La crisis capitalista que estalló en el año 2008 está transformando el mundo con una radicalidad que sólo tiene parangón en los orígenes del capitalismo. Como diagnosticó Karl Polanyi en su imprescindible La gran transformación: «El mecanismo que el móvil de la ganancia puso en marcha únicamente puede ser comparado por sus efectos a la más violenta de las explosiones de fervor religioso que haya conocido la historia. En el espacio de una generación toda la tierra habitada se vio sometida a su corrosiva influencia». [1] El triunfo del neoliberalismo en los años ochenta del siglo pasado dio inicio a una “segunda corrosión”, que arrasó las economías de los países del Sur con los planes de ajuste estructural y comenzó una demolición sistemática tanto de los sistemas públicos en los que estaba basado el Estado del Bienestar como de los valores morales asociados a ellos.

Al comienzo de la crisis financiera que hoy sufrimos, se hizo célebre una frase del entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, llamando a «refundar sobre bases éticas el capitalismo». Expresaba así los temores de las élites hacia el rechazo social a un modelo económico desnudado por la caída de Lehman Brothers y las tramas ocultas de la financiarización que, en aquel momento, sólo empezaban a emerger. Lamentablemente, esa contestación no llegó a alcanzar ni la fortaleza necesaria ni una expresión política significativa en los países del Centro, con la excepción de la organización Syriza en Grecia.

Una vez comprobada la debilidad del adversario, cambió radicalmente el sentido de la “refundación”. «Claro que hay lucha de clases. Pero es mi clase, la de los ricos, la que ha empezado esta lucha. Y vamos ganando». El lema del multimillonario Warren Buffett, que como tantos otros –George Soros en primer lugar– ejerce de filántropo en los ratos libres con las migajas de sus actividades de especulación financiera, resume la dinámica fundamental de la situación internacional: ciertamente, asistimos a un intento de “refundación del capitalismo”, pero no sobre “bases éticas”, sino sobre las bases de la lucha de clases y por medio de la acumulación por desposesión –según la expresión de David Harvey– de los bienes comunes y públicos, y de los derechos sociales y las condiciones para una vida digna de la gran mayoría de la población mundial. [2] Las políticas de ajuste estructural de los ochenta y noventa en el Sur imperan ahora en la Unión Europea con fundamentos similares y nombres diversos: austeridad, disciplina fiscal, reformas, externalizaciones.

Este es el marco general de la “globalización de la pobreza” que es el tema del presente artículo. Llamamos así a la lógica común que produce y reproduce el empobrecimiento de las personas en todo el mundo, tanto en el Norte como en el Sur. Pero es necesario analizar las diferencias en los procesos políticos y económicos creadores de pobreza, en sus consecuencias materiales en la vida de las clases trabajadoras y en las percepciones sociales que se tienen de estos procesos. Mostraremos también el rol que, desde los gobiernos de los países centrales y las instituciones multilaterales, quiere asignarse al mercado y a las grandes empresas en la erradicación de la pobreza, así como el papel residual que va a cumplir la cooperación internacional para el desarrollo tras el estallido del crash global.

Somos conscientes de que las categorías, que utilizaremos indistintamente, Norte/Sur o Centro/Periferia simplifican la realidad, en general, y especialmente en lo que se refiere a la pobreza. Sin duda, hay muchos “Sures”, e incluso dentro de un mismo continente hay una enorme distancia política y social entre, por ejemplo, México y los países de la Alianza Bolivariana para América (ALBA). En los límites de este texto, trataremos de analizar por qué todavía pueden señalarse excepciones a esta regla, que aún permiten establecer diferencias significativas en el tratamiento que se da a la pobreza en los países centrales y periféricos. Para ello, partiremos de datos fiables, entre los que no está, por cierto, el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, que en el año 2011 situaba a Chipre en el muy honorable puesto 31 y con tendencia ascendente; por tener una referencia, Venezuela ocupaba el puesto 71 en la misma clasificación.

