Sally Burch
ALAI AMLATINA,
¿Podemos imaginar la vida sin tecnologías digitales? Sin celular, sin SMS ni email, sin redes sociales; con semáforos descompuestos, computadoras en huelga, centrales telefónicas colapsadas, congestión en los bancos, satélites desconectados… y un largo etcétera. Hace solo dos décadas, desconocíamos estos inconvenientes, y la pesadilla que sería tener que prescindir de ellas, ahora que las tecnologías digitales se han convertido en el sistema nervioso central de la economía, la información, la investigación, la política, los modos de organización de la sociedad e incluso, en buena medida, de las formas de interrelación personal.
Cabe, entonces, preguntarnos, qué implicaciones podría tener esta revolución digital para nuestro futuro; cómo incidir en su rumbo; y cómo reducir la vulnerabilidad que engendra esta alta dependencia tecnológica.
Al ser tan ubicuas, estas tecnologías se han vuelto transparentes: muchas veces ya ni las percibimos; y justamente por ello, poco nos preocupamos de considerar los riesgos o eventuales impactos negativos. Sin duda, las denuncias de Edward Snowden sobre ciberespionaje constituyeron un campanazo de alerta respecto a los peligros de un sistema capaz de vigilar a todo el mundo todo el tiempo. Pero las implicaciones son mucho más amplias. Dejar “al azar” la evolución de estos cambios significa, en la práctica, dejar que los determinen el mercado (mundial) u otros poderes, –por fuera de criterios democráticos o del interés público–, hecho que incide en la configuración del poder mismo.(1)
EE.UU., la superpotencia en esta materia, lo tiene claro. Sus grandes corporaciones dominan casi todas las áreas del quehacer digital, desde la infraestructura base de la red de redes, hasta el comercio electrónico, el mercado publicitario, los buscadores o el almacenamiento de datos(2). Para mantener su posición dominante, el gobierno estadounidense defiende un mercado desregulado para sus corporaciones transnacionales (si bien con regulación máxima en la protección de propiedad intelectual), que lo impulsa mediante la negociación de tratados de libre comercio o en organismos mundiales como la Organización Mundial del Comercio. Asimismo, impulsa su supremacía tecnológica, que abarca, la capacidad de vigilancia y espionaje, la minería (exploración) de datos y el desarrollo de ciberarmas, entre otras. Y busca mantener el control de los mecanismos de gobernanza global de Internet.
En América Latina, si bien los responsables políticos de la región han ido entendiendo cada vez más el alcance de esta revolución digital y la importancia de sacarle provecho, parece haber aún poca capacidad de respuesta respecto a sus implicaciones en términos de redistribución de poder, o frente al riesgo subyacente de exponer a los países de la región a nuevas formas de dependencia y neocolonialismo. Entre las áreas clave de intervención estarían la soberanía y seguridad, y la gobernanza global.
Soberanía y seguridad
El ciberespacio ha dejado de ser simplemente realidad virtual, al convertirse en el corazón de un sistema supranacional, que constituye una nueva dimensión del planeta, que se agrega al territorio, al subsuelo, a la atmósfera y al espacio ultraterrestre. Su particularidad es ser un espacio ilimitado; pero al igual que las otras dimensiones, puede ser colonizado y objeto de luchas de poder y dominio. Por lo tanto, más allá de su potencial para el desarrollo, tiene implicaciones fundamentales para la soberanía nacional y regional; sin embargo, por ese mismo carácter supranacional, ningún país puede ejercer esta soberanía en forma aislada.
Este hecho, combinado con la lógica de convergencia de las nuevas tecnologías (todo es código binario, entonces todo puede pasar por los mismos canales) implica que la creciente dependencia frente a los sistemas digitales, en casi todos los ámbitos, crea una gran vulnerabilidad, en proporciones que nuestros países no han conocido antes y que están mal preparados para enfrentarla. Para citar un ejemplo, el 98% del tráfico de Internet entre América Latina y el resto del mundo, y un estimado 70 a 80% del tráfico interno de la región, transita por servidores en EE.UU. para llegar a su destino. O sea, un mensaje que se envía de Montevideo a Buenos Aires puede transitar por varios servidores de EE.UU. en su camino. Ello no solo aumenta el costo de las comunicaciones, sino que vulnera su seguridad.
La región recién se está despertando a la necesidad de desarrollar una capacidad de soberanía tecnológica. La construcción en curso del anillo óptico suramericano, y el proyecto de un cable submarino entre Brasil y Europa, son signos positivos en este sentido, mas no suficientes.
