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6 de marzo de 2014.- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, señaló ayer(miércoles) que no existen razones para aplicar en Venezuela los instrumentos regionales establecidos en la Carta Democrática Interamericana, específicamente los referentes a la “restitución democrática”.
 

En una charla ofrecida en el Centro de Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, Insulza dice que aunque -a su juicio- hay problemas de “independencia del poder judicial y restricciones a la libertad de expresión”, no considera que exista una “destrucción clara y masiva de la democracia”.

En ese sentido, informó que este jueves se reunirá en privado el Consejo Permanente de la OEA, para analizar la solicitud presentada por Panamá de convocar una reunión de cancilleres que trate la situación en Venezuela.

“No se trata de una cita para aplicar la Carta Democrática Interamericana, que faculta a la OEA a iniciar discusiones para analizar una situación de ruptura del orden democrático en algún país de la región, aclaró.

Asimismo, el Secretario General manifestó sus dudas de que pueda convocarse la reunión de cancilleres, adelantando que “lo más probable es que en el encuentro se reiteren los llamados al diálogo y el fin de la violencia en Venezuela”.

Por último, indicó que el envío de una misión de la OEA para investigar los hechos en Venezuela “sería útil si ambas partes se ponen de acuerdo (…) Pero estamos muy lejos de eso”.

En tanto, el presidente, Nicolás Maduro, rechazó la solicitud que hizo Panamá ante la OEA, por considerarla una injerencia directa en los asuntos internos de su país. Por ello, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con la nación centroamericana.

Respecto a las declaraciones de Insulza, enfatizó que “nuestro Gobierno no ha hecho ninguna solicitud formal. Si una comisión de la OEA decide entrar al país, tendrá que hacerlo de manera ilegal, porque acá nadie nos pisará nuevamente».

La violencia promovida y protagonizada por grupos de la ultraderecha en Venezuela suma, hasta el momento, un balance oficial de 19 muertos, más de 250 heridos y centenares de detenidos. El Gobierno de Caracas acusa a Washington de financiar a los grupos violentos.