Entre la pobreza y las “clases medias”

Según una interpretación ampliamente difundida, la crisis capitalista está siguiendo un curso paradójico que cuestiona los esquemas tradicionales sobre la jerarquía Norte-Sur: mientras que las economías del Centro, especialmente la de la Unión Europea, bordean o se hunden en la recesión, las economías periféricas, sobre todo las de los países llamados “emergentes”, mantienen año tras año altos niveles de crecimiento, por encima del 5% del PIB. Una de las consecuencias de esta asimetría es que la pobreza ha hecho su aparición en el Norte como un problema político importante, con un gran impacto social, mientras que, a la vez, parecería estar en retroceso en el Sur. Frecuentemente, se asocia esta situación con el estado de las “clases medias”, nuevo mantra sociológico que se ha convertido en el criterio de medida de numerosos fenómenos sociopolíticos relevantes, desde la movilidad social a la crisis de la democracia.

Hay en estos enfoques datos relevantes que dan cuenta de cambios profundos en la situación internacional: por ejemplo, la relativa y desigual autonomización de los países del Sur, bajo el liderazgo de aquellos que forman parte de los BRICS –Brasil, India, China y Sudáfrica; no cabe incluir a Rusia desde ningún punto de vista en la categoría “Sur”–, respecto a los “viejos” imperialismos, EEUU y la UE. [3] En lo que se refiere a la lucha contra la pobreza, sin embargo, esta consideración del contexto internacional es más que discutible. Empezaremos por el Sur, planteando dos tipos de problemas: el primero, la valoración de los logros alcanzados en la erradicación de la pobreza; el segundo, el uso y la manipulación de la categoría “clases medias”.

Con la habitual afición de los políticos del establishment a las cifras redondas, el secretario general de Naciones Unidas ha contado los mil días que quedan para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y se ha mostrado extraordinariamente satisfecho de los logros ya alcanzados. En especial, porque en los últimos doce años «600 millones de personas han salido de la pobreza extrema, lo que equivale al 50%». El cálculo es cuanto menos engañoso: según el Banco Mundial, en 1990 el 43% de la población mundial vivía con menos de 1,25 dólares al día, mientras en 2010 esta cifra ha caído al 21%; esta es la reducción a la mitad a la que se refiere Ban Ki-moon. Pero no informa ni de las condiciones de extrema pobreza que siguen existiendo cuando se supera la barrera de los 1,25 dólares de ingreso diario –más del 40% de la población mundial sobrevive con menos de dos dólares al día–, ni de que cerca de 1.300 millones de personas siguen viviendo por debajo de ese nivel. Al final, esa reducción de la pobreza extrema se debe a los grandes países emergentes, fundamentalmente a China, y no tiene nada que ver con las políticas y proyectos inspirados en los ODM ni tampoco con la ortodoxia económica imperante.

En la presentación de esta nueva campaña, que tuvo lugar el pasado 2 de abril en la Universidad de Georgetown bajo la marca de «Un mundo sin pobreza», el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, afirmó: «Nos hallamos en un auspicioso momento histórico, en que se combinan los éxitos de décadas pasadas con perspectivas económicas mundiales cada vez más propicias para dar a los países en desarrollo una oportunidad, la primera que jamás hayan tenido, de poner fin a la pobreza extrema en el curso de una sola generación». No puede tomarse en serio un proyecto que tiene como punto de partida una visión tan poco consistente de la situación internacional, en la que por cierto no podía faltar la ya habitual coletilla generacional.

La ingeniería estadística sobre las “clases medias” merece una mayor atención. Un reciente estudio publicado por el Banco Mundial [4] propone un cambio importante en la caracterización y medición de la pobreza: lo más significativo es el uso del concepto de «seguridad económica», entendido como «baja probabilidad de volver a caer en la pobreza». De ahí nace una nueva categoría, la población «vulnerable», una estación de paso desde la pobreza hasta la entrada en la «nueva clase media», formada por quienes han alcanzado la «seguridad económica» y garantizarían la «estabilidad económica futura». La suma de pobres, vulnerables y clase media supone el 98% de la población latinoamericana; por tanto, la medida del éxito en la lucha contra la pobreza sería una movilidad social ascendente hacia la clase media. Esto es lo que, según los autores, está ocurriendo, ya que «la clase media en América Latina creció y lo hizo de manera notable: de 100 millones de personas en 2000 a unos 150 millones hacia el final de la última década». Nos estaríamos acercando, siguiendo esa argumentación, a un continente de “clases medias” que habría superado definitivamente el peso determinante de la pobreza.