Entre los temas a considerar con urgencia están el cifrado de los mensajes como norma obligatoria para toda comunicación. Brasil lo contempla en su Marco Digital, adoptado este año; pero para ser efectivo se necesitan acuerdos internacionales.(3) Un paso intermedio, más sencillo de implementar, sería tener acuerdos entre países que obliguen a sus empresas de telecomunicaciones a cifrar las comunicaciones entre ellas. Como punto de partida, podría acordarse en el marco de espacios de integración como UNASUR. Además, para mayor seguridad, sería conveniente no depender de los sistemas de cifrado desarrollados en potencias mundiales como EE.UU., al menos para las comunicaciones intrarregionales, lo cual implica desarrollar capacidades propias.
También se podría pensar en la instalación de grandes servidores nacionales y/o regionales para el almacenamiento seguro de datos en la nube, con legislaciones adecuadas para proteger la propiedad y confidencialidad.
Otro aspecto, quizás más complejo de abordar, es la enorme influencia cultural que ejercen las empresas transnacionales de la comunicación. Sus modelos comerciales y algoritmos determinan, en buena parte, las modalidades de las comunicaciones personales e institucionales: qué aparece primero en los buscadores, cómo nos interrelacionamos con “amigos” y “seguidores” en las redes sociales, cuáles noticias se destacan en Internet, etc. Si bien existen algunas iniciativas para desarrollar plataformas alternativas, no es fácil que despeguen, debido al fenómeno del “efecto red”, donde todos acuden al espacio más exitoso. ¿Se podría pensar en desarrollar alternativas propias a nivel regional?
A estos problemas se añaden el rastreo permanente del comportamiento en línea de los usuarios que hacen estas empresas transnacionales de Internet; la apropiación, sin autorización, de sus datos personales; el almacenamiento, procesamiento y venta de éstos, cuando no su entrega a agencias de seguridad. Frente a ello, cuando menos hace falta reglamentar ciertos aspectos de cómo actúan estas empresas en nuestros países.
Gobernanza global de Internet
Al volverse un universo tan complejo, con tantas ramificaciones, la gobernanza de Internet ya no se puede encarar solo como una cuestión de especialistas de la informática. Tiene múltiples implicaciones para políticas públicas. Veamos, por ejemplo, el caso del poder de los monopolios. El “efecto red” de Internet tiende a generar lo que los economistas llaman “monopolios naturales”, que son espacios de concentración de poder. Hace muchas décadas que los Estados han reconocido la necesidad de adoptar leyes que limiten los monopolios privados, o de declarar ciertas áreas estratégicas como servicios públicos. No es solo para evitar distorsiones del mercado, sino porque permitir tales concentraciones de poder en un sector estratégico implica un peligro para la democracia misma: las empresas terminan controlando los Estados. Pero en el ámbito global, ¿qué organismo puede controlar los monopolios? Por ahora, no existe.
Otro ejemplo: la ciudadanía está expuesta, mundialmente, al robo y la explotación de sus datos personales en la nube por parte de empresas inescrupulosas o agencias de seguridad. Pero existe un vacío legal para saber qué legislación se aplica para proteger sus derechos: la del país donde vive, la del país donde se ubica el servidor donde se almacenan los datos, o la del país sede de la empresa. Tampoco existe organismo internacional responsable de zanjar estas situaciones.
Actualmente, en los círculos –aún estrechos– que se preocupan de la gobernanza de Internet, se está librando una intensa pugna mundial sobre cómo se la debe configurar. Está claro que no será viable mantener a futuro el statu quo, que es un sistema bajo tutela del gobierno estadounidense. Formalmente, el ICANN (Corporación para la asignación de nombres y números en Internet, entidad no gubernamental, creada bajo ley estadounidense) tiene bajo su gestión la IANA (Autoridad de Números Asignados de Internet), que asigna los nombres de dominio y números IP, mediante contrato con el Departamento de Comercio de EEUU. Este contrato vence en 2015 y, según ha anunciado Washington, será traspasado a un organismo multisectorial, que podría ser la propia ICANN reconfigurada. En cuanto a las decisiones en el plano de la infraestructura de Internet, se toman en el IETF (Internet Engineering Task Force), donde participa principalmente el sector privado. Si bien el rol de estos organismos es esencialmente técnico, es sabido que las decisiones técnicas a veces implican aspectos políticos.
