Ricardo Martínez Martínez
En las comunidades cabécares y bribí del Alto Telire en el cantón Talamanca de la provincia de Limón, se vive bajo zozobra. La movilización agazapada de militares y grupos irregulares armados, como han denunciado los propios pueblos originarios, y la recién petición del Alcalde Municipal, Melvín Cordero, en el sentido de pedir la acción del Comando Sur del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en territorio indígena, alertó desde entonces la vida de los pobladores.
La Organización COECO Ceiba Amigos de la Tierra reveló la existencia de gestiones oficiales para que los militares estadunidenses generen “un puente aéreo humanitario” con el fin de dar acceso a representantes oficiales de las instituciones del gobierno central de Laura Chinchilla en la zona donde pueblos originarios mantienen una lucha por la defensa de sus derechos ancestrales.
“Esta acción pone en riesgo a la población y facilita la entrada de militares sin la consulta a la población indígena”, aseguró Leonardo Buitrado, representante indígena, quien también expresó su temor ante la presencia de tropas: “ya se sabe que el Comando Sur ha ayudado a despojar de sus territorios a indígenas en otros países”, dijo.
Por su parte, Xixaola Gómez, otro represente indígena, sostuvo que las incursiones son injustificadas porque no representan ninguna ayuda. “Las misiones humanitarias pueden hacerse por las mismas comunidades articulando las distintas instituciones encargadas de velar por el bienestar de la población.”
Según los pobladores se trata de acciones que abren camino a potenciales movilizaciones masivas de militares que desembarquen en Puerto Limón, una base de abastecimiento de las naves de la IV Flota con algunos pocos años de haber sido reactivada; y abrir un arco territorial para entrenamiento, formación, ensayos en tácticas de guerra.
Los indígenas temen ser despojados de sus territorios para ser usados como una mega base militar que anude puertos con ágil salida al mar y territorios caracterizados para el uso de la movilización de tropas.
No es la primera vez que se registran movimientos militares estadunidenses en la zona. El pasado 30 de junio, los pueblos bibrí registraron presencia de personal militar extranjero en las cercanías de Alto Cuén, también en Talamanca.
Un grupo de personas con formación en fuerzas especiales se hizo pasar como religiosos tratando de infiltrarse y estudiar el terreno, población e identidad política de los lugareños. Al ser descubiertos, los militares amenazaron con regresar con violencia al sitio, considerado como una reserva natural con ricos afluentes de agua.
Estos episodios muestran que las acciones encubiertas estadunidenses se realizan en un país que formalmente no cuenta con ejército propio desde 1948. Washington provee de elementos castrenses y asume el control de la “defensa nacional”, tomando decisiones de facto sobre el accionar militar por fuera de las instituciones civiles costarricenses en una clara flagrancia violatoria de la soberanía nacional, porque Costa Rica no se ha declarado en guerra.
Desde el año 2010, los Estados Unidos montaron una base militar en este país centroamericano con una masiva presencia de efectivos, supuestamente en la lucha contra el narcotráfico. 1600 de personal operativo, 1000 soldados y 500 marinos de infantería, así como médicos e ingenieros, 100 voluntarios de la llamada cooperación vía USAID, 46 buques anfibios, portaaviones, un barco plataforma para 10 helicópteros. Todo ello integra la llamada Operation Continuing Promise.
En realidad de lo que se trata es la creación de un “striking point” logístico y geopolítico que posiciona a las tropas de Estados Unidos en las agua del Caribe, estrechando un cinturón militar en toda la región que aprieta Florida, Puerto Rico, Cuba (Guantánamo), Honduras, ahora Costa Rica, Panamá, Haití, algunas islas frente a Venezuela. Es decir, lograron cerrar el círculo de control en la zona más rica de hidrocarburos y energéticos de aguas profundas del Caribe.
Con ello, se evidencia la acción dirigida desde la IV Flota estadunidense, con sede en Panamá, que fue activada durante la administración del ex presidente George W. Bush después de 58 años de permanecer inactiva. El objetivo es el control geopolítico y el control de potenciales recursos energéticos.
La base en Costa Rica se suma a las más de 860 que tienen los Estados Unidos en más de 40 países.
Los operativos silenciosos de militares estadunidenses revelan que la estrategia de militarización en la región sigue su marcha.