Aunque los criterios cuantitativos sean sólo unos de los que deben ser tenidos en cuenta en el análisis de la pobreza, en ocasiones son imprescindibles para concretar los términos del debate. [5] Si hacemos caso al Banco Mundial, se considera pobres a quienes tienen ingresos inferiores a 4 dólares; estos vienen a representar el 30,5% de la población latinoamericana. Las personas que tienen entre 4 y 10 dólares al día serían las “vulnerables”, el 37,5% de la ciudadanía de América Latina. Por encima de los 10 hasta los 50 dólares de ingreso diario estaría la “clase media”, el 30% de la población continental. Por último, el 2% restante son los considerados “ricos”, que ingresan más de 50 dólares al día. Tomando como referencia el salario mínimo existente en Ecuador, unos 300 dólares mensuales, podemos comprobar, en fin, que con un ingreso como este se tendría acceso a la “clase media”. No parece, pues, que tal clasificación sea razonable: lo suyo sería concluir que, al menos, el 68% de la población latinoamericana es pobre. Y además, continuando con la referencia ecuatoriana, vemos que esa “clase media” se compondría, en realidad, de trabajadores con ingresos de entre uno y cinco veces el salario mínimo, es decir, quienes están entre un frágil escalón por encima la pobreza y el nivel medio-alto de la población asalariada.

Brasil aparece como uno de los principales estandartes utilizados para justificar todo este proceso de ascenso de las “clases medias”. Así, el Gobierno brasileño define como clase media a quienes alcanzan un ingreso per cápita mensual de entre 291 y 1.019 reales, [6] de manera que el 54% de la población del país pertenecería a esta supuesta “clase media”. En la última década, 30 millones de personas (el 15% de la población) habrían “salido de la pobreza”, ya que pasaron a disponer cada mes de ingresos superiores a 250 reales. Teniendo en cuenta que en Brasil el salario mínimo es de 678 reales, esta “clase media” tendría unos ingresos que oscilarían entre el 42% y el 150% de un salario mínimo. Con semejantes criterios, parece fácil alardear de que Brasil sea ya un país de “clases medias”, unas “clases medias” cuyos ingresos no permiten siquiera alcanzar una cobertura digna de las necesidades básicas.

Es verdad que, para evaluar esta cobertura, también hay que tener en cuenta otros factores; sobre todo, la extensión y calidad de los servicios públicos al alcance de los ciudadanos y, por tanto, el volumen de gasto social destinado a ellos. Por eso es muy importante tener en cuenta que, en cuestiones económicas básicas, Brasil, como la gran mayoría de los países del Sur, se somete a la ortodoxia dominante: con nueve días del pago de la deuda externa podría cubrirse todo el presupuesto del programa Bolsa Familia, eje de la política asistencial y de la base electoral del partido gobernante. [7] Si podemos decir que con la crisis capitalista los programas de ajuste estructural han viajado del Sur al Norte, los fundamentos del Estado del Bienestar, por el contrario, no han hecho el viaje desde el Norte hasta el Sur.

Dice David Harvey que «el crecimiento económico beneficia siempre a los más ricos». Efectivamente, ellos están siendo los principales beneficiarios del crecimiento en los países del Sur, de ahí que el incremento del PIB se vea acompañado del aumento sostenido de la desigualdad. La bonanza económica no está produciendo un incremento de esas ficticias “clases medias”, sino de millones de empleos precarios, con bajos ingresos, mínimos derechos laborales y grandes carencias en servicios sociales. “Trabajos brasileños” se les llama, precisamente, en algunos análisis sociológicos con sentido crítico. Pero son mucho más habituales los enfoques afines a las ideas del Banco Mundial, que en sus versiones más delirantes llegan nada menos que a llamar “neoburguesía” a la “clase media”.
No han terminado los procesos de empobrecimiento en el Sur, pero es cierto que se han modificado. Sustancialmente, sólo en aquellos países –como Venezuela– que están realizando un esfuerzo considerable más allá del incremento de los ingresos de los trabajadores pobres, apostando por el establecimiento de potentes redes públicas de educación, vivienda y sanidad. Sin embargo, en la gran mayoría de los países, se ha pasado de la extrema pobreza al empleo extremadamente precario, en un camino que además tiene vuelta atrás. Si las frágiles expectativas de movilidad social ascendente se quebraran, una posibilidad nada descartable dadas las actuales perspectivas de la economía global, la situación en el Sur tendería a parecerse más a las revoluciones árabes que a los ficticios paraísos de la “clase media”.

