (seguida a pies juntillas por la Agencia Española del Medicamento que ha suspendido 29 de estos medicamentos en nuestro país) ha sido valorada desde diferentes foros sanitarios como una represalia comercial por la decisión de las instituciones de la India de negar a la multinacional Gilead el monopolio de la patente del sofosbuvir (para tratar la hepatitis C) por entender que los “cambios menores” introducidos en la molécula por este laboratorio no justifican la exclusividad de comercialización que reclama. Esta decisión ha abierto la posibilidad de fabricar y distribuir el medicamento Sovaldi como genérico en los países que habían sido excluidos por la farmacéutica por no poder pagar el astronómico precio que el laboratorio fijó unilateralmente.
Esta medida resulta muy sospechosa dado que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha revisado a la ‘baja’ sus criterios para decidir si un miembro o empleado del órgano cae en conflicto de intereses con la industria farmacéutica (los propios responsables de la institución reconocieron recientemente que el enfoque que había hasta ahora respecto a esta cuestión era “demasiado rígido”) y su financiación corre en un 80% a cargo de multinacionales farmacéuticas, potenciales beneficiarias de sus decisiones. Reforzando estas sospechas el propio Comité de Medicamentos de Uso Humano de la EMA (que integra a representantes de todas las agencias nacionales y europeas) revisó todos los fármacos autorizados en la UE de la compañía india GVK y no encontró pruebas de que los medicamentos retirados pueda causar daño o resultar ineficaz, pese a lo cual recomendó la suspensión de la autorización para comercializarlos.
Un primer efecto colateral asociado a esta prohibición es la puesta en cuestión, ante la opinión pública y profesional, de la calidad de los medicamentos genéricos, que son más baratos que los de marca por tener la patente caducada, y que suponen un ahorro enorme para los servicios sanitarios y los pacientes que los utilizan, especialmente en países pobres (como empieza a ser España).
La Unión Europea, a través de la EMA, está apoyando los intereses empresariales de las multinacionales farmacéuticas europeas en contra de la salud de la población mundial, especialmente la de los países en vías de desarrollo de Asia, África o América que mayoritariamente casos carecen de capacidad para investigar o comercializar medicamentos. Resulta ilustrativa la represalia comercial contra este laboratorio de la India, dado que este país, junto a Brasil y Sudáfrica África del Sur, está desarrollando una potente industria de producción de medicamentos genéricos (que han perdido la patente) que ponen a disposición de países pobres medicamentos a precios asequibles. Es indecente poner un precio de 300 euros por una pastilla que cuesta fabricar 3 euros lo que eleva el precio del tratamiento básicos a 25.000 euros, o 42.000 si se asocia a otros antivirales ya que como indica la ficha técnica del producto en los casos complejos ha de administrarse junto a otros medicamentos como el interferón y la ribavirina, que son los que se usan ahora y que presentan importantes reacciones adversas.
Gilead (que más que laboratorio es un fondo de inversión internacional que adquiere y comercializa medicamentos y que tiene una importante participación en Bankia, BBVA, Santander, Inditex o ENDESA), compró al laboratorio Pharmaset por 11.000 millones de euros un molécula que costó 60 millones en investigar ya que parece ser una modificación de un medicamento antiviral que se venía utilizando en el tratamiento del VIH (SIDA). Esta importante inversión explica por qué que se puso un precio tan descabellado al Sovaldi
La retirada de la comercialización de los 700 genéricos por de las Agencias Europeas y Española del Medicamento, es una nueva escaramuza de la feroz guerra que libran las multinacionales farmacéuticas a nivel mundial con el apoyo y complicidad de gobiernos e instituciones de la Unión Europea, los Estados Unidos (cuya agencia de medicamentos FDA también esta fuertemente influenciada por los intereses económicos de las farmacéuticas) y la Organización Mundial del Comercio que defiende a ultranza las patentes comerciales en medicina. Las multinacionales luchan a muerte entre sí por apoderarse de gran parte de los miles de millones que los países destinan a salud. En Europa el laboratorio Gilead está citado ante tribunales del Reino Unido, Francia y Alemania por demandas de otros laboratorios como Idenix (que alega que patentó un antiviral cuyo principio activo es similar al sofosbuvir); Merck Sharp & Domhme que exige a Gilead el 10% de los beneficios por la venta del Sovaldi basándose en que patentó antes dos medicamentos similares (y que posteriormente compró Indenix por 3.342 millones de euros para reforzar su posición en el mercado de la hepatitis C); o Roche que solicitó un arbitraje para participar en los beneficios del Sovaldi alegando que había estado asociado a Pharmasset antes de la compra de Sovaldi por Gilead. Habría que recordar que uno de los pilares del acuerdo entre la Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea para liberar los servicios públicos en Europa era reforzar los derechos de las multinacionales sobre las patentes.
La conclusión final es que en esta nueva “Guerra Mundial” (que también tiene multitud de muertos y heridos) las víctimas principales son los pacientes a los que se dificulta el acceso a los tratamientos por motivos económicos; los sistemas sanitarios públicos que pagan miles de millones de euros por los medicamentos que ponen en riesgo su sostenibilidad; y los contribuyentes que los sostienen con sus impuestos. No hay que olvidar que cientos de pacientes con Hepatitis C están encerrados en hospitales españoles en demanda de un tratamiento que se les deniega por el Ministerio de Sanidad y algunas CCAA por su elevado precio (aprobado por el actual gobierno tras negociar con la empresa Gilead).
Manuel Martín García. Presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública