Se resiste a perder sus privilegios mediáticos
Agencia de Noticias Telam- Aporrea.org- matrizur.org
Buenos Aires, 30-10-13. – La distribución sobre los medios de comunicación en Argentina será por porcentajes entre las empresas privadas, el Estado y las comunidades que buscan tener voz, como los pueblos originarios y los estudiantes.
La normativa sobre la que falló este martes la Corte Suprema de Argentina no podía implementarse por completo debido a un recurso judicial interpuesto por el Grupo Clarín que reclamaba contra algunos artículos de la ley 26.522.
Los puntos cuestionados por el Grupo Clarín eran el artículo 41, que establece que las licencias son intransferibles; dos apartados del número 45, que fijan un límite a la cantidad de licencias concentradas; el 48, que descarta la figura de un “derecho adquirido” por parte de las empresas que tienen más licencias de las permitidas y el 161, que da un año de plazo para que aquellos que tengan que adecuarse a la ley.
La ley establece la regulación sobre el sistema de medios y radiodifusión y tiene un espíritu fuertemente antimonopólico que no fue posible aplicar hasta el momento por los recursos presentados por Clarín que la Justicia permitió.
Ahora el Grupo Clarín emitió un comunicado en el que «analiza las futuras derivaciones judiciales» del fallo de la Corte Suprema que declaró la constitucionalidad de la ley de medios, y adelanta que ya planea «la apelación ante tribunales internacionales».
A pesar del fallo de primera instancia y de lo resuelto por el máximo tribunal judicial, en el comunicado se indica que “el Grupo considera que los artículos cuestionados contradicen no sólo principios de la Constitución Argentina sino de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), así como recientes precedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA”.
“Tanto la ley como el fallo, al desconocer licencias vigentes con varios años por delante, violentan abiertamente los derechos adquiridos”, insiste el Grupo Clarín.
También sostiene que “impedir el funcionamiento, como hace la ley, de medios que no usan espectro radioeléctrico, equivale a prohibir un diario o un sitio de Internet, lo que implica censura previa para la Constitución y los tratados internacionales”.
Por otra parte sostiene que “la prueba más concreta de la verdadera intención del gobierno con esta ley” que fue aprobada y ratificada por los tres poderes de la nación “ha sido la enorme colonización oficial de medios producida desde su sanción”.
Más adelante en el texto, la empresa asegura que “continuará defendiendo judicialmente cada una de sus licencias vigentes y legítimamente adquiridas”.
Finalmente, «el Grupo Clarín lamenta el contenido de un fallo que no considera el valor de la independencia periodística como presupuesto para la libertad de expresión», reza último párrafo del comunicado emitido por el multimedio.
Ya se están esperando los alaridos de la SIP…