Extensión y percepción social de la pobreza

En la Unión Europea, antes del estallido de la crisis financiera, 80 millones de personas –el 17% de la población– sobrevivían en la pobreza. En el año 2010, la cifra había aumentado hasta los 115 millones de personas (23,1%) y se estimaba que un número similar se encontraba «en el filo de la navaja». [8] Pero, para entender la situación actual, hay que considerar la etapa anterior al crash global. Porque si es significativo y alarmante el crecimiento de la pobreza, también debía haberlo sido que antes de 2008 la pobreza fuera ya una lacra masiva tanto en la Unión Europea como en España, donde entre 2007 y 2010 pasó de afectar a 10,8 millones de personas (23,1% de la ciudadanía) a 12,7 millones (25,5%).

La extensión de la pobreza es, sin duda, un problema de primera magnitud. Creemos, sin embargo, que no explica por sí sola que en cinco años la pobreza haya pasado de ser considerada por la mayoría de la población europea como un problema marginal y ajeno, “invisible”, cuyo control quedaba a cargo de las organizaciones asistenciales y con mínimos subsidios públicos, a afectar a la situación y los temores de esa mayoría de la ciudadanía que se consideraba liberada para siempre de “caer en la pobreza”. Se afirma ahora que la pobreza se ha hecho más intensa, más extensa y más cíclica. De estas características hay que destacar la tercera, que indica una tendencia al incremento de la pobreza sin “brotes verdes” en el horizonte, estimulada por las políticas que se imponen implacablemente en la Unión Europea, sin alternativas creíbles a medio plazo. La pobreza se ha hecho “visible” en la UE no sólo porque haya más pobres, sino fundamentalmente porque se ha masificado la conciencia del riesgo de caer en la pobreza. [9]

Diagnosticar el problema como una “crisis de las clases medias” es una simplificación que no permite entender ni las causas de la crisis actual ni las condiciones básicas para revertir esa tendencia al empobrecimiento. También en los países del Norte este es un concepto manipulable y fundamentalmente subjetivo: un mileurista era hace unos pocos años el símbolo de la precariedad, hoy sería considerado un miembro más de la “clase media”. Es más útil considerar en su conjunto los elementos principales, bien conocidos, que han ido produciendo la corrosión de la “seguridad social”, con minúscula, característica fundamental del Estado del Bienestar: el paro masivo, de larga duración y con subsidios decrecientes; el incremento de los “trabajadores pobres” porque el trabajo precario y sometido al poder patronal ya no asegura ingresos suficientes para una vida digna; los recortes drásticos en el empleo en la administración y en los servicios públicos, que amenazan al funcionariado; el riesgo de no poder hacer frente a las deudas contraídas en la etapa anterior, que permitieron una burbuja de alto consumo en las clases trabajadoras pese a la tendencia generalizada a la caída de los salarios desde los años noventa; el deterioro de la calidad de la sanidad y la educación, y el aumento de los pagos a cargo de los usuarios que sirven para avanzar en su privatización.

Todo este conjunto de medidas responde a una lógica común que es el principio fundamental de la economíapolítica neoliberal: la reducción sistemática del coste directo e indirecto de la fuerza de trabajo. En condiciones de relaciones de fuerzas muy favorables para el capital, eso termina desgarrando las redes de seguridad que constituían la base de estabilidad del sistema. Es aquí, en la debilidad de las clases trabajadoras, incluso aquellas que consideraban un logro garantizado el empleo estable de calidad, con sanidad y enseñanza básica públicas y gratuitas y jubilación en condiciones dignas, donde ha nacido el pánico a la pobreza y, al mismo tiempo, la impotencia para hacerle frente. Y es que, a diferencia de la situación en muchos países periféricos, donde con independencia de la orientación política de los gobiernos se ponen en marcha políticas focalizadas en la pobreza –habitualmente por razones de gestión de conflictos y construcción de clientelas electorales, muy alejadas de la idea de solidaridad–, en los países del Centro, y particularmente en la UE, las políticas que se aplican siguen sometidas a la “regla de oro” de privilegiar los intereses del capital sobre las necesidades de la población, tratando la atención social a la población empobrecida como un lastre y recortando sistemáticamente los fondos destinados a ella. En este contexto, que el año 2010 haya sido etiquetado como el «Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social» no deja de ser un sarcasmo.

