La pretensión de establecer limitaciones y controles multinacionales al uso de Internet, como parte de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), según un documento filtrado por Wikileaks y difundido ayer por La Jornada, suscitó diversas expresiones de rechazo entre usuarios de las redes sociales y organismos vinculados con las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. En el contexto de esas reacciones, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) señaló que la regulación de la red no es una medida válida para proteger los derechos de autor y limita la posibilidad de que a mediano plazo más mexicanos tengan acceso a servicios de banda ancha, además advirtió que “no hay información sobre las negociaciones (…) se debe transparentar y hacer llegar a la sociedad, porque de otra manera no podemos defendernos como usuarios ni tendremos oportunidad de protestar”. Por su parte, la Asociación Mexicana de Internet indicó que el Estado mexicano no puede delegar su obligación de perseguir y castigar los delitos cibernéticos en los proveedores de servicios de Internet –como plantea el referido documento– y señaló que la red debe mantenerse como herramienta libre de acceso a la educación, la cultura y como factor de desarrollo económico.
Tales señalamientos dan cuenta de algunas consecuencias nefastas que tendría la aprobación del acuerdo multinacional referido –en cuyas negociaciones participa el gobierno mexicano desde 2012–, las cuales, por desgracia, se extienden mucho más allá de los ámbitos del uso libre de Internet y el derecho a la información: como se señaló ayer mismo en este diario, una eventual aprobación del TPP en su configuración actual afectaría a nuestro país y su población en aspectos diversos, desde la vulneración de la soberanía nacional –mediante la aplicación de normas internacionales por encima de las leyes mexicanas– hasta la apertura de vericuetos legales que permitirían el avance privatizador de la industria petrolera nacional, incluso a contrapelo de los términos actuales fijados por la Constitución.
Otro aspecto lesivo del TPP es la previsible afectación que tendría para la industria de los medicamentos genéricos, los cuales constituyen uno de los insumos principales de los sistemas de sanidad pública en México. Como señaló ayer la organización Medicina sin Fronteras, la aprobación del referido acuerdo multinacional cancelaría en los hechos el acceso a fármacos de bajo costo, mermaría el abasto de éstos a las instituciones públicas de salud y, por contraste, generaría ganancias millonarias para los grandes laboratorios farmacéuticos por concepto del uso de patentes.
A esta ominosa perspectiva ha de agregarse la forma opaca y casi clandestina en que han sido abordadas las negociaciones del TPP: en sesiones prácticamente secretas y de espaldas a la sociedad, con las puertas abiertas sólo a los representantes de los intereses corporativos que han pugnado por garantías a la propiedad intelectual, y que son los que, cabe suponer, habrán de salir beneficiados por la firma de este acuerdo. Esa discrecionalidad, por cierto, no es privativa de México: ayer mismo, en una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 151 diputados demócratas reclamaron que no haya habido suficientes consultas entre el gobierno de Washington y el Congreso sobre el TPP.
El cúmulo de afectaciones que podría generar la suscripción de este acuerdo por México hace particularmente necesario que su discusión se dé en el contexto de un debate público, en el cual se aclare, discuta y escuche a todos los sectores de la sociedad, a efecto de que éstos se pronuncien sobre la conveniencia de que el país ingrese a ese mecanismo. Es mucho lo que está en juego como para poner la discusión en manos de unos cuantos representantes con el argumento tecnocrático de una supuesta complejidad de los temas abordados. Cabe demandar, en suma, que el gobierno mexicano se comporte en este asunto con veracidad, pulcritud y sentido de representatividad.