Armando Brugès Dávila
El domingo 27 de octubre, The Washington Times sorprendió a sus abonados con una noticia que parecía originada en el Tercer Mundo. Pero antes de seguir adelante, quiero comentarles a los lectores, que el periódico en mención no es uno más en la fabulosa producción editorial del país del norte. Su propietario era nada más ni nadie menos que Sun Myung Moon, un multimillonario surcoreano líder de una secta religiosa denominada Iglesia de la Unificación, a quien no le tembló la voz para decir que era el mesías, mejor dicho Cristo mismo en su segunda venida y por tanto, con la tarea específica de cumplir con la misión inconclusa que dejara en su primera venida. Infortunadamente para él y sus seguidores, murió en septiembre de 2012 y la misión que decía tener en la tierra, no la pudo cumplir y la misma quedó bajo la responsabilidad de su esposa e hijos, quienes fueron ungidos como herederos absolutos de esta especie de monarquía religiosa. Pero este político de derecha, a la par que erigía su monarquía espiritual se destacaba como un magnate empresarial en el ámbito de las comunicaciones, la hotelería, la industria y el deporte no sólo en Corea del Sur, sino también en Estados Unidos y Latinoamérica. El fuerte empresarial de esta secta lo es el grupo Tongil, uno de los mayores conglomerados económicos de Corea del Sur y propietario entre otras cosas del Seongnam Ilhwa Chunma, el equipo de fútbol con más títulos de la K-League, (Liga Surcoreana de Futbol).
Uno de esos medios de comunicación fue precisamente The Washington Times, fundado con el claro objetivo de combatir al comunismo en el mundo. El periódico representa una sólida posición conservadora al interior del establecimiento estadounidense. Considerado uno de los periódicos más importantes de Washington, célebre por su ideología de derecha, hoy levanta su voz de protesta contra el establecimiento, el mismo que lo ha amamantado en toda su existencia, manifestando que prepara acciones legales contra lo que calificó como una intrusión injustificada de la primera enmienda. Al parecer, la policía del estado de Maryland y agentes federales, se valieron de una orden de allanamiento en procura de armas de fuego no registradas, para incautar archivos privados de una galardonada experiodista de investigación de dicho rotativo, quien había expuesto problemas existentes al interior del Servicio Alguacil Federal Aéreo del Departamento de Seguridad Nacional. Según la periodista Audrey Hudson, los investigadores, quienes sospechosamente incluyeron en el grupo a un agente del servicio de Guarda Costa de la seguridad Nacional, incautaron sus notas privadas y documentos del gobierno, que había obtenido bajo la Ley de Libertad de Información, cometiendo de esta manera el Estado, ostensibles violaciones de la Primera y Cuarta Enmienda constitucionales.
El suceso no tendría importancia, si no fuera por el hecho de estarse llevando en América Latina una feroz guerra mediática en torno a la no existencia de libertad de prensa en países que, como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y próximamente Uruguay, decidieron tomar el toro por los cuernos al legislar en procura de una prensa responsable y antimonopólica, legislaciones señaladas por la mayor parte de la prensa continental como contrarias a la “libertad de prensa” de occidente. Pero curiosamente, cuando el modelo de democracia en occidente muestra grietas como ésta que se presenta entre The Washington Times y el Estado norteamericano, mejor dicho en el ombligo de la “democracia mediática” mundial, la noticia se mantiene en un perfil tan bajo que pasa casi desapercibida.
En Estados Unidos la controversia se produce no precisamente entre demócratas y republicanos, sino entre sectores de derecha que detectan el poder real al interior del país hace mucho tiempo, lo que indica un importante nivel de crísis. El mensaje bien podría ser, que mientras Estados Unidos en los últimos tiempos se la ha pasado haciendo la guerra en el extranjero, dizque para instaurar en aquellos lejanos países del Oriente petrolero la democracia y con ella promover la libertad de expresión y los derechos humanos, al interior de su territorio el gobierno viola de manera flagrante dichos derechos y no precisamente en contra de sus adversarios políticos, sino de sus propios copartidarios de ideología. ¡Vaya lio!
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