Desde los primeros estudios de los conflictos sociales característicos de la sociedad capitalista, se ha considerado un rasgo fundamental de la clase obrera la “inseguridad” en las condiciones de vida. Cuando, gracias a las políticas propias del Estado del Bienestar, pareció que esta característica desaparecía para una gran parte de la población trabajadora, la categoría de “clase media” cumplió la función de certificar esa nueva situación: «Hemos dejado de ser clase trabajadora», vino a decirse entonces. El neoliberalismo desarrolló con éxito «una demonización de la clase obrera», según la expresión de Owen Jones en su excelente reportaje Chavs, [10] tratando a esta como un grupo social en declive, cuyos ingresos no provienen del trabajo sino de los subsidios públicos.
Generalizando la inseguridad social y aproximando la amenaza de la pobreza, la crisis está debilitando estas barreras ideológicas que fragmentaban el tejido social de las clases trabajadoras. Pero no caerán si no se enfrentan a alternativas que comprendan que sólo puede lucharse eficazmente por la erradicación de la pobreza venciendo a quienes la producen.

Mercado y empresas para “luchar contra la pobreza”

«El capital, las ideas, las buenas prácticas y las soluciones se extienden en todas direcciones». [11] Sumidos en una crisis económica, ecológica y social como nunca antes había conocido el capitalismo global, estamos asistiendo al final de la “globalización feliz” y a la demolición de la belle époque del neoliberalismo. [12] Pero las grandes corporaciones y los think tanks empresariales insisten en no darse por aludidos; lejos de cuestionar su responsabilidad en el actual colapso del sistema socioeconómico y en la crisis civilizatoria, las empresas transnacionales vuelven a presentarse como el motor fundamental del desarrollo y la lucha contra la pobreza. Según el pensamiento hegemónico, la gran empresa, el crecimiento económico y las fuerzas del mercado han de ser los pilares básicos sobre los que sustentar las actividades socioeconómicas de cara a combatir la pobreza. Eludiendo su responsabilidad en el origen de la crisis sistémica que hoy sufrimos, así como el hecho de que ellas están siendo precisamente las únicas beneficiarias del crack, las grandes corporaciones nos proponen más de lo mismo: que el fomento de la actividad empresarial, la iniciativa privada y el emprendimiento innovador sean los argumentos fundamentales para la “recuperación económica”.

Esta reorientación empresarial consiste en aplicar, junto con una táctica defensiva basada en el marketing, una estrategia ofensiva para pasar de la retórica de la “responsabilidad social” a la concreción de la “ética de los negocios” en la cuenta de resultados mediante toda una serie de técnicas corporativas. Y su objetivo no es el de atajar las causas estructurales que promueven las desigualdades sociales e imposibilitan las condiciones para vivir dignamente a la mayoría de la población mundial, sino gestionar y rentabilizar la pobreza de acuerdo a los criterios del mercado: beneficio, rentabilidad, retorno de la inversión. Es lo que hemos denominado pobreza 2.0 y constituye uno de los negocios en auge del siglo XXI. [13] En los países del Sur global, por un lado, eso se traduce en el deseo del “sector privado” de incorporar a cientos de millones de personas pobres a la sociedad de consumo; en el Norte, por otro, significa la no exclusión del mercado de la mayoría de la población, una cuestión central ante el creciente aumento de los niveles de pobreza en las sociedades occidentales como consecuencia de las medidas económicas que se están adoptando para “salir de la crisis”.

