Aloisio Santana
Los Estados Unidos como potencia industrial, ha basado el desarrollo de sus fuerzas productivas en el uso de leyes de propiedad intelectual en favor de sus corporaciones y las ha impuesto al resto del Mundo para cumplirlas.
Las leyes de patentes y marcas, los contratos de transferencia de tecnología con cláusulas restrictivas, las normativas sobre copyright, los controles de productos en fronteras y el lobby sobre integrantes de gobiernos, parlamentos y justicia han delineado la política del gobierno y las industrias estadounidenses para crear mercados oligopólicos cautivos en los países más débiles.
La mercantilización de la vida humana, objetivo final de las corrientes neoliberales hegemónicas, requieren de estos instrumentos del comercio internacional para controlar los canales de comercialización de los porductos Made in USA, y de esta forma salvar a las empresas de su debacle inminente ante la crisis económica y ambiental a la que conduce la política de la Casa Blanca y los grupos de poder norteamericanos.
La oficina de comercio de los EE UU (USTR) lanza aís, año tras año, un informe sobre el comportamiento de los páises en materia de derechos de propiedad intelectual y de observancia para rotular a sus «socios comerciales» como amigables o no, en el cumplimiento de normativas de propiedad intelectual.
De la misma manera que cataloga a los Estados, autoexcluyéndose, en materia de Derechos Humanos, Narcotráfico o Terrorismo, implementa «estandares» de propiedad intelectual, a través de la Oficina de Comercio y su representante.
Solamente una ideología fascista e imperial puede llevar adelante este tipo de informes que intenta confundir a la opinión pública internacional sobre supuestos comportamientos ilegales de algunos países, sobre los que pueden caber acciones de represalias políticas o económicas.
Casualmente este año han sido mencionados países como Argentina, China, India, Rusia, o Venezuela como inegrantes de la Lista de «Vigilancia Prioritaria» según el informe elaborado con información recopilada por las Embajadas y las Cámaras de Comercio (AmCham) en cada país, comprobándose el grado de monitoreo de los Estados Unidos desde sus sedes diplomáticas.
El gobierno de EE UU pretende hacer de la propiedad intelectual un motivo de criminalización, del mismo modo que ocurre con el narcotráfico, el terrorismo y los derechos humanos: el propio gobierno y sus Agencias participan de los delitos que intentan atribuir a otros, pues tal como se viene denunciando en los últimos años, ese gobierno participó de acciones terroristas encubiertas (Libia, Irak, Siria, Ucrania, Venezuela, Bolivia, Ecuador), violaciones a los derechos humanos (Guantánamo, Irak, etc, etc) y participación en el narcotráfico (Colombia, México, EE. UU), al mismo tiempo que las empresas estadounidenses van incrementando sus ganancias.
La farsa del informe de la USTR nos muestra el caracter mafioso de un gobierno genocida, corrupto y cobarde que todavía mantiene engañada a buena parte de la población mundial a través de sus medios de comunciación, fomentando el consumo de sus productos y servicios protegidos por marcas, patentes y copyright en sus tiendas y supermercados, televisoras, radios, o cines, queriendo imponer su decadente y fracasada cultura fascista utilizando cualquier mecanismo global de dominación.