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23-10-13.- El nuevo gobierno de derecha noruego “busca quitar poder a los sindicatos”, recortar derechos y “avanzar en la privatización” de la empresa estatal petrolera Statoil, advirtió Diis Bohn, directora de Asuntos Internacionales de la Confederación de Sindicatos del país nórdico (LO).
De paso por Argentina, donde brindó una ponencia sobre el peso de los sindicatos en el diseño de políticas públicas y sociales en su país, Bohn evidenció -entrevistada por Télam- el alerta que despertó en LO (Landsorganisasjonen) el hecho de que siete ministros del conservador Partido del Progreso (FrP) integren el Ejecutivo estrenado el 17 de octubre pasado en Oslo.
El enfoque de esta nueva coalición, mucho más ahora en el marco de la crisis capitalista que golpea Europa, estará centrado en “el individuo por sí mismo, y no la colectividad”, señaló Bohn, que también presidió el Sindicato Nacional de Periodistas en su país.
Los datos de la realidad dan la razón a la sindicalista: el nuevo Ejecutivo encabezado por la primera ministra Erna Solberg, del Partido Conservador (PC), prometió poco después de asumir el cargo que bajaría impuestos, disminuiría la dependencia petrolera y endurecería la política hacia inmigrantes en ese país donde casi el 13 por ciento de la población es de origen extranjero (la mitad de ellos no europeos).
El estratégico sector petrolero, que permitió al país la creación de un fondo soberano de 750.000 millones de euros (uno de los más grandes del planeta, que representa el 1,25 por ciento de la capitalización bursátil mundial), es también un tema en el que la Central Sindical de Bohn centra sus preocupaciones.
Hay una norma estricta en el país nórdico que limita al 4 por ciento de ese fondo el dinero que el gobierno puede retirar para elaborar o completar su presupuesto anual -actualmente deficitario-, pero el nuevo Ejecutivo ya adelantó que busca modificar ese guarismo, con el objetivo de estar menos limitado en su diseño fiscal, explicó la sindicalista.
“Tememos más privatización aún” -alertó Bohn-, “quieren vender más acciones estatales de Statoil, para que la participación del Estado sea minoritaria”.
Ese avance dependerá “del balance de poder entre los dos partidos en el gobierno” así como de “cómo jueguen sus cartas los partidos de izquierda en el Parlamento”, explicó Bohn, que recordó las relaciones que LO tuvo con el Partido Laborista (PL) del saliente primer ministro Jens Stoltenberg, ahora jefe de la oposición.
“LO luchará contra esa política a todo nivel”, advirtió Bohn en fluido castellano -producto de sus estudios de posgrado sobre Latinoamérica, explica- tras admitir que su país no fue tan afectado como otros por la crisis económica de Europa.
Luego, matizó que la cooperación tripartita (estado-empresa-trabajadores), que “está muy institucionalizada en la prácticas políticas noruegas y se ejerce al margen del color del gobierno”, subraya la sindicalista, puede permitir superar eventuales diferencias entre LO y el gobierno.
Bohn se refirió también a los eventuales alcances de la ultraderecha en Europa, cuyos más emblemáticos ejemplos se expresan en los xenófobos Partido Popular Danés, los Verdaderos Finlandeses y en Noruega el FrP, que acunó hasta hace poco a Anders Behring Breivik, responsable de las matanzas de Utoya y Oslo, que dejaron 77 muertos, en julio de 2011.
Sobre este punto, Bohn admitió la preocupación que genera en las filas sindicales este tipo de movimientos, algunos con creciente representación parlamentaria y permeables entre las clases trabajadoras, pese a que buscan “revertir conquistas” del sólido Estado de Bienestar.
“Hay que ser honestos. También entre los casi 900.000 miembros de LO hay mucha gente que vota por el Partido del Progreso”, señaló la noruega tras reflexionar que “a través de discusiones políticas y procesos democráticos, debemos convencer que la vida laboral como lo conocemos en Noruega, debe seguir sin demasiados cambios estructurales”.
Landsorganisasjonen (LO) nuclea a cerca de 900.000 trabajadores noruegos de trabajadores tanto del Estado como de aproximadamente 22.000 PYMES (pequeñas y medianas empresas).
Durante la década de los 80, cuando las políticas neoliberales explotaron, la Central Sindical desarrolló una activa (y exitosa) resistencia a la desregulación laboral.
La campaña incluyó planes como el “Proyecto de Municipalidad Modelo”, en el que los propios trabajadores elevaron sus estándares y calidad de los servicios, con tres condiciones: sin privatizaciones, sin licitación competitiva y sin despidos.