«Ya es hora de que las corporaciones multinacionales miren sus estrategias de globalización a través de las nuevas gafas del capitalismo inclusivo», escribían hace diez años los gurús neoliberales que llamaban a las grandes empresas a poner sus ojos en el inmenso mercado que forman las dos terceras partes de la humanidad que no son “clase consumidora”. «Las compañías con los recursos y la persistencia para competir en la base de la pirámide económica mundial tendrán como recompensa crecimiento, beneficios y una incalculable contribución a la humanidad», decían entonces. [14] Hoy, las corporaciones transnacionales han asumido plenamente esta doctrina empresarial y han puesto en marcha una variada gama de estrategias, actividades y técnicas que tienen como objetivo que las personas pobres que habitan en los países del Sur se incorporen al mercado global mediante el consumo de los bienes, servicios y productos de consumo que suministran estas mismas empresas. “Responsabilidad social”, “negocios inclusivos” en “la base de la pirámide”, “inclusión financiera”, “alfabetización tecnológica” y, en definitiva, todas aquellas vías que permitan lograr el acceso a nuevos nichos de mercado se justifican con el argumento de que van a contribuir al “desarrollo” y la “inclusión” de las personas pobres. Pero, como recalcó Evo Morales en la última Cumbre Unión Europea-CELAC, «cuando nos sometemos al mercado hay problemas de pobreza; problemas económicos y sociales, y la pobreza sigue creciendo».

Al mismo tiempo, en los países centrales, donde también están aumentando los niveles de pobreza y desigualdad, en vez de emplear los recursos públicos en políticas económicas y sociales que pudieran poner freno a esa situación, las instituciones que nos gobiernan no se han salido de la ortodoxia neoliberal y han emprendido toda una serie de contrarreformas que van a contribuir a aumentar el empobrecimiento de amplias capas de la población. Y las grandes empresas, en este contexto, están rediseñando sus estrategias para no perder cuota de mercado: «En Madrid, Londres o París también hay favelas, aunque no se llamen así», sostiene un experto brasileño en “la base de la pirámide”, «es un mercado creciente que compone la nueva clase media con poder de consumo». [15] Gigantes como Unilever, por ejemplo, ya están pensando en trasladar aquí estrategias que antes probaron que funcionaban en países del Sur. [16] Pero, aunque algunasmultinacionales están viendo cómo aplicar en Europa la lógica de los “negocios inclusivos”, la mayoría de las grandes corporaciones ha optado por no innovar demasiado cuando lo que se trata es de seguir incrementando los beneficios: la continuada presión a la baja sobre los salarios [17] y la expansión de la cartera de negocios a otros países y mercados han sido, hasta el momento, las vías preferidas por las empresas para continuar con sus dinámicas de crecimiento y acumulación.

La tendencia a considerar el incremento del crecimiento económico como la única estrategia posible para la erradicación de la pobreza se ha visto reforzada desde que estalló la crisis financiera. Con el actual escenario de recesión, las grandes corporaciones pretenden incrementar sus volúmenes de negocio y ampliar sus operaciones en las regiones periféricas para así contrarrestar la caída de las tasas de ganancia en Europa y EEUU. Por su parte, los gobiernos de los países centrales abogan por un aumento de las exportaciones y de la internacionalización empresarial como forma de “salir de la crisis”. Según la doctrina neoliberal, la expansión de los negocios de estas compañías a nuevos países, sectores y mercados redundará en un incremento del PIB y, por consiguiente, en una mejora de los indicadores socioeconómicos, fundamentalmente en el aumento del empleo. «La única solución posible para superar la crisis y volver a crear puestos de trabajo es recuperar el crecimiento económico», resume el presidente de La Caixa, quien para lograrlo propone «buscar nuevas fuentes de ingresos, diseñar nuevos productos y abrir nuevos mercados». [18]
A pesar de que las afirmaciones acerca de una correlación directa entre el crecimiento del PIB y los avances en términos de desarrollo humano no resistirían ningún análisis serio, la idea de que crecimiento económico es equivalente a desarrollo se ha hecho dominante en el discurso de la “lucha contra la pobreza”. De esta manera, las referencias al crecimiento de las economías nacionales –cuantificadas exclusivamente a través del aumento del PIB– como vía para la superación de la pobreza no solo forman parte de toda la arquitectura discursiva de la agenda oficial de desarrollo, sino que además se están pudiendo llevar a la práctica mediante la asignación de medios y recursos públicos para las estrategias de fomento de la actividad empresarial y de los “negocios inclusivos”. Esto es así porque las principales agencias de cooperación y los gobiernos de los países del Centro, así como los organismos multilaterales, las instituciones financieras internacionales e incluso muchas ONGD, avalan este discurso y trabajan por incorporar al “sector privado” en sus estrategias de desarrollo.

