La ISDA dio lugar al pago de los seguros de default por un monto cercano a los 1.000 millones de dólares, aunque Argentina no se encuentra en condición de cese de pagos.

Ante este escenario, la CNV «solicitará a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) información precisa sobre las transacciones con esos títulos, para investigar si los propios fondos buitre, por sí, o a través de terceros, obtuvieron ingentes beneficios al no alcanzar un acuerdo», agrega el comunicado.

La petición de investigación fue hecha por el gobierno argentino luego de una audiencia realizada este viernes, en la que se solicitó el reemplazo del mediador Daniel Pollack, por considerar que está parcializado a favor de los bonistas que no aceptan ingresar a la reestructuración de la deuda argentina, pero el juez Thomas Griesa denegó el pedido.

Griesa “al impedir el cobro a algunos de los bonistas del canje” somete a la Argentina a una “verdadera extorsión para que pague a los fondos buitre lo que pretenden”, hecho que implica la violación de la ley argentina y los contratos con el 92,4% de los bonistas que ingresaron al canje.

El Ministerio de Economía argentino considera que la conducta del juez busca favorecer a los fondos buitre y “lo más grave, estaríamos ante un insólito caso donde una de las partes, con la ayuda del juez, provoca los hechos que luego la favorece”.