El Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), en coedición con entidades ciberactoras como rebelion.org, otramerica.com, servindi.org, colarebo.wordpress.com, ccoo-euskadi.net, comunitariapress.wordpress.com, la CNOC, y las editoriales Cholsamaj y Dyskolo, publicó y socializa un resumen de la investigación participativa titulada: La privatización del derecho a la energía eléctrica. Impactos socioeconómicos y convulsión social creciente.
Dicha investigación es una aproximación cuanticualitativa a los impactos socioeconómicos generados por el proceso de la privatización del subsector de la energía eléctrica en el área rural de Guatemala, en base a información recabada, en un período de dos años, en 652 comunidades indígenas y campesinas, distribuidas en 111 municipios, en 19 de los 22 departamentos del país.
A finales de la década de 1990, las corporaciones españolas IBERDROLA y UNIÓN FENOSA se adjudicaron el monopolio de la distribución de la energía eléctrica en todo el país, por 50 años, por un valor total de 620 millones de dólares. En 2010 y 2011, ambas empresas revendieron dicho negocio a la Empresa Pública de Medellín y a ENERGUATE (filial de la corporación británica ACTIS), respectivamente, nada menos que en un monto total de 1,069 millones de dólares. ¡Sólo por el acto de la reventa de dicho negocio aquellas empresas se llevaron más de 400 millones de dólares! “Nadie sabe cuánto invirtieron, ni cuánto ganaron en esos diez años las dos españolas”, indica la investigación.
En la segunda mitad de la década de los 90, el argumento neoliberal para desbaratar el monopolio público del subsector de la energía eléctrica fue: A mayor inversión privada, mayor la producción de energía eléctrica. A mayor producción de la energía eléctrica, menor el precio del kW/hr para el usuario final. Además, se prometió la electrificación total del país, modernizar y mejorar la calidad del servicio en la distribución de la energía eléctrica, y superar las pérdidas de la energía en la red de distribución.
A casi dos décadas de aquellas promesas, la mencionada investigación muestra que: “Actualmente, en Guatemala, se produce más energía eléctrica que en la década de los 90. El país tiene el segundo mercado de energía eléctrica más grande de Centro América. Pero, el precio del kW/hr de la energía subió en 212.9% en comparación a 1997.” Según la investigación, respaldada en datos estadísticos publicados por la CEPAL en 2012, Guatemala es el país con la energía eléctrica más cara de toda Centro América. Una de las más caras de toda América Latina. En países como Argentina, Suriname, Venezuela y Perú, el precio del kW/hr de electricidad decreció.
En Guatemala, más del 80% de usuarios/as en el área rural pagan, por factura mensual de electricidad, el equivalente hasta del 21% del salario mínimo establecido en el país. Comunidades rurales enteras, que no cuentan con el servicio del alumbrado público, pagan hasta el equivalente a 12.00 dólares mensuales por concepto de dicho servicio inexistente. En las ciudades las y los usuarios no pagan más del equivalente promedio a 5.00 dólares mensuales.
Para el 2011, cerca de medio millón de viviendas continuaban en tinieblas (15% de las viviendas del país). Si para 1997 se perdía el 14% de la energía en el país, para el 2011 las pérdidas no bajaban del 12% del total de la producción. La investigación también señala que el 94% de usuarios rurales indica que empeoró la calidad del servicio de la energía eléctrica.
La investigación concluye que los impactos socioeconómicos de la privatización de este subsector no sólo evidencian la mercantilización del derecho a la energía eléctrica, sino también la renuncia del Estado de Guatemala a su estratégica soberanía energética. Además, los abusos evidenciados en el área rural, por parte de la empresa distribuidora, indican la “naturalización” del racismo ya institucionalizado en el país. En el área rural, se imprimen y distribuyen arbitrarias facturas de electricidad bajo la premisa de: “El indio bruto y analfabeto, paga callado”.
En uno de sus capítulos cortos, dicho trabajo indica que el marco normativo del sector, lejos de garantizar los derechos de usuarios, protege los intereses de las empresas privadas distribuidoras al asignarles las funciones de juez y parte en la evaluación y resolución de conflictos con usuarios. Situación que generó y genera la creciente convulsión social, por momentos violenta, al no encontrar vías jurídicas de solución.
Entre 2012 y lo que va del 2014, la investigación indica nombres y apellidos de 17 usuarios/dirigentes inconformes, organizados en resistencia, asesinados. La gran mayoría de ellos/as por la represión policial-militar en protestas sociales. Se encarcelaron 97 usuarios inconformes en resistencia, pero ninguno de ellos tiene sentencia judicial. El Gobierno y ENERGUATE-ACTIS acusan de ladrones y delincuentes a usuarios organizados en resistencia. Incluso crearon una Fiscalía Especial contra el Hurto de Energía Eléctrica. Pero, no existe un solo encarcelado por el delito de hurto de fluido en el país.
No cabe duda. Esta investigación, la primera en esta materia en el país, coloca al Gobierno y a los agentes neoliberales entre la falacia y la verdad. Hasta ahora, opinadores prejuiciosos, desde los medios corporativos, fustigaban, insultaban, a indígenas y campesinos en resistencia por el derecho a la energía eléctrica, en base a creencias atávicas y desprestigios divulgados por los misioneros neoliberales. Ahora, Guatemala cuenta con un documento inicial para debatir y atreverse a resolver el conflictivo servicio de la distribución de la energía eléctrica que ensangrienta aún más a este país de raíces milenarias.