De la cooperación internacional a la filantropía empresarial

La cooperación para el desarrollo, en tanto que política pública de solidaridad internacional, difícilmente encuentra encaje en este marco. Y es que, en las contrarreformas estructurales que se imponen en la actualidad, la cooperación internacional no está teniendo un destino diferente al del resto de los servicios públicos: la privatización y la mercantilización. No puede decirse que en los últimos años se haya provocado un cambio de rumbo en la senda emprendida por los principales organismos y gobiernos que lideran el sistema de cooperación internacional, sino más bien lo contrario: en el marco de la búsqueda de alternativas neoliberales para huir hacia delante con la actual situación, la crisis ha llevado a que toda la renovada orientación estratégica de la cooperación para el desarrollo se refuerce y cobre aún más sentido.

Por eso, estamos asistiendo a una profunda reestructuración de la arquitectura del sistema de ayuda internacional con vistas a reformular el papel que han de jugar, tanto en el Norte como en el Sur, los que se considera que son los principales actores sociales –grandes corporaciones, Estados, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil– en las estrategias de “lucha contra la pobreza”. La hoja de ruta para los próximos tiempos parece clara: otorgar la máxima prioridad al crecimiento económico como estrategia hegemónica de lucha contra la pobreza, considerar al sector empresarial como agente de desarrollo en las líneas directrices de la cooperación, reducir los ámbitos de intervención estatal a determinados sectores poco conflictivos y limitar la participación de las organizaciones sociales en las políticas de cooperación para el desarrollo. [19]

Ya no es posible «seguir exportando tanta solidaridad», las «circunstancias han cambiado» y los compromisos contra la pobreza han de reorientarse «hacia nuestro territorio». Eso afirmaba el pasado mes de septiembre el consejero de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Jorge Cabré, para justificar la decisión de su Gobierno de poner fin a las políticas de cooperación internacional. Es sólo un ejemplo de cómo, siguiendo una línea argumental similar, tanto el Gobierno central como la mayoría de las administraciones autonómicas y municipales del Estado español eliminaron o redujeron drásticamente sus presupuestos para cooperación al desarrollo en 2012. Y para este año, lejos de augurarse una recuperación –cierto es que existen algunas excepciones a esta tendencia generalizada–, caminamos en la misma dirección: como ha denunciado la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, a los 1.900 millones de euros que se recortaron el pasado año se le sumarán este otros 300 millones más. Con todo ello, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española pasará a suponer solamente el 0,2% de la renta nacional bruta, lo que nos retrotrae a niveles de principios de los noventa. «Fue un error perseguir el 0,7%», dice ahora el secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Jesús Gracia, renunciando así a la que desde hace dos décadas ha sido una de las reivindicaciones fundamentales de las ONGD en el Estado español y que los sucesivos ejecutivos se habían comprometido a cumplir firmando el Pacto de Estado contra la Pobreza.

En los años ochenta y noventa, la cooperación internacional contribuyó a apoyar el Consenso de Washington y las reformas estructurales que posibilitaron la expansión global de las grandes corporaciones que tienen su sede en los principales países donantes de AOD. Hoy, la cooperación al desarrollo ya no cumple un papel fundamental para la legitimación de la política exterior del país donante, como lo venía haciendo hasta el comienzo de la crisis financiera. Aunque aún puede seguir desempeñando un rol secundario en la proyección de imagen internacional, su función esencial es la de asegurar los riesgos y acompañar a estas empresas en su expansión global, así como contribuir a la apertura de nuevos negocios y nichos de mercado con las personas pobres que habitan en “la base de la pirámide”.

