Miguel Jaimes
La creciente problemática sobre la expansión de la energía petrolera —así como la de los minerales— necesita ser abordada por su excesivo consumo desde una perspectiva de integración y corresponsabilidad de actores en el escenario geopolítico y de la geografía económica —o para decirlo en una palabra: geogerencia— tal como se ha presentado de modo significativo e impactante en esta década. En efecto, en los primeros años de este nuevo siglo, comienza a dejarse escuchar la intencionalidad que apunta hacia una integración energética, la cual ha sido solidaria desde diversos puntos de mira, sin excluir la mayor adición energética frente al modelo globalizante, conformando una visión de mundo (Weltanshauung) renovada. Casi todos los nódulos seminales de estas propuestas coinciden y se sustentan en la solidaridad, complementariedad y corresponsabilidad para el uso justo y democrático de los hidrocarburos y los minerales.
Esta nueva base se concentra en un epicentro: la nueva relación de integración con una reciente base social y jurídica versus la amenaza de una guerra geoenergética y geofinanciera.
Pero al descubrir el nuevo concepto de liquidez internacional —sobre la base de los hidrocarburos suramericanos y caribeños— está el caso ecuatoriano, el cual por ser pisatario de su territorio debe enfatizar un abordaje que exponga, explique y justifique modos y procedimientos en el uso, aplicabilidad y metodología de su preservación medioambiental, referente tanto a la energía petrolera como al arsenal minero del cual dispone, pero sin descartar sus proyecciones de crecimiento. Por esta vía se deviene una revisión de los nuevos modelos de integración valiéndonos de renovadas relaciones, cooperación y fases de operatividad con la finalidad de orientar acuerdos en lo atinente no sólo a la defensa del vasto universo de la energía petrolera y minera en Ecuador, como sí a la creación de un sistema que implique la minimización de impactos petroleros y mineros en dicho país.
Para que exista una minimización en el impacto petrolero y minero del país suramericano hay que apelar a los nuevos conceptos de integración energética y muchos de ellos están por escribirse, lo cual involucra a aquellos países que necesitan con inminente apremio de un espacio de igualdad en contra de aquellos que los confinan a lugares cerrados en los cuales privan las tesis neoliberales del capitalismo que por su condición de sistema cerrado y metastásico, vienen a valerse de coacciones que operan en la práctica con la destrucción, pues las acciones de redes actuantes tienen como objetivo definido por una nueva visión en las nociones de las áreas geopolíticas y geoestratégicas de soberanía, intercambio y negociaciones, ser creadas a partir de los nacientes acuerdos petroleros y mineros suramericanos. En este sentido y como propuesta la minimización del impacto ambiental puede velarse desde los países de la Alternativa Bolivariana para las Américas-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).
Pero la más valiosa carta, esta que siendo Ecuador miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), debe propiciar una investigación aplicable a sanciones internacionales en contra de la estadounidense Chevron por el impacto petrolero causado a nivel ambiental.
Me refiero que los antecedentes de apoyo ya están en la conformación de bloques como Petrocaribe —aparte de Petrosur, PetroAmérica y el gran Gasoducto del Sur— así como las alianzas con otros productores OPEP y los que están fuera. Hablo de bloques cuya solidez y potencia lo conforman e impulsan estos países. Por otra parte, en los Estados del Sur sus antecedentes históricos reconforman un arco suramericano energético.
Ecuador está frente a las bases de un reciente interregionalismo donde sus recursos provenientes del subsuelo proponen ser transformados en la única vía del progreso, y por ende, de su futuro sometido a un análisis de naciones emergentes. Esto significa que la atención a una estrategia de minimización de impactos —tanto en materia petrolera como minera— converge en una línea de acción que debe ser planteada en el seno de un organismo natural al cual pertenecen doce naciones diseminadas en tres zonas cruciales: África, Medio Oriente y Suramérica que en conjunto administran el 30% de las rutas, comercio y consumo del petróleo en el mundo y, al mismo tiempo, almacenan el 85% del petróleo mundial que necesita la humanidad por los próximos siglos.
Hablo, pues, de la OPEP. Con lo cual quiero decir que la presentación de un abanico de propuestas debería estar encuadrada desde el bloque del ALBA-TCP, en alianza con la OPEP y en defensa del daño medio ambiental en Ecuador.