Agencias
6-11-14.- Luxemburgo realizó acuerdos fiscales secretos con unas 340 multinacionales, entre ellas, Pepsi, IKEA, AIG y Deutsche Bank, que permitieron a las empresas rebajar drásticamente su pago en impuestos entre 2002 y 2010, de acuerdo con unos 28.000 documentos confidenciales obtenidos y analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Por su parte, el gobierno de Luxemburgo aseguró que sus prácticas fiscales respetan las reglas internacionales.
Las grandes empresas implicadas proceden de sectores tan diferentes como el inmobiliario, el financiero, el industrial y el farmacéutico, e incluye firmas como Accenture, Laboratorios Abbott, Amazon, Blackstone, Heinz, JP Morgan Chase, Burberry, Procter & Gamble, Carlyley la Autoridad de Inversión de Abu Dhabi.
Según las conclusiones de la investigación, empresas de EE.UU. y Reino Unido son las que aparecen más en los documentos sobre acuerdos fiscales, seguidas de otras de Alemania, Holanda y Suiza.
Según las revelaciones del ICIJ sobre el bautizado ya como LuxLeaks, la auditora PricewaterhouseCoopers habría ayudado a las multinacionales a obtener, al menos, 548 decisiones fiscales entre 2002 y 2010 para beneficiarse de “estructuras fiscales complejas diseñadas para conseguir reducciones drásticas en los impuestos”.
El primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, afirmó hoy que las prácticas fiscales del Gran Ducado “respetan las reglas internacionales” y que por tanto no se ha hecho “nada malo”, informaron medios locales.
Así lo dijo el mandatario luxemburgués en una rueda de prensa tras conocerse los acuerdos secretos fiscales entre el Gran Ducado y casi 340 multinacionales que les permite reducir drásticamente la factura de los impuestos.
Bettel estuvo acompañado por el viceprimer ministro y ministro de Economía, Etienne Schneider, el titular de Finanzas, Pierre Gramegna; y el de Justicia, Félix Brax.
El primer ministro luxemburgués admitió que este escándalo “no da una buena imagen de Luxemburgo”, pero él y sus colaboradores subrayaron que lo que hace el Gran Ducado es legal.
El ministro de Finanzas dijo que la práctica “es compatible con los estándares comunitarios y con los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.