En el caso que nos toca más de cerca, todo ello se articula en torno a la famosa marca España, un proyecto para atraer capitales transnacionales a nuestro país –con EuroVegas como modelo bandera– y fomentar la internacionalización de las empresas españolas: en palabras de José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, «los intereses de España en el exterior son en gran medida intereses económicos y tienen a las empresas como protagonistas». Esto se constata, sin ir más lejos, en el presupuesto del ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para este año, en el que se observa que la partida de cooperación para el desarrollo ha disminuido el 73% entre 2012 y 2013 mientras, en el mismo periodo, han subido el 52% los fondos para la acción del Estado en el exterior a través de sus embajadas y oficinas comerciales. [20]

Nos hemos habituado a escuchar con frecuencia, en el discurso oficial, una frase que se repite a modo de justificación: «Bastante tenemos con la pobreza de aquí como para preocuparnos de la de otros sitios». Es evidente que los últimos gobiernos españoles, tanto el actual como el anterior, han incumplido una y otra vez sus compromisos sobre la cooperación internacional y la lucha contra la pobreza a nivel mundial. [21] Y a la vez, no es verdad que, a cambio, se estén destinando más fondos para afrontar la extensión de la pobreza en nuestro país. Aquí y ahora, esa labor se está dejando en manos de algunas ONG y de las grandes empresas, recuperando la obra social, la caridad y la filantropía como forma de paliar las crecientes desigualdades. Mientras crece la desigualdad a marchas forzadas –desde 2007, la diferencia entre el 20% más rico y el 20% más pobre en España ha subido un 30%–, [22] resurge con fuerza la filosofía del “neoliberalismo compasivo”, basada en la idea de que pueden paliarse la pobreza y el hambre aportando “lo que nos sobra”.

«Cada vez más gente de la que imaginas necesita ayuda en nuestro país», decía Cruz Roja en sus anuncios para el último «Día de la Banderita», poniendo el foco en la pobreza “local”. «Cuenta conmigo contra la pobreza infantil», ese era el lema de la pasada campaña navideña de La Caixa y Save the Children, añadiendo lo de “infantil” para darle un toque adicional de sentimentalismo. Y tenemos muchos más ejemplos de cómo las grandes corporaciones están intentando reapropiarse de las buenas intenciones y de la solidaridad de una ciudadanía cada vez más preocupada por el incremento de la pobreza y el hambre: desde la filantropía de Amancio Ortega, patrón de Inditex y tercer hombre más rico del planeta, que ha donado 20 millones de euros a Cáritas (el 0,05% de su fortuna), hasta los spots tipo «siente a un pobre a su mesa» que han publicitado diferentes ONGD, [23] pasando por el auge de los bancos de alimentos, a los que han anunciado donaciones grandes empresas como Mercadona o Repsol. Hace años, la “solidaridad de mercado” se medía en base al dinero recaudado en los telemaratones, hoy parece computarse a partir de la cantidad de bolsas de comida que pueden donarse a las organizaciones asistencialistas.

Repensando el modelo de desarrollo

«No es una crisis, es una estafa», gritan los manifestantes que protestan por la privatización de la sanidad, la educación y el agua. Y efectivamente, no hay otro nombre mejor para explicar el hecho de que los grandes capitales privados estén saliendo reforzados de la crisis mientras, por el contrario, la mayoría de mujeres y hombres van perdiendo empleo y vivienda, sanidad y educación, pensiones y derechos sociales conquistados en el último siglo. En este contexto, los cambios sustanciales para luchar contra la pobreza sólo pueden darse confrontando, en alianza con las organizaciones políticas y sindicales y con los movimientos sociales emancipadores, a las reformas económicas y los ajustes estructurales que cada día producen y reproducen un mayor empobrecimiento.
Ante el desmantelamiento de la cooperación como política pública de solidaridad internacional, la única forma de no perder ese sentido solidario que ha presidido las actividades de muchas organizaciones españolas de cooperación internacional en las dos últimas décadas es trabajar, aquí y ahora, en la formulación y puesta en práctica de una agenda alternativa de desarrollo en la que la cooperación solidaria se entienda como una relación social y política igualitaria, articulada con las luchas y los movimientos sociales emancipadores. No podemos pensar que vamos a aliviar la pobreza con lo que nos sobra, hace falta otro programa político. Trabajando en la construcción de alternativas solidarias que pueden contribuir a la resistencia social frente a los procesos de empobrecimiento y, en un futuro, a ganar fuerza para revertirlos, es decir, para cambiar de raíz la economía política dominante, tutelada por la dictadura de la ganancia. En eso estamos.

Miguel Romero es editor de la revista VIENTO SUR y Pedro Ramiro es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

Este artículo ha sido publicado en la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, nº 121, 2013, pp. 143-156, disponible aquí.

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