El canciller argentino Jorge Taiana anunció este miércoles que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki- moon, lo recibirá el 24 de este mes en Nueva York y escuchará la preocupación de este país sudamericano por la decisión británica de tomar medidas unilaterales en un territorio en disputa.
«El gobierno argentino elevó el tono del reclamo, pero esto no necesariamente pretende provocar una situación sin retorno, sino, dentro del reclamo ser severos, exigentes ante una medida unilateral británica lo suficientemente importante», explicó a IPS el diplomático argentino Lucio García del Solar.
Para este ex embajador, experto en relaciones argentino-británicas, «de ninguna manera las partes quieren adoptar medidas bélicas», como en 1982, cuando Argentina tomó militarmente las islas, ocupadas desde 1833 por Gran Bretaña y dio pie a una guerra que causó la muerte de 635 británicos y 255 argentinos y acabó con la rendición argentina.
García del Solar, embajador argentino ante la ONU en 1965, fue quien redactó y propuso ante la Asamblea General la resolución 2.065, por la cual cada año el Comité de Descolonización reclama a Gran Bretaña se siente a negociar una solución al conflicto de soberanía.
Las relaciones se tensaron a raíz del traslado de la plataforma de exploración británica Ocean Guardian que arribará a las islas en los próximos días, con el fin de que las firmas británicas Desire Petroleum y Rockhopper Exploration perforen pozos en aguas en disputa, al norte del archipiélago.
Según estudios realizados en Londres en 1998, en torno al austral archipiélago, situado a 1.800 kilómetros de Buenos Aires y a 12.000 kilómetros de Londres, podrían yacer unos 60.000 millones de barriles de petróleo. La empresa Desire tiene estudios propios que arrojan una cifra cercana a los 3.000 millones de barriles del hidrocarburo.
El gobierno argentino protestó a comienzos de este mes ante la embajada de Gran Bretaña en Buenos Aires, mientras la cancillería británica defendió el derecho del gobierno de las islas a desarrollar la industria petrolera dentro de sus límites marítimos.
El martes Argentina elevó el tono de la protesta. La presidenta Cristina Fernández firmó un decreto disponiendo que «todo buque o artefacto naval que se proponga transitar» entre puertos del territorio continental argentino o de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur «deberá solicitar autorización previa».
La mandataria justificó su decisión en que las resoluciones de la ONU instando a ambos países a reanudar negociaciones y a abstenerse de adoptar medidas unilaterales «han sido desoídas sistemáticamente por el Reino Unido» y pidió que esas resoluciones «se hagan cumplir a todos los países del mundo, no sólo a los más débiles».
El decreto implica que si la plataforma contratada por las empresas de exploración llega a las islas, que los británicos llaman Falkland, «tendrá que pedir autorización a Argentina», precisó el vicecanciller Victorio Taccetti. Lo mismo deberán hacer las embarcaciones que aporten apoyo logístico a la plataforma.
Fuentes de la embajada británica señalaron que «el gobierno argentino tiene todo el derecho de aplicar las leyes en su país y el gobierno de las islas Falkland tiene derecho de legislar en su territorio».
Londres «no tiene dudas de la soberanía de las islas y los territorios marítimos circundantes» y el emprendimiento es «totalmente legítimo», agregaron las fuentes.
García del Solar señaló que «desde hace rato» Londres «considera que tiene derecho a explorar alrededor de las islas para ver si hay yacimientos de petróleo. Pero nunca había venido un aparato como esta plataforma, que tiene una presencia abultada y muy visible, en aguas en disputa donde todo es sensible».
En su opinión, Argentina está manifestando que el gobierno de Gran Bretaña «no tiene derecho a adoptar medidas unilaterales sobre la explotación de recursos, en este caso petrolíferos, sin hacerlo en consulta con el gobierno argentino y con su aprobación».
Buenos Aires «fija así su posición y es esperable que el gobierno británico, que no es insensato, acepte pedir autorización. Argentina tiene derecho a otorgar el permiso o a negarlo. Aunque no se trate de aguas territoriales argentinas, son aguas en conflicto», opinó el ex embajador.
Las relaciones entre Argentina y Gran Bretaña se habían interrumpido tras la Guerra de las Malvinas, pero se reanudaron a comienzos de los años 90. García del Solar contribuyó al acercamiento, pero en el gobierno del Carlos Menem (1989-1999), se estableció una política de acercamiento a los isleños con la que el diplomático no concuerda.
Para el diplomático de carrera, el interlocutor válido de Argentina en este conflicto debe seguir siendo Gran Bretaña, no el gobierno de las islas. García del Solar tampoco apoyó los acuerdos de cooperación pesquera y petrolera firmados por las partes en la década del 90, que permitieron a los isleños vender licencias sin consentimiento argentino.
Con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), esposo de la actual mandataria Fernández, Buenos Aires retomó los reclamos de soberanía.
García del Solar atribuyó este giro a la procedencia de Kirchner, nacido en la patagónica provincia de Santa Cruz, a sólo 600 kilómetros del disputado archipiélago.
Kirchner puso fin a los acuerdos de cooperación pesquera y petrolífera y prohibió la operación en suelo argentino de empresas que firmen contratos para explotación del hidrocarburo en las Malvinas bajo la ley británica.
En esa misma línea se pronunció Fernández ante este nuevo movimiento de Gran Bretaña. «La medida adoptada por Argentina –de exigir autorización a los buques que vayan a Malvinas– debe leerse dentro de esta política de mayor exigencia, que eleva el tono del reclamo, y que viene desde el gobierno de Kirchner», indicó a IPS García del Solar.
Fuente original: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=40525