EE.UU. defiende el modelo de “gobierno multisectorial en pie de igualdad” (equal-footing multistakeholderism – donde gobiernos, sector privado y sociedad civil tendrían voz y poder igual en las decisiones), lo que implica, en la práctica, que una corporación privada tendría poder de veto sobre cualquier decisión de política pública que le afecte. Asimismo, rechaza cualquier sistema multilateral en el marco de Naciones Unidas con el argumento de que la pugna entre gobiernos terminaría fraccionando o “balcanizando” la Internet. Es un sistema diseñado para asegurar la mayor impunidad de las grandes corporaciones de Internet.
Varios gobiernos no están conformes. China, por ejemplo, país que ya cuenta con casi una cuarta parte de los internautas del mundo, acaba de anunciar que sí defiende una sola Internet global, pero afirmando su derecho de poder participar en su gobernanza. En tal sentido, ha expresado su disposición a integrar el Consejo de un ICANN renovado, siempre y cuando este se disocie del contrato suscrito con el gobierno de EEUU.(4)
En este escenario, acaba de emerger un nuevo espacio: la llamada Iniciativa NetMundial (INM), lanzada por el Foro Económico Mundial (FEM), la cual ha conseguido el respaldo de ICANN y del CGI.br (Comité Gestor de Internet de Brasil). La INM, que se ha apropiado del nombre de la reunión multisectorial que Brasil organizó en abril pasado, pretende ser un espacio multisectorial que opere “desde las bases”, con miras a tratar cuestiones que los otros organismos existentes no abordan, tales como “las cuestiones relativas al uso de Internet (como la libertad de expresión, la privacidad, el ciberdelito, etc.)”(5). Es decir, temas de política pública.
La invitación a actores de la sociedad civil a nombrar representantes al Consejo de Coordinación desató un intenso debate y división de aguas en los círculos (aún bastante especializados) de sociedad civil que siguen estos temas.
La Coalición por una Internet Justa y Equitativa (Just Net) emitió un pronunciamiento deslindándose de la iniciativa, en la cual expresa preocupación por “el asalto neoliberal a la democracia” que se está dando en el área de la gobernanza global, que ha significado el descuido de la creciente desigualdad económica y social, en defensa de los intereses del 1% global. En este marco, señala, está claro que este asalto ha priorizado la gobernanza de Internet, por muchas razones: “La primera es que es un territorio en el que los mecanismos y modelos de gobernanza aún están en construcción. Es evidentemente más fácil captar los procesos y protocolos de gobernanza donde no existen aún o que son débiles, que presionar contra estructuras y mecanismos preexistentes. Segundo, en la medida en que exista una autoridad estatal en el ámbito de la gobernanza de Internet, estas riendas de tecno-gobierno están firmemente en manos del gobierno estadounidense, principal aliado y beneficiario de la ofensiva neoliberal”(6).
Al señalar que esta es “una coyuntura decisiva para la gobernanza global”, Just Net apela al gobierno de Brasil y a las organizaciones de la sociedad civil a repensar su apoyo a una iniciativa impulsada por el Foro Económico Mundial.
Para los países latinoamericanos, abordar estos temas de soberanía, ciberseguridad y la participación en la gobernanza global de Internet podría ser mucho más efectivo si se lo hace con políticas concertadas y actuando como bloque, que si se procede en forma individual. Unasur, por cierto, ha dado un primer paso hacia la elaboración de una política de ciberseguridad y ciberdefensa en el Consejo de Defensa. Pero en muchos aspectos sigue siendo un tema pendiente.
– Sally Burch es periodista e integrante del Consejo de ALAI.
Este texto es parte de la Revista América Latina en Movimiento, No.500 de diciembre de 2014, que trata sobre el tema «América Latina: Cuestiones de fondo» – http://alainet.org/publica/500.phtml
(1) Sobre estos temas, ver la revista “Internet, poder y democracia”, América Latina en Movimiento, No 494, abril 2014. http://www.alainet.org/publica/494.phtml
(2) Ver la entrevista con Robert McChesney: “Cómo desmonopolizar Internet”, http://www.alainet.org/active/72995
(3) Esto se vuelve más factible ya que los varios organismos internacionales de Internet, incluyendo la Internet Society (ISOC), lo están planteando como necesidad.
(4) Ver https://www.youtube.com/watch?v=bhFk-fcuTEM&feature=youtu.be
(5) https://www.netmundial.org/es/preguntas-frecuentes
(6) http://justnetcoalition.org/NMI-neoliberal-caravan