«Ningún país puede atribuirse lo que es propio de organismos multilaterales, a no ser que se crea con una misión civilizadora en el mundo. Si cree eso, debe dar pruebas», dijo Marco Aurelio García, asesor presidencial para Asuntos Internacionales.
García también criticó el hecho de que «un país comience a distribuir certificados de buen comportamiento», algo que destacó que Brasil jamás ha hecho porque considera que no contribuye a mejorar la situación de los derechos humanos en el mundo.
En el informe que el Departamento de Estado entregó este jueves al Congreso se señala que Brasil tiene un grave problema por la violencia ejercida por parte de las fuerzas de seguridad regionales, incluidos asesinatos ilegales y torturas, aunque insistió en exculpar a las autoridades federales de estos abusos, reseñó la agencia EFE.
«Si alguien dice que hay problemas de violencia policial, que tenemos números intolerables de niños muertos y en general de pobres, que la situación de las prisiones es horrible, no está diciendo nada que no sepamos, ni sobre lo que el Gobierno está trabajando», agregó.
No obstante, defendió que han tenido resultados extraordinarios algunas de las políticas adoptadas y destacó programas de educación de agentes de policía regionales y la pacificación de algunas favelas en Río de Janeiro.